La vigilancia de las comunicaciones por parte de los organismos de seguridad de Panamá, ¿terminó con Pegasus tras culminar la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014)? La respuesta corta es no. Así lo reveló un informe —fechado el pasado 18 de junio— de la organización Human Rights Watch (HRW).
Esta organización revisó documentos de la autoridad que controla las exportaciones en Bulgaria, y estos mostraron que la compañía de vigilancia Circles BG —con sede en Sofía— recibió licencias para exportar sistemas de interceptación de telecomunicaciones, software de vigilancia de comunicaciones y otras tecnologías de vigilancia a países con claros antecedentes —y bien documentados— de usar estas herramientas para espiar a periodistas, activistas y disidentes.
Las exportaciones de estos instrumentos tecnológicos —la mayoría altamente invasivos— se produjeron entre 2018 y 2023.
Los países que HRW identificó como receptores de estas tecnologías, exportadas por la empresa Circles BG, fueron Azerbaiyán, Baréin, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Guatemala, Israel, Jordania, Malasia, México, Marruecos, Serbia, Emiratos Árabes Unidos... y Panamá.
¿Qué hace?
Portales digitales especializados en darle seguimiento a este tipo de compras, así como a esta tecnología, revelan que Circles BG fabrica un software con altas capacidades intrusivas. Enumeran, por ejemplo, la interceptación de llamadas telefónicas y mensajes de texto. También puede geolocalizar cualquier teléfono móvil en segundos, utilizando solo su número de teléfono, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo de destino y sin dejar ninguna huella forense en el teléfono de la víctima.
¿Cómo se utilizó en el pasado la tecnología de vigilancia de las comunicaciones en Panamá?
En julio de 2010, cuando el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, era ministro de Seguridad Pública, dio declaraciones sobre el tema después de que miembros del PRD denunciaran ante el Ministerio Público ser objeto de espionaje telefónico. El entonces ministro aseguró que esa no era una práctica dentro del Estado y que, cuando se había hecho, había sido por orden judicial. Las investigaciones posteriores desmintieron a Mulino.
Si alguno de los dos gobiernos anteriores compró este equipo, ¿dónde está? ¿Continúa funcionando? ¿Quiénes son sus objetivos? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo utilizaba o lo utiliza? ¿Ha sido reemplazado? ¿Lo utiliza la actual Administración?
La Prensa envió la semana pasada un cuestionario al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en el que, entre otras cosas, se le consultó sobre la supuesta compra de este equipo y, en caso de ser así, si podía garantizar a la sociedad panameña que está siendo utilizado correctamente, que su uso está exclusivamente dirigido a objetivos autorizados por el Órgano Judicial y que no se emplea para espiar ilegalmente, como sucedió en el pasado.
El ministro no respondió.
¿Empresas privadas?
Como siempre, los importadores de esos equipos fueron los servicios de inteligencia, organismos militares y policiales e incluso gobiernos regionales de los países involucrados. Pero algo cambió.
Los clientes de Circles BG no solo incluyen organismos gubernamentales, sino también empresas privadas, una novedad en este tipo de ventas.
Esto abre un enorme abanico de posibilidades, ya que, teóricamente, cualquiera podría tener acceso a herramientas usadas normalmente por los cuerpos de seguridad estatales, muchos de los cuales han abusado de su uso indiscriminado.
En este caso, cabe preguntarse entonces, ¿fue el Gobierno panameño el que compró esta tecnología o lo hizo una empresa privada? Y, si lo hizo el Gobierno, ¿quiénes y cómo utilizan sus intrusivas capacidades?
HRW explicó que, aunque las licencias fueron otorgadas a Circles BG —lo que permitiría la exportación legal de su tecnología de cibervigilancia—, no podía precisar si esta llegó a sus destinatarios finales.
No obstante —advierte HRW—, el solo hecho de expedir las licencias de exportación pone de manifiesto “una falla importante en la forma en que los gobiernos aplican individualmente los controles de exportación de la Unión Europea para la tecnología de vigilancia”.
El organismo se queja de que, precisamente, estos controles existen por una razón que parece no tomarse en cuenta: “Limitar las exportaciones de tecnología de vigilancia a destinos donde exista la probabilidad de que se utilice para violar derechos, así como brindar transparencia sobre las exportaciones que se realizan”.
En Panamá no se cumple ninguno de esos dos requisitos, pues se ha probado en los tribunales de justicia el espionaje ilegal de las comunicaciones de disidentes, periodistas, funcionarios, diplomáticos y políticos, e incluso se ha espiado por motivos personales.
Las compras y la disposición de estos equipos tampoco han sido transparentes. De hecho, se han adquirido en el pasado con fondos desviados de otros proyectos u obras o con fondos negros del Gobierno.
La publicación de HRW no ofrece detalles sobre la tecnología adquirida por Panamá en el lapso señalado ni sobre quiénes habrían ordenado su compra: si fue el Gobierno o una empresa privada. Tampoco informa el costo del equipo.
Los documentos de exportación búlgaros —añade HRW— describen el hardware y el software objeto de las licencias como herramientas utilizadas para interceptar las comunicaciones y el tráfico de datos de teléfonos celulares, así como para vigilar múltiples objetivos de forma simultánea.
Es muy probable —explicó la organización— que estas herramientas se aprovechen de una vulnerabilidad en la infraestructura internacional de telecomunicaciones e incluyan software y hardware tradicionales de intervención telefónica, programas de geolocalización de teléfonos celulares y dispositivos con capacidad para interceptar datos y geolocalizar a los usuarios.
Vieja conocida
Circles BG puede ser un nombre que, prima facie, no revele mucho. Parece una completa desconocida en Panamá, pero, si se considera que es filial de NSO Group, la compañía israelí que creó el software espía Pegasus, la situación cambia notablemente.
Pegasus es conocida en Panamá por su uso indiscriminado por parte del Consejo de Seguridad de Nacional (CSN) para espiar ilegalmente a múltiples objetivos sin orden judicial ni justificaciones legales de ninguna índole. Su uso fue documentado durante los últimos años del mandato del expresidente Martinelli (2009-2014). Pero no era la primera vez ni fue el único método de espionaje, como se verá más adelante.
Los mismos problemas
Como ha ocurrido en Panamá, Pegasus ha sido reiteradamente denunciado por su uso en el espionaje de figuras políticas de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, comunicadores, disidentes, opositores y operadores judiciales.
Uno de los fundadores de Circles BG —Tal Dilian— fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por su rol en otra empresa, cuando fue acusado de desarrollar un software espía utilizado —una vez más— para atacar a periodistas, expertos en políticas públicas y funcionarios gubernamentales.
Dilian es un excomandante de inteligencia militar israelí que también fundó Intellexa, el consorcio que desarrolló el software espía Predator, herramienta de vigilancia que desencadenó otro escándalo: el Predatorgate en Grecia, en 2022.
Predator, además, ha sido de gran utilidad para algunos de los regímenes más brutales del mundo, que utilizan sus capacidades para espiar a sus críticos. Dilian ha contribuido a ello mediante la venta del software y ahora lo hace desde Circles BG.
A pesar de las sanciones estadounidenses, Intellexa no se detuvo. En mayo de 2024, después de las sanciones, Predator —que interviene el micrófono, la cámara, los contactos y los archivos de un dispositivo móvil— fue utilizado para espiar al destacado periodista angoleño Teixeira Cândido, un enérgico defensor de la libertad de prensa en un país donde los periodistas sufren con frecuencia acoso e intimidación por parte de las autoridades.
Executives linked to the spyware developer Intellexa were sentenced to serve eight years in prison, convicted of “breaching the confidentiality of telephone communications,” as well as illegally accessing information systems. https://t.co/vuqMXJyJSj
— ICIJ (@ICIJorg) March 11, 2026
Pero ni la tecnología de Pegasus ni la de Circles han sido las únicas con potencial para atacar a ciudadanos en Panamá. Existen sitios web que, en su última actualización —del pasado 8 de julio—, describen al menos once softwares espía y aplicaciones de vigilancia de todo tipo que han dejado profundas huellas de su uso en Panamá, incluidos los programas altamente intrusivos Pegasus y Circles BG.
También se ha documentado la presencia en Panamá de programas espía tan intrusivos como FinSpy, que permite el acceso remoto a los equipos de los objetivos para extraer correos electrónicos, SMS, archivos e historial de navegación; monitorear en tiempo real las comunicaciones y actividades en línea; registrar pulsaciones de teclado para capturar contraseñas; activar micrófonos y cámaras para grabar audio y video; y realizar seguimiento de geolocalización.
Otro programa altamente intrusivo detectado en Panamá fue el de la empresa italiana Hacking Team que, junto con Pegasus y FinSpy, fue adquirido durante la administración de Martinelli. Este expresidente fue investigado, encausado y absuelto en 2021 y 2022 por el denominado caso “pinchazos”, acusado de espionaje ilegal contra al menos 150 objetivos.
Si Panamá adquirió tecnología de este tipo, ¿Cómo se usa? ¿Cuánto costó? El Gobierno tiene la última palabra.
