El Gobierno estudia la creación de una empresa minera estatal que podría asociarse con la canadiense First Quantum Minerals como parte de las alternativas para reactivar la mina Cobre Panamá.
La mina permanece cerrada desde finales de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión.
Una de las opciones bajo análisis contempla una alianza público-privada en la que First Quantum conservaría entre 60% y 65% de participación y seguiría operando la mina, mientras que una empresa estatal tendría entre 35% y 40%.
Una investigación de Reuters revela que este sería uno de los modelos que analiza el Gobierno. Bajo ese esquema, la concesión minera permanecería en manos del Estado, mientras que la operación seguiría a cargo de First Quantum. La agencia añade que la propuesta toma como referencia esquemas utilizados en Chile y Zambia.
Arrendamiento, otra alternativa
Ese modelo, sin embargo, no sería el único bajo estudio.
Otra alternativa consiste en que el Estado mantenga la propiedad del yacimiento y lo entregue en arrendamiento a cambio del pago de regalías e impuestos sobre los ingresos generados por la operación.
Reuters señala que ambos modelos buscan ajustarse al marco legal vigente, luego de que Panamá aprobara en 2023 una ley que prohibió otorgar nuevas concesiones para la explotación metálica. La creación de una empresa estatal permitiría explorar mecanismos distintos a una nueva concesión privada.
EXCLUSIVE: Panama weighs creation of state-owned miner to pave way for Cobre Panama re-opening https://t.co/nhIiaNrNCQ https://t.co/nhIiaNrNCQ
— Reuters (@Reuters) July 23, 2026
Temor a nuevas protestas
Una de las fuentes consultadas por Reuters, que pidió mantener el anonimato debido a que ha asesorado al Gobierno sobre este tema, afirmó que “está claro que el gobierno quiere reabrir la mina con First Quantum, pero todavía teme un estallido de protestas sociales”.
La mina permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de First Quantum en medio de una ola de protestas por motivos ambientales, durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Según datos citados por Reuters, el cierre redujo en 4.5% el producto interno bruto de Panamá, eliminó más del 1% de la producción mundial de cobre y representó una pérdida cercana al 40% de los ingresos de la empresa canadiense.
Desde la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino, el Gobierno ha mantenido conversaciones con la empresa y ha flexibilizado algunas restricciones relacionadas con el proyecto.
Entre las medidas adoptadas figuran la autorización para exportar el concentrado de cobre almacenado, el reinicio de la planta termoeléctrica y la realización de una auditoría ambiental independiente, cuyo informe concluyó que la mina alcanzó un "87% de cumplimiento en materia ambiental, legal y operativa" durante el periodo 2019-2023.
Hace unos días, el Gobierno anunció que prevé adoptar una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá antes de que finalice 2026. En tanto, First Quantum mantiene suspendido un arbitraje internacional por $20 mil millones contra el Estado panameño, mientras continúan las conversaciones entre ambas partes.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre la información divulgada por Reuters acerca de las alternativas que analiza para reactivar la mina.
