El contralor general de la República, Gerardo Solís, escribió a La Prensa este martes 24 de septiembre, para compartir su versión sobre la publicación de las actividades profesionales de una exsubalterna suya, la abogada Odila Castillo, subrayando que “el recuento periodístico da cuenta de una maravillosa historia de éxito”.
Solís asegura, sin embargo, que “la investigación no se atreve a decir que se ha cometido un delito [que no hay], pero parece que tiende a insinuar algo absolutamente falso”.
El contralor agregó que “sobre las finanzas de la abogada Castillo no sé nada. Y no tengo por qué saber, porque en eso no tengo arte ni parte”.
Castillo es una abogada que trabajó hasta 2021 en entidades del Estado, la mayor parte del tiempo en la Contraloría, donde colaboró directamente con Solís y su hoy exsocia, la secretaria general de la institución, Zenia Vásquez.
En 2020, la firma forense de Castillo obtuvo ingresos que apenas superaron los $20,000, pero en los últimos dos años, adquirió inmuebles sobre los cuales no ha respondido, luego de recibir un cuestionario de 27 preguntas que le envió este medio el pasado viernes.
El bufete de Castillo tiene un patrimonio millonario, al igual que ella, gracias a su práctica legal especializada en derecho administrativo, cuyos clientes se reducen a contratistas del Estado panameño.
Solís también recibió el pasado viernes un cuestionario de La Prensa —de nueve preguntas— que se ha negado a responder hasta hoy.
A continuación, el mensaje íntegro y sin editar que Solís envió a este medio:
Esa investigación no se atreve a decir que se ha cometido un delito (que no hay) pero parece que tiende a insinuar algo absolutamente falso.
Sobre las finanzas de la abogada Castillo no se nada. Y no tengo porque saber porque en eso No tengo arte ni parte.
El recuento periodístico da cuenta de una maravillosa historia de éxito. Enhorabuena por todas las mujeres profesionales que se superan con ética y conocimientos sin influencias. Porque aquí no la ha habido.
En esta Contraloría no se refrenda nada por influencia. Todas las adendas que se han refrendado no son negociadas ni “en la” ni “por la” Contraloría. Las mismas se tramitan en las instituciones y cuando se presentan a refrendo se verifica su legalidad y también si el precio es justo y razonable, ó sea si el precio es el correcto. Y por supuesto que se examina que esté bien justificada con sus sustentadores. De lo contrario se devuelve la responsabilidad a la entidad para que subsane los aspectos técnicos, legales o financieros que deben servir de sustento a la correcta fiscalización.
En todas las actuaciones de la contraloría impera la cultura de corrección.
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