Un cuadro con una transcripción de los “Principios éticos de los servidores públicos” de la Caja de Seguro Social (CSS) yace en el piso, junto a expedientes que alertan sobre el manejo irregular de galones de anestesia en un hospital.
En otra estancia, hay planillas, expedientes administrativos y otra papelería oficial, que data de 2019, tirada por doquier.
Todo permanece a la vista dentro de una abandonada propiedad en Amador, valorada en casi $200 millones y consumida hoy por años de desidia institucional.
La propiedad es el edificio principal, de dos plantas, que forma parte del complejo de edificios de la CSS, en el que hace 13 años se anunció la construcción de un museo para exhibir memorabilia y otros enseres de interés de la entidad.
La Prensa hizo un recorrido por esas instalaciones. No había nadie custodiando el lugar, así que cualquiera puede ingresar. En el edificio principal, el abandono es evidente: cajas y documentos expuestos a la humedad, filtraciones, basura, muebles destruidos, paredes agrietadas y pisos de madera carcomida. Parece un depósito improvisado para guardar aquello que ya nadie quiere, pero que —de momento— no conviene tirar a la basura.
Notas a Lau y reportes del jefe de seguridad
Entre los documentos abandonados en el segundo nivel de uno de los edificios figura una nota fechada el 22 de diciembre de 2023, dirigida al entonces director general de la CSS, Enrique Lau Cortés. El informe, firmado por el jefe del Departamento Nacional de Seguridad, Domingo Espitia, advierte sobre dos tanques de cinco galones de anestesia para uso en el salón de operaciones que fueron encontrados por personal de seguridad en el sótano del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.
La nota señala, además, que hubo “otros hallazgos” y que los hechos registrados en septiembre de ese año motivaron una investigación interna. Se detectó, según el documento, “falta de controles y malos manejos” relacionados con insumos médico-quirúrgicos, así como vulnerabilidades en la custodia y almacenamiento de estos productos dentro del hospital.
Se desconoce si el caso fue denunciado ante el Ministerio Público.
Otro de los informes que están a la vista describe reuniones entre el director y subdirector médico del hospital, jefes de servicio y funcionarios vinculados al manejo de insumos médico-quirúrgicos. En las actas aparecen mencionados el jefe del cuarto de operaciones, el almacenista encargado de despachar los insumos y la enfermera responsable del depósito médico-quirúrgico.
Una de las notas recoge, incluso, una frase atribuida al jefe de seguridad del hospital: “Producto del hallazgo [de los tanques de anestesia], ahora se tiran la pelota unos a otros. Nadie quiere hacerse responsable”.
Todos esos expedientes permanecían fuera de cualquier archivo institucional o sistema de resguardo. Parte de la documentación estaba mojada, mezclada con basura y muebles inservibles dentro de oficinas en ruinas.
También se observaron indicios de que el lugar es utilizado por indigentes.
Se caen a pedazos
Las estructuras muestran años de deterioro acumulado: vigas colapsadas, techos desprendidos cuya losa cae en pedazos, oficinas sin puertas y vegetación creciendo de forma descontrolada.
La situación ha convertido estos edificios en espacios insalubres y con presencia de mosquitos.
El complejo de más de 13.3 hectáreas, ubicado en la entrada de la calzada de Amador, fue traspasado a la CSS en enero de 2002 por la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) —hoy reconvertida en la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR)—, encargada de administrar los inmuebles que Estados Unidos transfirió a Panamá en el siglo pasado.
En aquella época, la propiedad fue valorada en poco más de $56.9 millones. Posteriormente, avalúos solicitados por la propia CSS elevaron el monto hasta cerca de $200 millones.
Cuando se formalizó la entrega de la parcela, se indicó que el acto representaba “el aporte que el Estado, por medio del Gobierno Central, hace al fideicomiso especial a favor del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”.
Pese a su estratégica ubicación y al potencial turístico del área de Amador, el lugar hoy refleja años de abandono gubernamental, rodeado de herbazales y árboles.
Entre el abandono también quedaron amortiguadores de autos, un compresor de nevera y luces robóticas LED tiradas en el piso, junto a cajas repletas de papeles institucionales.
Otras estructuras que rodean el edificio principal muestran un deterioro aún más severo. Algunas tienen los techos parcialmente colapsados, vigas de madera podridas y paredes agrietadas por el paso de los años y la falta de mantenimiento. En varias áreas, las paredes amenazan con desplomarse, mientras la vegetación crece alrededor y dentro de los inmuebles.
Para 2013, la CSS anunció la creación de un museo —en el mismo edificio donde hoy permanecen tirados los documentos oficiales— con el objetivo de exhibir equipos médicos antiguos y resaltar la historia de la institución.
La inauguración estaba prevista para junio de ese año. Sin embargo, más de una década después, los edificios continúan deteriorándose y algunos amenazan con colapsar.
La encargada del proyecto en ese entonces era la secretaria general de la CSS, quien posteriormente enfrentó procesos judiciales por presunto peculado y fraude en contrataciones públicas.
En su momento, se informó que la adecuación del lugar costaría $126 mil, pero los trabajos no se llevaron a cabo.
El diputado Betserai Richards visitó el lugar y advirtió que la CSS debería rescatar estos espacios, en lugar de permitir que siga el deterioro por falta de mantenimiento y de una adecuada gestión.
Richards lamentó, además, que documentación oficial relacionada con asegurados, exfuncionarios y funcionarios permanezca “prácticamente desechada y tirada en la basura”.
“Creo que la CSS debe explicar al país cómo sucedió eso”, señaló.
Sin respuesta
La Prensa consultó a la CSS quién autorizó el traslado y almacenamiento de expedientes en estas instalaciones, cuánto dinero se ha invertido en el mantenimiento del complejo y cuál es el valor actualizado de la propiedad en Amador.
También se preguntó si el director de la entidad, Dino Mon, conocía que expedientes oficiales e informes internos permanecían almacenados en condiciones inadecuadas y sin aparente control institucional.
Al cierre de esta publicación, la CSS no había respondido las consultas enviadas por este medio desde la semana pasada.
