María Teresa Gálvez, la fiscal española que investiga los sobornos presuntamente pagados durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) por la constructora FCC, ha sido incorporada al Consejo Fiscal de España, una instancia superior del Ministerio Público que asiste al fiscal general del Estado.
Gálvez forma parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y ya tomó posesión como integrante de dicho órgano judicial en un acto presidido por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La designación de Gálvez se conoció en abril pasado y asumió este cargo en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Cuando tomó posesión del cargo en un acto celebrado en Madrid, lo hizo en presencia de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa inspectora de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ambas integrantes ex officio del consejo, instancia que preside el fiscal general, junto a las dos fiscales jefas antes mencionadas y nueve fiscales más.
En 2016, la Fiscalía Anticorrupción española abrió una investigación centrada en las “actividades ilícitas relacionadas con sobornos, corrupción y blanqueo de capitales” atribuidas a FCC durante la administración de Martinelli. Entre las obras investigadas figuran la Línea 1 del metro de la ciudad de Panamá y la Ciudad Hospitalaria, rebautizada posteriormente como Ciudad de la Salud.
En el transcurso de las pesquisas, las autoridades españolas ordenaron el congelamiento de cuentas millonarias en bancos de Suiza y Andorra, así como el embargo de cuentas y bienes en España, incluyendo un apartamento en Madrid, que entonces estaba valorado en 4 millones de euros y que hoy se calcula que vale el doble.
La acusación de la fiscalía se ventila ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Ismael Moreno. Fue ante este mismo tribunal que la fiscal Gálvez citó al expresidente Martinelli el 17 de diciembre de 2021.
Durante su comparecencia —por medio de una videoconferencia—, el exmandatario negó los señalamientos en su contra, rechazando que hubiera recibido coimas para conceder contratos a la empresa brasileña Odebrecht y a la española FCC, las cuales fueron beneficiadas con costosas obras en Panamá y que, incluso, se unieron en consorcio para la adjudicación de la segunda línea del metro, otorgada en 2015.
Martinelli también negó la existencia de un entramado de sociedades creadas para mover el dinero pagado por las constructoras, alegando que las acusaciones forman parte de una persecución política en su contra.
El expresidente se limitó a responder las preguntas que le hizo su abogado, negándose a contestar los cuestionamientos de la fiscal Gálvez y de la acusación particular, a cargo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Martinelli fue citado en esa ocasión en calidad de imputado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, luego de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional admitiera un recurso presentado por la Fundación Garzón.
Actualmente, Martinelli reside en Colombia, donde fue recibido el pasado 10 de mayo tras obtener del gobierno del presidente Gustavo Petro el estatus de asilado político. El gobierno de José Raúl Mulino le concedió un salvoconducto para abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde el expresidente se había refugiado desde febrero de 2024, hasta su salida rumbo a Colombia.
Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, tras haber sido hallado culpable de lavado de activos en el caso New Business.
“Los imputados presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostos en los contratos del suministro de acero para los proyectos del Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria”, declaró en su momento el magistrado Moreno a Europa Press.
