Los carteles de la droga necesitan mover el dinero entre los consumidores de cocaína -principalmente en Estados Unidos (EU) y Europa- y los productores de América. Su capacidad para hacerlo es una parte vital de su industria ilícita.
Por eso, cuando la Fiscalía General de Colombia anunció en julio de 2022 que el país iba a cambiar radicalmente la forma de investigar los casos de blanqueo de capitales a gran escala generó una gran expectativa.
Era un paso muy importante, basado en el modelo de Panamá: la creación de un grupo de élite integrado por policías, fiscales y expertos financieros, que serían capacitados por el Departamento de Estado de EU y trabajarían a la par de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para seguir el dinero de los criminales. En dos años, vaticinaron, estaría operativo y lograrían afectar “a las redes criminales de alcance trasnacional que recurren a maniobras financieras y comerciales para ocultar su actuar ilícito”.
“Los delitos económicos y financieros son el eslabón para las conductas delictivas asociadas con la corrupción, y facilitan la desviación y ocultamiento de los dineros públicos y privados”, dijo en un mensaje compartido en redes sociales el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
Pero 17 meses después -es decir: dos tercios de los dos años asignados -, la fuerza de choque parece haber chocado: no ha surgido el grupo de élite tal como fue anunciado.
“Para ser claros, Colombia no tiene una fuerza de choque contra el lavado de dinero”, dijo un funcionario estadounidense a La Prensa, bajo condición de anonimato para poder discutir asuntos bilaterales sensibles. Enseguida agregó: “Están en comunicación con nosotros con respecto a ese tema, y apoyamos diferentes esfuerzos, pero aún no existe en Colombia un grupo de trabajo específico como el de Panamá”.
Los detalles sobre la fuerza de choque anti-blanqueo son revelados en el marco de Narco Files, una investigación colaborativa dirigida por OCCRP en la que participó La Prensa y más de 30 medios del mundo. Los reporteros examinaron 13 millones de documentos filtrados de la Fiscalía General de Colombia, entre los cuales está el borrador final del Memorando de Entendimiento entre la Sección de Asuntos Antinarcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EU y la Fiscalía General de Colombia.
Allí describen cómo iba a funcionar esa fuerza de choque y cuáles eran sus objetivos: perseguir más, judicializar más y lograr más acciones de extinción de dominio -o incautaciones- en casos complejos de lavado de activos y delitos relacionados.
El proyecto
El proyecto estaba tan avanzado que se había preparado un plano de las oficinas del grupo de trabajo, inspirado en las de Panamá. Para EU, la iniciativa de Panamá terminó convirtiéndose en un modelo a replicar: anunciaron en abril de 2023 la creación de una similar en República Dominicana. Sin embargo, en Colombia el grupo no está operativo.
Un diplomático estadounidense, la embajada de EU en Bogotá y la propia Fiscalía General de Colombia confirmaron que el grupo no funciona. Lo único que varía es el nombre con que lo señalan: atrasos, esfuerzos, inacción o no existe.
Luis G. Moreno, que a fines de la década de 1990 ayudó a poner en marcha una alianza de seguridad con Colombia como director de la Oficina de Asuntos de Narcóticos en Bogotá, lamentó la aparente inacción: “Perseguir el dinero fue clave para derrotar a los carteles colombianos hace décadas y la táctica sigue siendo igual de importante hoy en día”, dijo.
La Fiscalía General reconoció que el grupo de trabajo no está completamente operativo, aunque avanzaron designando a dos fiscales, cuatro investigadores y han investigado algunos casos. Pero no más que eso, y no por su culpa: “Estamos trabajando en coordinación con la Embajada de EU para que miembros de otras instituciones se unan al grupo, pero la decisión final de asignar funcionarios no es responsabilidad de la Fiscalía General de Colombia”, respondió la oficina del fiscal a la consulta de La Prensa.
La postura es contraria al propio Memorando de Entendimiento, que estable que las únicas responsables de crear “un grupo de investigación” con un “equipo élite de analistas, investigadores y fiscales” son las autoridades colombianas.
Con diplomacia y expectativa porque suceda, la Embajada de EU en Bogotá evitó las definiciones tajantes: “En esta etapa es prematuro discutir detalles, pero estamos comprometidos en fortalecer estos esfuerzos bilaterales para desarticular a los lavadores de dinero y llevarlos ante la justicia”, dijo el portavoz, mirando más allá de los retrasos.
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con La Prensa de Panamá y 31 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
Colombia es uno de los principales receptores latinoamericanos de ayuda exterior estadounidense: más de 13,000 millones de dólares desde 2000, gran parte de ella para apoyar los esfuerzos antinarcóticos que promueve la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, lo avanzado con la fuerza de choque palidece en comparación con lo logrado en el vecino Panamá, en donde el grupo llegó hasta a investigar una compleja operación de lavado de dinero que movía fondos entre Costa Rica y Panamá.
¿Y en Panamá?
Los funcionarios estadounidenses se quejan de un “techo de cristal” en la lucha contra el blanqueo de dinero. A menudo, ciertos individuos son intocables debido a sus conexiones políticas.
En Panamá, por ejemplo, las autoridades estadounidenses acusaron en 2016 al empresario Abdul de ser uno de los blanqueadores de dinero más destacados del mundo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que usaba su grupo empresarial, incluidas las empresas en la Zona Libre de Colón, para “lavar ganancias de la droga en nombre de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones”. También marcó a su sobrino, Nidal Waked, que fue arrestado en Colombia en mayo de 2016 y luego extraditado a EU, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero.
Documentos internos del caso, a los que tuvo acceso La Prensa, muestran la pista que siguieron los investigadores de EU a Waked: “Comenzó a lavar dinero del narcotráfico a principios de los años 1980 para Medellín”, siguió en la década de 1990 como un “blanqueador confiable para las Fuerzas Unidas de Autodefensa y otros grupos paramilitares de Colombia” y en los 2000 lo mismo, pero para el “Cartel de Sinaloa y diversas organizaciones criminales colombianas”.
A pesar de estas acusaciones, Waked fue absuelto de cualquier delito en Panamá, continúa dirigiendo muchos de sus negocios y su peso político permanece intacto: sus vínculos históricos con el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), permanecen intactos y hasta otro de sus sobrinos -el hermano de Nidal, Ali- es un alto cargo del Ministerio de la Presidencia. “Ali Waked es el hombre del gobierno en Colón, quien define todo allí”, dijo un alto cargo del gobierno a La Prensa. En todas las apariciones del presidente Cortizo en la provincia, está él.
El vínculo es tan inalterable que fue el propio Abdul Waked quien recibió al presidente Laurentino Cortizo cuando visitó el periódico La Estrella de Panamá en abril de 2023, del que era propietario y debió traspasar a partir de 2016 por haber sido incluido en la lista Clinton. Inmediatamente después, la Embajada de EU en Panamá difundió un comunicado recordando que aún está designado por OFAC “por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero”.
Es una de las yuxtaposiciones desconcertantes del paraíso tropical que es Panamá. Y hay otras más.
Otro ejemplo: el país ha colaborado con EU en la creación de un grupo de trabajo avanzado sobre blanqueo de capitales, pero no logró aprobar la ley que permita al gobierno confiscar activos relacionados con actividades delictivas, como sí lo hizo Colombia.
Esta ley, conocida como extinción de dominio, es considerada vital por las autoridades estadounidenses y lleva al menos una década en preparación en el Istmo. La última versión se redactó este año, contó con el apoyo del presidente Cortizo y los legisladores prometieron aprobarla. Pero la medida nunca llegó a someterse a votación.
“Si vas a las instalaciones policiales de todo el país, verás flotas de coches pudriéndose porque la Asamblea Nacional no quiere aprobar esa ley”, declaró un funcionario estadounidense.
Mientras en Panamá el grupo sí funciona, pero la ley de extinción de dominio no avanza, en Colombia es al revés. Constituye un ejemplo de los retos a los que se enfrentan las autoridades para avanzar en mecanismos que les permitan combatir el blanqueo de capitales.
“En Panamá hay muy malos actores, pero hay muchos individuos que tienen el compromiso de mejorar”, dijo el funcionario estadounidense. ¿Y en Colombia? “Están dispuestos a cooperar en los casos, pero no inician investigaciones por su cuenta”, dijo un antiguo funcionario de la DEA que trabajó en casos de blanqueo de dinero.
Coordinación y otros problemas
Los problemas de coordinación no son nuevos. Ya en 2018 el Fondo Monetario Internacional señaló en un informe que si bien la política anti-lavado de Colombia era “relativamente sólida”, la coordinación operativa estaba “fragmentada y descoordinada”. Y puntualizó que si no habían “implementado medidas específicas para prevenir o mitigar los riesgos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo”, era porque las definiciones dependían “de una decisión más amplia del Gobierno”.
También remarcó otros obstáculos. Por ejemplo, que no había estadísticas que identifiquen el delito precedente de los casos de lavado de activos, aunque la mayoría de los casos judicializados estaban vinculados al tráfico de drogas, implicaban estructuras simples y por montos pequeños. “La corrupción y otros crímenes no relacionados con el narcotráfico han sido identificados como las principales amenazas y, sin embargo, ha habido un número bajo de investigaciones y enjuiciamientos”, apuntó el FMI entre las observaciones.
Sobre todo, subrayó que no hay un marco establecido para investigar casos complejos: “El número de casos complejos enjuiciados y condenados son relativamente pocos y no se encuentran en línea con el contexto de riesgo del país”.
Justamente esos puntos pretendían subsanar con la nueva fuerza de choque anti-lavado, pero en algún momento el ímpetu de las autoridades colombianas parece haberse desinflado. Un giro frustrante para los funcionarios estadounidenses que pretendían atacar los casos complejos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2021 el cultivo de plantas de coca en Colombia alcanzó un récord superando las 500 mil hectáreas. Menos de un año después, el presidente Gustavo Petro sentenció el fracaso de la guerra contra las drogas: “Les demando desde mi Latinoamérica herida acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo en un discurso ante la ONU en septiembre de 2022 -irónicamente, pasados dos meses del anuncio de la alianza contra el lavado de dinero con apoyo de EU-.
Los carteles de la droga dependen de una red segura tanto para blanquear dinero como para transportar las drogas ilegales. El blanqueo es una industria lucrativa en sí misma, al servicio no sólo de los carteles de la droga, sino también de políticos corruptos y personas adineradas que buscan evadir impuestos.
Unodc ha calculado que cada año se blanquean entre $800 mil millones y $2 billones en el mundo. En Colombia, la Unidad de Análisis e Información Financiera del gobierno detecta alrededor de 20 mil transacciones sospechosas por un total aproximado de $5 mil millones cada año, según dijo el director Javier Gutiérrez a la agencia de noticias Reuters.
Más de 50 años atrás, el presidente Richard Nixon declaró a las drogas el “enemigo número uno” de EU y puso en marcha una maquinaria que ha transformado la región. Todo ha empeorado desde entonces: el narco crece igual que las muertes y los daños medioambientales. El lavado de dinero también. Mientras tanto, algunas de las recetas actuales para Colombia y Panamá no terminan de funcionar.
*Jacqueline Charles, del Miami Herald, y Kevin G. Hall, de Occrp, han contribuido a este reportaje.
