Pese a que los ministros de Estado, por ley, no pueden intervenir en actos administrativos que favorezcan o perjudiquen sus intereses particulares o los de sus familiares, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, participó en el Consejo de Gabinete y autorizó la presentación de un proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro como parte de la estrategia de diversificación energética del país.
Lo hizo a pesar de que su hermano Fernando Chapman Arias es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa), una de las empresas que ha mostrado interés en el proyecto y que se beneficiaría con la adopción del uso del bioetanol.
En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galinda & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.
Alberto Alemán Zubieta, otro asesor de Mulino en la Presidencia de la República, también tiene vínculos con Calesa: fue miembro de su junta directiva por lo menos desde el 27 de octubre de 2016 hasta el 30 de octubre de 2018.
El 30 de septiembre de 2025, Chapman participó en el Consejo de Gabinete en el que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó el proyecto que establece los nuevos lineamientos para la política nacional sobre el biocombustible.
En esa reunión también participó (con voz, más no voto) el contralor Anel Flores, quien fue presidente de otro ingenio, la Central Azucarera de Alanje, hasta noviembre de 2024. Esa empresa ahora es presidida por su hermano Alejandro Flores de la Lastra. Los hijos del contralor, Alejandro y Andrés Flores Icaza, fungen como secretario y tesorero, respectivamente, de la junta directiva.
Como resultado, ese día se aprobó la Resolución de Gabinete 98, en la que se autoriza a Orillac a presentar la propuesta legislativa ante la Asamblea Nacional. Chapman firmó esa resolución, con el resto de los ministros participantes.
El 21 de octubre, Orillac presentó el proyecto (que ahora es el número 443) en la Asamblea. Ahora está anotado en la agenda del pleno legislativo, para su discusión en segundo debate.
Conflictos un acta secreta
Chapman, como ministro, es uno de los sujetos obligados a los que aplica directamente la Ley 316 de 2022, que establece medidas para prevenir y regular situaciones de conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones públicas.
Cualquier evento de la función pública que redunde en un beneficio para el servidor del Estado, sus familiares o donantes representa un conflicto de interés. La Ley 316 indica quiénes son los sujetos obligados a acatarla: los ministros y viceministros son los primeros de esa lista.
El artículo 8 de la citada norma indica los siguiente: “Lo sujetos obligados deben ejercer sus funciones con independencia de criterio y con equidad, por lo cual no podrán mantener interés particular, laboral, económico o financiero que pudiera estar en conflicto de intereses con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo o incurrir en alguna conducta definida como conflicto de intereses, de acuerdo con la legislación vigente”.
Ante una situación de conflicto de intereses, los sujetos obligados deben manifestar su condición y separarse del conocimiento de esos asuntos.
Además, está la declaración jurada de intereses particulares. Chapman, al tomar posesión del cargo, debió redactar este documento ante notario público, en el que lista cualquier relación sostenida con personas o empresas que reciban o presten algún servicio del Estado o que tengan algún contrato o concesión, según consta en el artículo 18 de la norma. También podrán declarar, voluntariamente, “todas otras posibles fuentes de conflictos de intereses distintas a las que se detallan en este artículo, así como hechos sobrevinientes”.
Se desconoce si el ministro, en su declaración jurada, anotó la participación de su hermano en Calesa y los beneficios que esta obtendría si se adopta el uso del bioetanol como política nacional, ya que dicho documento es secreto.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tiene la custodia de las declaraciones juradas de conflictos de intereses y no comparte ese contenido con nadie.
Calesa y Alanje son dos de los cuatro ingenios del país que han manifestado interés en la aprobación del proyecto 443. Los otros dos son La Victoria y Santa Rosa (Azucarera Nacional).
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