En el firmamento de los sueños cumplidos, hay algunos que pueden transformarse en verdaderas pesadillas. Y eso es lo que parece haber ocurrido con una concesión e la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): un negocio que generaría millones de dólares ha terminado en un lío que ha trascendido las fronteras de la opacidad. Se trata de una de las oportunidades listadas en una “agenda” particular que elaboró el abogado Luis Acevedo Ureña, mano derecha y exoperador del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Este “negocio” podría ser uno de tantos esquemas utilizados en otros más que aparecen en la agenda privada de Acevedo. Está descrito en la página 2 de ese documento secreto, en el punto 9, bajo el título de “oportunidades”.
Se trata de un cuadro en el que hay una lista de 19 “oportunidades” de negocio, algunos ya concretados, como la “oportunidad” No. 15: dar en concesión la digitalización de los revisados vehiculares de la ATTT.
Esta concesión de la ATTT –la No. 17-22– se adjudicó bajo la gestión del entonces director de la institución, Carlos Boris Ordoñez, a 3Tech Latin America, Corp., una sociedad presidida por Eric Barrios Vergara.
A principios de la gestión del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) –y de la pandemia de la covid-19– el Gobierno comenzó un febril proceso para digitalizar decenas de servicios que presta el Estado. Uno de ellos era el de la revisión vehicular.
En agosto de 2022, la ATTT elaboró un reglamento para dar en concesión la prestación de ese servicio, por 10 años. En octubre de ese año, el reglamento fue aprobado por el superior jerárquico de la ATTT: el Ministerio de Gobierno, entonces a cargo de Janaina Tewaney.
Un mes después –en noviembre de 2022–, 3Tech Latin America concursó por la concesión. Le fue otorgada luego de que un comité de la ATTT determinara que cumplía con todos los requisitos, incluida una carta de compromiso para financiar el desarrollo del software que gestionaría los revisados vehiculares digitales.
En este caso, la carta promesa provino de la empresa Balboa Factoring, con la que el grupo empresarial de Barrios tenía relación desde 2013. De hecho, Balboa Factoring generó una carta a principios de este mes en la que afirmó lo anterior y que las empresas de Barrios (3Tech Latin America, Corp. y Moving Technology, S.A.) “tienen facilidades de crédito de siete cifras bajas”.
El 14 de noviembre de 2022, la ATTT emitió la Resolución OAL-894, que otorgó la concesión del revisado vehicular digital a 3Tech. Pero 10 días después, ocurrió algo que cambió las expectativas del negocio de 3Tech, como se verá más adelante.
Vieja conocida
Pero antes de llegar a ese punto, conviene examinar una “coincidencia”.
La carta de promesa de financiamiento de Balboa Factoring no parece encajar en esta historia, pero, al mismo tiempo, le da sentido al negocio de la ATTT que describió Acevedo en su “agenda”.
La mencionada carta de promesa –fechada el 25 de octubre de 2022– informaba a la ATTT que Balboa Factoring estaba “anuente a otorgar a la sociedad 3Tech Latin America, Corp. el financiamiento hasta por un monto de B/. 1,300,000.00 […] en caso de que le sea adjudicada la licitación pública en referencia”. Es decir, 3Tech presentó pruebas documentales que garantizaban los fondos para cumplir sus obligaciones contractuales.
Pero la carta de Balboa Factoring contenía otro detalle importante: estaba firmada por su oficial de cumplimiento, Pía Soto, abogada que coincidentemente tenía una larga historia con Acevedo.
Soto constituyó o tramitó, al menos, cuatro sociedades que hoy preside Acevedo. Tres de ellas sirvieron para concretar sus planes de negocio descritos en su “agenda”.
Además, Soto fue agente residente de una sociedad que habría servido para recaudar decenas de miles de dólares no declarados para la campaña del hoy expresidente Cortizo.
Específicamente, Soto fue suscriptora de White Star Properties, Inc., creada el 6 de octubre de 2020. A su nombre están las oficinas que albergan los bufetes de Acevedo en el corregimiento de Bella Vista (Estudio Jurídico y de Administración y Legaltax Advisory Company).
Un día después de constituir White Star Properties, Soto creó Lighthouse Investments & Construction, Inc., que hoy también preside Acevedo. En ambas sociedades, además de suscriptora, ella fue presidenta y agente residente antes de que entrara en escena Acevedo.
En septiembre de 2021, Soto también tramitó en el Registro Público la constitución de Organical Suppliers, Inc., una sociedad utilizada por Acevedo y su madre, Maritza Ureña González, para alquilar un puesto en la nave El Ejido, local EG-088B, en Merca Panamá –llamado Mercando 360– y que, según su aviso de operación, empezó a comerciar a principios de 2022. Hoy ese aviso está cancelado.
Pero la relación de Acevedo y Soto es aún más lejana.
En 2018, la abogada actuó como agente residente de Constructora Osma, S.A., que recibió decenas de miles de dólares de Constructora Bagatrac por supuestos servicios prestados, aunque el dinero presuntamente habría terminado en la campaña electoral de Cortizo. Y, siguiendo el patrón, tras salir Soto, al poco tiempo aparecía Acevedo como presidente y apoderado, en este caso, en mayo de 2023.
Mientras Soto trabajaba para Balboa Factoring como oficial de cumplimiento en 2022, simultáneamente era agente residente –desde 2018– de Constructora Osma, en la que actuó como tal hasta agosto de 2023, cuando el bufete de Acevedo –Estudio Jurídico y de Administración– asumió su rol y Acevedo su presidencia.
Soto respondió el cuestionario que le envió este medio. Dijo conocer a Acevedo desde 2018, “referido comercialmente”. Añadió que “a la fecha no mantenemos ninguna relación comercial activa”. Aunque trabaja como oficial de cumplimiento de Balboa Factoring, Soto afirma que ejerce profesionalmente este cargo, lo cual no es incompatible legalmente con el ejercicio de la profesión de abogada.
También aclaró que en el ejercicio de su profesión “me encuentro legalmente impedida para remitir comentarios, confirmar, negar o suministrar cualquier tipo de información relacionada con clientes, exclientes, terceras personas o procesos operativos internos de las instituciones para las cuales laboro o he laborado”.
Nuevo ‘inversionista’
Como se mencionó, el 14 de noviembre de 2022, la ATTT otorgó la concesión del revisado vehicular digital a 3Tech, pero días después –el 24 de noviembre de 2022– Barrios firmó un inexplicable acuerdo secreto con Jean Paul de Janon Arias, convirtiéndolo en “socio incidental” del contrato, en calidad de “inversionista”.
La abogada Soto le daba sentido al negocio, pues la empresa para la que trabajaba financiaría el proyecto identificado por Acevedo, pero la entrada de De Janon no tenía una buena explicación, pues su empresa –Panama Dynamics Int., S.A., representada por De Janon– pondría el dinero del financiamiento, como lo habría hecho Balboa Factoring.
Panama Dynamics, que originalmente se llamó Rent Contadora, S.A., fue creada en noviembre de 2019. Su principal objeto era “el arrendamiento y carros de golf [sic] y equipos en general…”. Su domicilio estaba en un muelle en la isla de Contadora, según describía su escritura de constitución. Así, de carritos de golf, esta sociedad pasó al desarrollo tecnológico… a cambio de una buena tajada.
El contrato de concesión de la ATTT establecía una pasarela de pagos electrónicos (que consiste en proporcionar servicios de comercio electrónico mediante pagos con tarjetas de crédito o pagos directos para negocios electrónicos). También establecía que 3Tech recibiría una comisión de $2.40 por cada vehículo revisado. Y ese era el corazón del negocio, que empezó a dar frutos desde julio de 2023.
Pero lo que recibiría 3Tech de comisión debía ahora dividirlo casi a la mitad para pagar el alegado financiamiento de Panama Dynamics.
Según el acuerdo secreto de inversión entre Panama Dynamics y 3Tech, esta última estaba “en una situación de imposibilidad financiera” para prestar el servicio que exigía el contrato con la ATTT. Pero, precisamente, para solucionar ese problema es que Balboa Factoring había emitido la carta promesa de financiamiento.
Entonces, ¿por qué 3Tech necesitaría de un inversionista que recibiría casi la mitad de sus ganancias para hacer exactamente lo que ya se había comprometido a hacer Balboa Factoring? Quizá ayude a entender un hecho que no es poca cosa en esta historia.
El firmante del “acuerdo de inversión” es, como ya se dijo, Jean Paul de Janon Arias. Él es esposo de María Carolina Carrizo Arauz, cuyo padre es Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente Gaby Carrizo o, lo que es lo mismo: María Carolina es prima hermana del exvicepresidente y su padre es el suegro de De Janon. La Prensa envió un cuestionario a Ignacio Carrizo, pero no obtuvo respuestas.
El ‘acuerdo’
Según el texto del acuerdo, 3Tech le solicitó a Panama Dynamics $1.4 millones para desarrollar el proyecto. Para obtener esos fondos, podía solicitar un préstamo ante una entidad crediticia, en cuyo caso el pago sería cubierto por Panama Dynamics o a través del aporte de fondos propios del socio inversionista.
La Prensa envió un cuestionario con 12 preguntas a De Janon, pero dijo por escrito que “he sido aconsejado no responderlas, por existir un claro, evidente y grave conflicto de interés que pudiera afectar la integridad y resultado de un proceso arbitral vigente entre las empresas antes mencionadas”, ya que una de las partes –Eric Barrios– está representada en un arbitraje por el presidente de Corporación La Prensa, S.A., Jorge Molina.
Preguntas sin respuestas
¿Por qué 3Tech buscó inicialmente a Balboa Factoring para obtener el financiamiento, si pudo haberlo hecho de antemano con De Janon y su empresa?
Si Panama Dynamics era inversionista y socio incidental, ¿por qué no podía pedir un préstamo directamente en lugar de hacerlo 3Tech? Y no menos importante: ¿por qué el acuerdo de inversión con 3Tech debía ser secreto?
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