El 27 de febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) publicó en Panamá Compra una Solicitud de Información (SDI) para el estudio, diseño, demolición, construcción y equipamiento de la estación sede de la 6ª Zona Policial de Herrera, ubicada en Chitré, provincia de Herrera.
Ese acto fue público y de allí se podía obtener un precio de referencia para esta obra.
No obstante, el pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete rechazó la posibilidad de que esta licitación fuera transparente. La declaró confidencial.
Una SDI es un procedimiento formal que le permite a la entidad solicitante –en este caso, la Policía Nacional, una dependencia del Minseg– investigar, entre posibles proveedores interesados, el valor real aproximado de una obra, innovaciones, tiempos de entrega y condiciones que ofrecen los proveedores, etc. Esta información sirve, a su vez, para redactar un pliego de cargos en una licitación y evitar, de esta manera, que el Estado tenga que pagar de más por los contratos que adjudica.
Este mecanismo fomenta, además, la transparencia, pues los proveedores conocen las necesidades del Estado. Pero, adicionalmente, el acto es de acceso público, como en este caso: SDI-33337, en Panamá Compra. El resultado de este acto no es vinculante, pues se hace solo con fines informativos para la entidad que lo solicita, sin que ello signifique, consecuentemente, un compromiso de contratación para las partes.
El SDI-33337 permanecía accesible en Panamá Compra, pese a que el acto público para convocar la construcción del cuartel de Chitré ahora es secreto. Y no fue la administración pasada la que pidió el SDI, sino la misma que ahora solicitó al Gabinete que declarara secreta la contratación de estos servicios de construcción y demolición. Los detalles de la construcción proporcionados en la SDI están en la propuesta pública que, aparentemente, la Policía Nacional olvidó ocultar a la ciudadanía.
De haberse declarado confidencial la SDI, los ciudadanos habrían sido privados de conocer detalles de la obra, como cuánto cuesta el letrero que indicaría qué se construye en el terreno; el costo de contar con los servicios de inspectores residente y de seguridad laboral; el costo de los permisos de construcción, o el costo del desarrollo total de los planos.
Tampoco se habría sabido cuánto cuesta la demolición de la estructura actual y la disposición del caliche resultante de la demolición, el costo de la estructura (fundaciones, vigas antisísmicas, muro perimetral) o el valor de las losas. No se conocería cuánto cuesta cada piso del edificio o el precio de la acometida sanitaria.
Si la SDI también se hubiese decretado secreta por el Gabinete, habría sido prohibido conocer el precio de instalar el equipo de aire acondicionado o la confección e instalación del escudo de la Policía Nacional en la fachada del nuevo edificio: $4 mil 500, o iluminar las letras del nombre de la entidad -“Policía Nacional”-: $1,900.
En total, el proyecto de demolición y construcción del cuartel con las características propuestas fue valorado en $8,830,130.88; casi $8.9 millones. Claro que este costo podría variar, aunque no tanto si la intención de la Policía Nacional, a través de la SDI, era conocer el costo real aproximado de la obra con el propósito de elaborar los pliegos de cargos de la licitación.
Pero si la pretensión era que el precio fuera secreto, la Policía fue negligente al olvidar ocultar la SDI. Y si la información no era secreta en 2025, ¿por qué ahora sí lo es? ¿Cómo puede afectar a la seguridad del Estado conocer el costo de la obra, el precio de referencia de esta o el nombre de la compañía a la que se le adjudicará, o mediante qué proceso se convoca este acto: contratación directa o concurso de precios? ¿O es que hay otro precio de referencia? Y, si así fuera, ¿de dónde salió ese precio?
La Prensa envió el jueves por la noche un cuestionario al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para conocer las respuestas a varias de estas interrogantes. Fernández prometió darle curso y enviar sus respuestas el pasado viernes, pero no contestó.
En lugar de ello, el pasado sábado remitió una nota de prensa sobre las licitaciones que fueron declaradas confidenciales, en la que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, asegura que estas “mantienen todos los controles legales, administrativos y financieros establecidos por la ley, así como la fiscalización de la Contraloría General de la República”.
A pesar de que se le pidió responder preguntas que nada tienen que ver con la seguridad nacional, y de que el acto de contratación es ahora secreto, el ministro insistió en que estos procesos son transparentes. La confidencialidad –dijo– “es un mecanismo legal destinado a proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional”.
Pero parece que Ábrego ignoraba que fue la propia Policía Nacional la que, en un acto público, solicitó información para construir ese cuartel, archivo que era público en Panamá Compra, al menos, hasta antes de redactarse esta noticia.
