La evaluación de las concesiones de la calzada de Amador produjo su primera decisión administrativa: el Estado terminó el contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión de Naos Harbour Island Inc., alegando incumplimientos.
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) confirmó a La Prensa que había puesto fin a uno de los contratos en isla Naos, pero evitó identificar al concesionario afectado.
El subdirector de la UABR, Gilberto Alemán, confirmó que, “en defensa de los intereses del Estado”, la institución resolvió administrativamente la terminación de un contrato por incumplimiento.
Alemán tampoco especificó cuáles eran las causales que motivaron esa decisión.
Pese a la prudencia de la UABR, Marco Shrem, presidente, secretario y tesorero de Naos Harbour Island Inc., confirmó a La Prensa que se trata de la concesión que obtuvo esta sociedad, hace 24 años.
“La resolución [administrativa] fue dada en marzo y está en reclamo en la Corte [Suprema de Justicia]”, manifestó.
Se trata de la Resolución No. MEF-RES-2026-1134 de la UABR, una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fechada el 30 de marzo de 2026.
La medida constituye la primera rescisión administrativa conocida dentro del proceso de revisión que la UABR desarrolla sobre las concesiones de Amador, una zona de un potencial turístico invaluable, pero en la que durante casi tres décadas se han acumulado proyectos inconclusos, rellenos no autorizados, conflictos entre los inversionistas, deudas con el Estado e incumplimientos contractuales.
Disputa por la deuda
La Prensa conoció que una de las principales diferencias entre ambas partes está relacionada con el monto que la UABR reclama por concepto de renta básica.
Como reveló previamente este medio, la entidad calcula que la morosidad acumulada de las concesiones de la calzada de Amador es de unos $12 millones, de los cuales cerca de $10 millones corresponderían a Naos Harbour Island.
Shrem rechazó esa cifra.
Según él, la propia UABR notificó anteriormente a su empresa que la deuda es de unos $9 millones. Replica que únicamente reconoce alrededor de $4 millones.
La diferencia, afirmó, obedece a interpretaciones distintas sobre las obligaciones económicas derivadas del contrato y a una dación en pago que, según sostiene, el Estado se ha negado a ejecutar.
El contrato original, adjudicado el 8 de marzo de 2002 entre la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), hoy UABR, y Naos Island Development Inc., establecía como causal de resolución administrativa la morosidad en el pago de dos mensualidades consecutivas.
El contrato fue firmado por el administrador de la ARI en aquella época, Alfredo Arias, y por José Edmond Esses, entonces presidente de Naos Island Development Inc. Aunque Shrem no integraba la junta directiva de Naois Island para esa fecha, participó con un poder especial otorgado por la sociedad inversionista. La junta directiva de la sociedad la completaban Mike Btesh y Ovadia Shrem como tesorero y secretario, respectivamente.
La de marzo pasado no sería la primera vez que el Estado rescinde el contrato de concesión del principal inquilino de isla Naos.
En 2004, Naos Island se quedó sin contrato, también por incumplimiento. Cuando el Estado quiso ejecutar las fianzas, la aseguradora propuso sacar adelante el proyecto. La ARI aceptó. Pero el titular de la concesión ya no sería Naos Island, sino Naos Harbour Island Inc. También se quedaron con Shrem.
En 2008, el Consejo de Gabinete aprobó una segunda adenda que extendió los plazos de ejecución de las obras, modificó las obligaciones económicas e incorporó nuevas infraestructuras al proyecto, entre ellas un rompeolas.
La demanda
Shrem aseguró que la resolución administrativa de la UABR ya fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Explicó que la controversia también gira en torno a una dación en pago suscrita entre Naos Harbour Island y la UABR -en el gobierno de Juan Carlos Varela- y que -siempre según su versión- el actual gobierno se “niega a ejecutar”.
El convenio de dación en pago al que se refiere Shrem fue suscrito en julio de 2018. El documento fijaba en más de $4.3 millones la deuda que Naos Harbour Island mantenía con el Estado, de acuerdo con una certificación de saldo emitida por el área de Finanzas de la UABR al 13 de julio de 2018. Sin embargo, casi un año antes, el 9 de agosto de 2017, el juez ejecutor de la UABR había decretado el secuestro de la administración y los bienes de la sociedad por “incumplir los pagos establecidos en el contrato de concesión y en los acuerdos de pago suscritos el 25 de junio de 2013 y el 3 de junio de 2014”.
Como parte del acuerdo, Naos Harbour se comprometía a saldar esa deuda mediante la transferencia al Estado de dos inmuebles ubicados en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján, cuyo propietario registral era M.S.E. Investment Corporation, otra sociedad vinculada a Shrem. Las propiedades, valoradas en conjunto en más de $4.7 millones, incluían una finca avaluada por la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas en $1.5 millones y una porción de otra finca valorada en $3.2 millones. El convenio disponía que ambas sociedades realizaran los trámites necesarios para formalizar la segregación, el traspaso y la inscripción de los inmuebles a favor de la Nación.
Sin embargo, el convenio de dación en pago revisado por La Prensa no hace referencia a una propiedad valorada en aproximadamente $7 millones, como sostiene Shrem. Según el empresario, la transferencia de ese bien quedó suspendida por un traslape registral con el Banco Nacional de Panamá, situación que asegura fue resuelta en mayo de 2024.
Una vez solucionado ese inconveniente, afirmó Shrem, la empresa notificó a la UABR que estaba en condiciones de completar el traspaso pactado.
Pero en la UABR no ha habido respuesta.
“Estamos exigiendo que honren la dación en pago firmada por las partes”, manifestó.
Según Shrem, esa controversia forma parte del proceso que actualmente conoce la Corte.
Bajo la lupa
La terminación del contrato ocurre mientras la UABR adelanta una revisión integral de las concesiones ubicadas en las otras islas que están unidas a la calzada: Punta Culebra, Perico y Flamenco.
La mayoría de estos contratos fueron otorgados por un período de 40 años, renovables.
Alemán explicó que la institución mantiene auditorías y evaluaciones técnicas para verificar el uso adecuado de los bienes revertidos, el cumplimiento de las inversiones comprometidas y las obligaciones económicas de cada concesionario.
Como parte del proceso, también se revisa el uso de terrenos “ganados al mar” y las obras ejecutadas dentro de las distintas parcelas.
El funcionario añadió que cada contrato será evaluado de forma individual para determinar las acciones que correspondan, conforme a los hallazgos técnicos y jurídicos obtenidos durante las inspecciones.
