Veinticinco días antes del cambio de administración, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) blindó toda la información relacionada con el decomiso de bienes ordenado por los tribunales de justicia como parte de la sentencia condenatoria del caso de blanqueo de capitales conocido como New Business.
La medida alcanza particularmente a todos los bienes muebles e inmuebles que estaban a nombre de la sociedad Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
La orden fue adoptada a través de la Resolución No. MEF-RES-2024-1366 del 5 de junio pasado, que firma Rodolfo Shaik como director de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF.
La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos ha adquirido especial relevancia luego de conocerse que Gustavo Pérez, uno de los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) condenado a 50 meses de prisión por el caso pinchazos, aspira a dirigirla. Pérez también fue condenado a 120 meses de prisión por la pérdida de una máquina pinchadora.
De momento, Shaik se mantiene en el MEF como “abogado I”. Al menos eso es lo que indica la planilla de la Contraloría General de la República, actualizada hasta el 2 de julio pasado.
La Resolución No. MEF-RES-2024-1366 fue expedida después de que La Prensa solicitara al entonces ministro Héctor Alexander conocer las gestiones llevadas a cabo por el MEF para dar cumplimiento a la sentencia del 17 de julio de 2023, en la que la juez penal Baloisa Marquínez condenó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y cuatro personas más por blanquear los fondos que se utilizaron para adquirir las acciones de Epasa, en diciembre de 2010. En mayo pasado, el Tribunal Superior de Liquidación condenó a tres imputados más.
Baloisa, en su sentencia, “ordenó la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC, Inc., así como también el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A. [Epasa], la administración y sus instalaciones [bienes muebles e inmuebles]”. La sentencia se encuentra ejecutoria desde el 4 de febrero pasado.
La Prensa también requirió información sobre el estatus legal de las acciones que componen el capital inmobiliario de TPA y TPHC, si existe alguna medida cautelar sobre los mismos y si ya fueron ingresaros al inventario de bienes del MEF.
La solicitud de información de La Prensa se basó en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), que indica que “toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente ley”.
El MEF, en lugar de suministrar la información requerida, expidió la resolución del 5 de junio pasado, que deniega la solicitud de La Prensa, porque la misma “es considerada de acceso restringido”.
Para tal fin, invoca el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 359 del 4 de agosto de 2015, que señala que “la información relacionada a los bienes aprehendidos y comisados bajo administración del MEF será considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 22 de enero de 2002″.
En febrero pasado, se conoció que las propiedades de Epasa fueron rematadas en subasta en octubre de 2023, por la fiduciaria Global Financial Funds, de Global Bank, debido a que la entonces tenedora de los bienes, Inmobiliaria TPA, dejó de pagar préstamos por $12 millones.
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El Estado supuestamente ya tenía en su poder el 40% de las acciones de Epasa: en marzo de 2021, se conoció que Henri Mizrachi había logrado un acuerdo con la fiscalía, el cual incluía la entrega de su participación en la editora. Entonces el Ministerio Público calculó que las acciones recuperadas tenían un valor de $9.2 millones.
En el juicio se probó que Martinelli era el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa.
Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. No ha ingresado a prisión porque desde el 7 de febrero pasado (tres días después de que quedara ejecutoriada la sentencia de la juez Marquínez) está en la embajada de Nicaragua.
