Zenia Vásquez de Palacios es abogada y exfuncionaria, al menos de dos gobiernos, incluido el de Laurentino Cortizo (2019-2024). Pero también ella se ve a sí misma como influencer, escritora, filántropa y gran motivadora. Sin embargo, su faceta más conocida es que incorporó como socia, representante legal y presidenta de su firma legal —Palacios, Vásquez & Asociados— a su colega Odila Castillo.
Y, de hecho, Castillo terminó trabajando bajo contrato por servicios profesionales con Vásquez en la Contraloría General de la República (CGR) al principio del quinquenio pasado, donde se desempeñaba como asesora jurídica, viajando incluso con el entonces contralor Gerardo Solís a eventos oficiales en el extranjero.
En la Contraloría, Vásquez y Castillo eran un dúo envidiable, ya que los negocios de la firma legal de ambas giraban en torno a trámites burocráticos para la gestión de pagos y equilibrios contractuales que se tramitaban, precisamente, en esa institución.
La firma Palacios, Vásquez & Asociados originalmente pertenecía al difunto esposo de Zenia Vásquez y a esta. Vásquez arribó a la Contraloría en 2020, bajo el gobierno del PRD, en calidad de secretaria general. Pero la relación entre Castillo y Vásquez comenzó antes de que esta última fuera nombrada en la Contraloría. Así consta en el Registro Público: el 31 de mayo de 2018 se celebró una reunión de la directiva de la firma en la que Castillo ingresó formalmente al bufete, convirtiéndose en socia.
Dos semanas después de convertirse en secretaria general de la Contraloría, Vásquez renunció —en papel— a su bufete: el 17 de enero de 2020, al mismo tiempo que se incorporó a la firma una nueva socia: la comadre, paisana y, por entonces, compañera de Castillo en la Contraloría, Judith Guardia.
La renuncia de Vásquez se hizo efectiva desde el 17 de enero de 2020, pero su inscripción en el Registro Público no se realizó hasta casi dos años después, el 17 de noviembre de 2021, por lo que, técnicamente, Vásquez y Castillo continuaron siendo socias en el bufete gracias a una “omisión” que duró 22 meses.
Mientras tanto, Palacios, Vásquez & Asociados comenzó a volar. En 2020, cuando a finales de ese año Zenia Vásquez fue nombrada secretaria general de la Contraloría, los ingresos declarados de la firma apenas sobrepasaron los $20 mil; pero, al cabo del primer año en ese cargo —en 2021—, los ingresos del bufete se dispararon a casi $750 mil.
Castillo terminó comprándole a su socia su participación en el bufete. ¿Cuánto le pagó a Zenia Vásquez? Ese dato se desconoce. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue presentada ante el Registro Público una escritura reveladora: la adquisición, por parte de Vásquez, de una propiedad en el exclusivo residencial de Santa María. Se trata de un inmueble comprado bajo el régimen de propiedad horizontal por un monto superior a los $732 mil.
Sobre esta propiedad se inscribió una hipoteca por una fracción de su valor total. La hipoteca se tramitó en la estatal Caja de Ahorros por un monto de $253 mil, lo que supone un abono considerable en la compra de la residencia, superior al 50% del valor total del inmueble.
El contrato de préstamo hipotecario establece una tasa nominal anual de 5.75%, pagos mensuales mínimos de $1,421.83 y un plazo que puede extenderse hasta 35 años, previa renovación periódica del financiamiento. La propiedad quedó gravada con primera hipoteca y anticresis a favor de la Caja de Ahorros.
El salario de Vásquez como secretaria general era de $3,340 al mes, además de probables ingresos por gastos de representación. Pero el panorama de Vásquez en la Contraloría iba a cambiar en enero de 2025, ya que el cargo que desempeñaba —secretaria general— era de libre remoción. Por ello, antes de que fuera removida por la nueva administración, el entonces contralor Solís la nombró de forma permanente en otro cargo: “asistente ejecutiva II”, con un salario permanente de $5,500.
Así pues, Vásquez terminó viviendo en la misma zona exclusiva donde también reside su colega y excompañera de trabajo, Odila Castillo, quien compró un espacioso penthouse en Santa María, en el PH Santa María Court, cuyo valor declarado en el Registro Público fue de $1 millón 162 mil.
Y no son las únicas. Un amigo de ambas y exsocio del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, el también abogado Luis Acevedo Ureña, compró recientemente en Santa María. Se trata de una residencia ubicada en The Woods, con un valor de $821 mil.
Solo esas tres residencias tienen un valor combinado de $2.7 millones, sin contar el resto de los inmuebles adquiridos por Castillo y Acevedo Ureña, que suman varios millones más.
La vida que llevaba Vásquez, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram, incluía repetidos viajes con su familia a lujosos y exclusivos destinos, tanto dentro como fuera del país. Igualmente, asistía a conciertos en ubicaciones privilegiadas, donde se le ve junto a otros exfuncionarios del gobierno pasado.
Durante el período en que fue secretaria general de la Contraloría, se le vio impartiendo charlas motivacionales en diversas oficinas de la institución, incluyendo sedes del interior del país, a las que solía viajar acompañada de una suerte de barra. Incluso, para promover un libro que escribió, organizó caravanas con funcionarios de la Contraloría.
Precisamente, una auditoría de la Contraloría es utilizada ahora como base en la investigación que se le sigue por presuento enriquecimiento injustificado, al no poder explicar el origen de $771,137.
La Prensa intentó contactar al excontralor Solís. Sin embargo, al cierre de esta edición no había emitido ningún pronunciamiento.
