La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) que no presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pese a tener conocimiento —poco después de asumir el cargo, hace 10 meses— que una empresa está brindando el servicio de monitoreo electrónico a personas privadas de libertad (por tanto, manejando información confidencial), sin contar con un contrato formal con el Estado.
Sprintico Corp., vinculada a la sociedad que vendió el software espía Pegasus en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014), es precisamente la empresa que Montalvo busca contratar ahora, de forma directa, para alquilar 2,000 brazaletes electrónicos, por un período de seis años. Cada brazalete tendrá un costo de $8.50 por día, lo que representa un gasto de $37.2 millones.
La contratación no ha sido avalada por el Consejo de Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas para todos aquellos actos con un monto superior a $3 millones. Sin embargo, un borrador del contrato entre Montalvo y el presidente de Sprintico apareció divulgado en el portal Panamá Compra a finales de abril.
Durante su comparecencia, la ministra respondió a interrogantes del diputado independiente Betserai Richards, quien cuestionó los vínculos de un directivo de Sprintico con la empresa que proveyó el programa espía Pegasus, como reveló una investigación de La Prensa. Montalvo dijo desconocer si Sprintico ofrece otros productos tecnológicos además de los grilletes electrónicos.
No está claro quién, en el gobierno pasado, autorizó a Sprintico a colocar los brazaletes a por lo menos 300 privados de libertad.
Cuando los diputados de la Comisión de Presupuesto le preguntaron a Montalvo por qué no denunció la prestación de servicios sin contrato, respondió: “Yo no estoy legitimada para ser la querellante, porque no es mi ministerio. Por ahora hay un limbo”.
La Dirección del Sistema Penitenciario es una dependencia directa del Ministerio de Gobierno (Mingob). Montalvo dice que cuando tomó posesión, el 1 de julio de 2024, encontró que el programa se estaba implementando, amparado en un “plan piloto”. Inicialmente, ese plan piloto era con 500 brazaletas, aunque se colocaron 300.
Dijo que, si tuviera sospechas sobre irregularidades de la administración anterior con esta empresa, no podría presentar una denuncia.
También afirmó que no puede auditar los servicios digitales que Sprintico ya ha prestado, ya que “no estoy vinculada” a su contratación.
En un comunicado previo, publicado en la página web del Ministerio de Gobierno, sostuvo que actualmente se “monitorean 297 dispositivos desde 2022”.
Janaina Tewaney, que fue ministra de Gobierno en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), le dijo a La Prensa que el plan piloto fue financiado con un “fondo de seguridad nacional”, aunque no reveló el monto.
¿Tema de seguridad?
El diputado Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto, quiso saber si Sprintico había recibido algún pago.
Montalvo respondió que no lo sabe, porque es un “tema de reserva y confidencialidad” y que ese detalle “no lo ha solicitado”.
Se desligó de toda responsabilidad, indicando que corresponde al Ministerio Público investigar cómo se otorgó esa contratación en plena pandemia respiratoria y si se hizo a través del Ministerio de la Presidencia, ya que esa entidad manejó todos los contratos que tenían relación con el estado de emergencia.
La Prensa solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con Montalvo para aclarar varias interrogantes, pero ella se rehusó.
Toda su idea llena de verdad. Y como si empleada a la que ha contratado para que haga el trabajo que usted no puede o no sabe hacer, porque para eso se contrata a alguien, permítame hacer el trabajo para el que me paga y califíqueme de acuerdo al resultado. Subir la intención a…
— Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) May 6, 2025
La ministra ha expresado que no se realizó una licitación bajo el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
El Estado no cuenta con garantías de que la información de los privados de libertad esté protegida, ya que la empresa no está sujeta a obligaciones de confidencialidad al no tener un contrato formal.
Opciones ignoradas
Montalvo declaró que su intención inicial fue reemplazar a Sprintico y, para ello, “invitó” a varias empresas a presentar sus propuestas, aunque no reveló cuántas ni cuáles fueron. Aseguró que el producto que utilizó una de las empresas convocadas fallaba al perder señal incluso en espacios abiertos, lo que descartó su viabilidad.
Este medio identificó al menos 10 compañías que ofrecen servicios similares. Cuatro de ellas afirmaron no haber sido invitadas a participar, pese a contar con tecnología más avanzada que la que actualmente se usa en las cárceles del país.
También se cuestiona el elevado costo del alquiler, considerando que ya existen estructuras de monitoreo en el Sistema Penitenciario.
Uno de los empresarios consultados, con 20 años de experiencia en Estados Unidos, ironizó diciendo que los equipos usados actualmente parecen “traídos por Cristóbal Colón”.
Además, se conoció que una empresa que sí fue evaluada superó con éxito una prueba de satisfacción, por lo que ofreció brindar el servicio completo por seis meses a cambio de $25 millones —12 millones menos que la oferta actual—, pero fue excluida del proceso, ya que no recibió invitación.
Contratación sin respaldo
Aunque reconoció que el contrato con Sprintico aún no ha sido aprobado por el Gabinete, Montalvo defendió la publicación del documento en Panamá Compra como un mecanismo legal que permite a otras empresas mostrar interés. Aun así, le molestó que el tema se esté discutiendo públicamente antes de presentarlo formalmente al Gabinete.
También justificó su decisión de mantener a Sprintico alegando que “si algo funciona, no me sentía cómoda con improvisar”. Dijo que, según las estadísticas presentadas por la Dirección de Sistema Penitenciario, solo dos personas intentaron evadir el monitoreo y fueron “capturadas rápidamente” gracias a la tecnología de Sprintico.
“Yo no puedo tener a esta gente [Sprintico] funcionando dentro del sistema sin contrato. O los regularizo o retiro la empresa y empiezo de cero, pero eso perjudicaría a las personas que usan los brazaletes”, dijo Montalvo.
En entrevista en el programa del periodista Álvaro Alvarado, la ministra reiteró que no llamó a una licitación por tratarse de un tema de “seguridad nacional” y añadió que “no podía exponer a la persona que brinda el servicio” a que fuera buscada por delincuentes para desactivar el control sobre un monitoreado.
Habla la gobernadora
Luego de que este medio revelara los vínculos de Sprintico con una sociedad investigada en México por blanqueo de capitales, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, criticó en su programa radial la contratación directa.
Correa recordó que hay muchas necesidades urgentes en el país —como escuelas, alimentos y textos escolares— y cuestionó el gasto millonario en brazaletes sin licitación.
“Deben tener más cuidado. Todo el mundo debe cumplir con las leyes de administración pública. Tú no puedes llegar y hacer lo que te da la gana”, sentenció.
