El Tribunal Electoral (TE), en una decisión de los magistrados en pleno, decidió hacer una contratación directa de publicidad a un programa de televisión que se emite los fines de semana.
La contratación es por un monto total de $145,500 al año o $13,500 al mes.
La Prensa envió el pasado domingo una carta a los tres magistrados del TE (Narciso Arellano, Luis Guerra Morales y Alfredo Juncá), pero no hubo respuesta a un cuestionario de siete preguntas sobre esta contratación. El magistrado Guerra únicamente dijo que “veremos el tema en el Pleno y solicitaremos a la unidad gestora la información requerida”.
La contratación directa es con un programa de media hora llamado China TV, transmitido los domingos desde las 10:30 a.m., con una repetición a las 5:00 p.m. La propuesta incluye cuatro programas al mes en los que el TE puede pautar un máximo de dos minutos por programa (cuñas o reportajes), además de un bono de una cuña o reportaje por semana a través del canal de China TV en YouTube y en Instagram.
Al desglosar el monto de la contratación, el gasto se eleva a $3,375 por programa y su respectiva repetición, más el bono de una cuña en YouTube y la mención en Instagram. La presentación de la propuesta (actualizada) de la empresa beneficiada fue hecha al TE el 13 de marzo de este año, y el pleno del TE aprobó su contratación casi de inmediato: el 16 de marzo de 2026.
La contratación directa de China TV fue aprobada el 3 de febrero de 2026, por solicitud de la Dirección de Comunicación del TE. En la resolución que aprueba la contratación, hay una solicitud un tanto inusual: “Declarar que la entidad [TE] tiene urgencia evidente para atender la necesidad arriba planteada…”.
¿Cuál es la urgencia? Con variaciones mínimas de forma, la necesidad de la contratación directa está contenida en la misma propuesta que presentó la empresa beneficiada. Luego, ese texto fue trasladado a la resolución de contratación, en la que además se agrega que la empresa “es única en su difusión, ya que maneja un estilo exclusivo dirigido a la comunidad precitada”.
Esa justificación dice así: “Las transmisiones del Tribunal Electoral de Panamá en China TV representan una oportunidad estratégica para fortalecer la comunicación institucional y promover una mayor vinculación con la comunidad chino-panameña, un sector dinámico, influyente y en constante crecimiento dentro del país, el cual vemos que cada día se integra más… […] sobre procesos electorales, campañas de cedulación, actualización del registro civil de ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en el país, programas de educación cívica y servicios en general que ofrece a la ciudadanía”.
Empresa beneficiada
El contrato de publicidad con el TE fue firmado con la empresa Builders and Civil Solutions, S.A., cuya composición pública muestra únicamente a panameños, presidida por Joel Abdías Villota Murillo (darienita), nombrado en ese cargo el 17 de octubre de 2024. Lo acompañan, además, Mariano Sanz Molero (secretario y representante legal desde el 20 de marzo de 2026, es decir, cuatro días después de que se aprobó la contratación de la empresa que representa) y Jorge Luis Andreve Díaz (tesorero). Actuó como abogado en esta última fecha Juan Eduardo Vega Benedito.
Builders and Civil Solutions, S.A. es una sociedad registrada el 28 de mayo de 2015. Sus primeros dignatarios fueron Román Ausberto Cruz Atencio (presidente), Neville Ricardo Dávila Gutiérrez (secretario), Duvis Mary Gallego Moreno (tesorera) y Mercedes Yasmín González Aguilar (fiscal), todos domiciliados en Mystic City, calle C, No. E937, corregimiento de El Arado, en La Chorrera. Su agente residente era Dilsa Raciny, con oficinas en una casa de Las Acacias, residencial Portobelo, ciudad de Panamá.
Posteriormente, en enero de 2023, se registraron algunos cambios en esta sociedad. Por ejemplo, Cruz Atencio –su entonces presidente– salió de la sociedad y fue reemplazado por el entonces secretario, Neville Dávila Gutiérrez. A su vez, el abogado Rubén Degage Herazo –con oficinas en una residencia ubicada en el corregimiento Belisario Porras, en San Miguelito– reemplazó a la entonces agente residente. Finalmente, hubo cambios –hoy día vigentes y ya descritos– en octubre de 2024 y marzo de 2025.
En su pacto social, Builders and Civil Solutions describe el ejercicio de una serie de actividades como parte de su oferta de negocios, que van desde la construcción y remodelación, pasando por la mensajería, bienes raíces, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de artículos, hasta llevar a cabo cualquier negocio lícito, aunque no menciona nada de lo que ahora hace en materia de comunicación social masiva.
De acuerdo con la resolución de adjudicación, el monto del contrato será pagado no con fondos de publicidad, sino con los de funcionamiento. El documento no precisa la razón de ello.
Coincidentemente, el magistrado Guerra Morales es –o era– residente en Puerto Caimito, en La Chorrera, donde, precisamente, fue alcalde –por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)– durante el período 2004-2009. En 2022 fue elegido magistrado del TE por los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nominó y aprobó el Gobierno de Laurentino Cortizo.
