La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, logró que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aprobara el alquiler de un Cadillac blindado por $70,620, que utilizó en febrero pasado.
El pago aún está pendiente de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
La contratación directa, a favor de la empresa Inspiration Holding Group, Inc., reposa en la Contraloría desde el pasado 20 de agosto. Un día antes, la Corte publicó en Panamá Compra un documento que certificaba la recepción a satisfacción de los servicios, correspondientes a un contrato de 30 días que finalizó el 1 de marzo.
El vehículo alquilado fue un Cadillac Escalade SUV blindado, de color negro.
¿Por qué la urgencia por alquilar un vehículo con estas características? Porque el 31 de enero de 2025, un proyectil impactó una ventana de la oficina de la magistrada López. El caso está bajo investigación del Ministerio Público; todavía no se ha confirmado si el hecho fue intencional.
Autorización condicionada
A finales de julio pasado, la DGCP autorizó la contratación solicitada por la magistrada López, pese a que en abril había rechazado el procedimiento excepcional al considerar que “no cumple con las normas legales, reglamentarias ni de conveniencia en materia de contrataciones públicas”.
En una nota del 28 de julio de 2025, el director de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez, advirtió que la autorización se concedía “sin perjuicio de la atribución de la Contraloría General para fiscalizar el manejo de fondos y bienes públicos”.
Marquínez explicó que concedió la autorización porque la Corte presentó tres cotizaciones. Sin embargo, dejó constancia de que el servicio había sido recibido “de manera anticipada”, antes de la autorización formal.
La documentación entregada por el Órgano Judicial fue presentada inicialmente el 21 de mayo y subsanada el 15 de julio de 2025, lo que permitió que la DGCP cambiara su criterio y aprobara el procedimiento excepcional.
Justificación de la Corte
La Corte argumentó ante la DGCP que el vehículo blindado “proporciona mayor discreción, flexibilidad y control en los traslados, tanto en áreas urbanas como en el interior del país, reduciendo la probabilidad de robos o ataques personales” a la magistrada presidenta.
Además, resaltó que la resistencia balística del automóvil brinda un entorno más seguro y garantiza a la presidenta de la Corte “la tranquilidad y protección necesarias” para el ejercicio de sus funciones.
Preguntas sin respuesta
La Prensa preguntó a la presidenta de la Corte por qué alquiló el vehículo cuando todavía no tenía la autorización de Contrataciones Públicas.
También se quiso saber si se evaluaron ofertas más económicas u otras alternativas, como solicitar la asignación de más agentes a los estamentos de seguridad.
Hasta el cierre de esta nota, la magistrada López no respondió a las preguntas que este medio le dirigió por escrito.
También se intentó hablar con David González, representante legal de Inspiration Holding Group, para que respondiera, entre otras cosas, cómo fue contactado por la Corte para el alquiler del vehículo y si su empresa había prestado servicios similares a otras instituciones del Estado. Sin embargo, no respondió a los mensajes. En una ocasión respondió, vía telefónica, que estaba manejando y terminó la llamada de forma abrupta.
