Mientras el Gobierno adelanta avalúos sobre terrenos concesionados en Amador, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) confirmó que inició auditorías y gestiones para incorporar al patrimonio estatal rellenos de fondo de mar identificados como bienes de la Nación.
La UABR informó que mantiene consultas con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) para avanzar en los trámites administrativos que permitan regularizar esas áreas, definir su estatus patrimonial y establecer el cobro por su uso.
El subdirector de la UABR, Gilberto Alemán, indicó que adelanta “auditorías y evaluaciones técnicas” sobre los contratos vigentes en la calzada de Amador para verificar el uso de los bienes revertidos e identificar áreas de relleno de fondo de mar. Según indicó, los resultados serán divulgados cuando concluyan las revisiones técnicas y legales.
Aunque no precisó qué áreas o concesiones han sido identificadas, Alemán señaló que los espacios que serán desafectados servirán para “establecer el cobro por el uso de dichos terrenos, asegurando que el Estado perciba la justa contraprestación por su patrimonio”.
Empresarios preocupados
Las declaraciones de Alemán se producen semanas después de que concesionarios en Amador revelaran a La Prensa que, durante reuniones con representantes de la UABR, también se discutió no solo la posibilidad de segregar, delimitar e inscribir como nuevas fincas estatales algunos rellenos de fondo de mar existentes en la zona, sino que estos eventualmente podrían ser vendidos.
El presidente de la Asociación de Inversionistas y Comerciantes de Amador (Adica) y de Fuerte Amador Resort & Marina (FARM), Miguel López Piñeiro, confirmó que durante esos encuentros se les explicó que esas superficies podrían incorporarse al patrimonio estatal mediante la creación de nuevas fincas.
“Lo que está intentando hacer el Gobierno es legalizar esos rellenos, poniéndoles un valor y pasándolos a ser fincas del Estado”, manifestó.
De acuerdo con los empresarios consultados, la propuesta abarcaría superficies ganadas al mar ubicadas dentro de áreas concesionadas y, en algunos casos, utilizadas para fines distintos a los marítimos.
Una vez inscritas, esas nuevas fincas podrían ser objeto de venta, arrendamiento o nuevas concesiones, según relataron los empresarios que participaron en esas reuniones.
López Piñeiro advirtió que uno de los principales riesgos del proceso es que algunas de estas áreas no formarían parte de las fincas originales ni de las zonificaciones históricas de Amador.
“Están creando una finca nueva que no tiene ningún tipo de zonificación”, señaló.
Hasta ahora, la UABR no ha confirmado que exista un proyecto para vender esos terrenos.
Cambios de uso
La UABR también informó que ha recibido denuncias relacionadas con cambios de uso dentro de las concesiones ubicadas en Amador.
“En el sector de Amador se han recibido algunas denuncias relacionadas con cambios de uso turístico a uso habitacional”, indicó Alemán.
Según explicó, estos casos forman parte de procedimientos administrativos en curso, por lo que la entidad evitó ofrecer mayores detalles.
Las islas de Amador —Naos, Perico y Flamenco— concentran casi tres décadas de concesiones marcadas por incumplimientos, litigios, proyectos inconclusos y cuestionamientos sobre la fiscalización estatal.
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 18, 2026
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Vacíos de información
Pese a confirmar que ha iniciado gestiones para incorporar rellenos de fondo de mar al patrimonio estatal y que mantiene consultas con la Anati, la UABR no reveló cuántas hectáreas están bajo revisión, qué concesiones podrían verse afectadas, cuántos rellenos han sido identificados ni el alcance total del proceso.
Tampoco divulgó mapas, estudios técnicos o resoluciones que permitan determinar con precisión los terrenos involucrados, el alcance territorial o si las áreas ahora bajo fiscalización corresponden a rellenos previamente autorizados.
La Prensa también remitió a mediados de junio un cuestionario al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, para conocer si la institución ha identificado rellenos que excedan las áreas autorizadas, cuántos expedientes mantiene abiertos por posibles irregularidades y si participa en el proceso de regularización que adelantan la UABR y otras entidades. Al cierre de esta nota, y pese a la insistencia de este medio, Roquebert no respondió las solicitudes de información.
La relevancia de estos terrenos en Amador se centra en su alto valor inmobiliario y turístico y forma parte de las áreas revertidas transferidas a Panamá tras la salida de Estados Unidos.
Durante las últimas décadas, distintos proyectos privados ejecutaron rellenos costeros para desarrollar marinas, muelles, áreas comerciales y atracaderos, algunos sin autorización.
La Prensa solicitó información al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre los avalúos realizados, los criterios utilizados para determinar los valores, el objetivo de dichas valoraciones y el fundamento legal que permitiría vender estos terrenos. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
