El 13 de julio de 2009 ocurrió una actuación que quedó inscrita en la memoria colectiva de todo el país: la del entonces presidente Ricardo Martinelli ingresando al relleno marino de 2.8 hectáreas que, de forma ilegal, realizó Las Brisas de Amador en isla Perico. Fue con agentes policiales. Ese día colocaron un gran letrero blanco en el cual, en letras negras, se leía: “Propiedad del Estado”. Todo el mundo asumió que se trataba de una expropiación. Pero no.
Diecisiete años después, el letrero ya no está; la policía se fue; la empresa sigue ahí y, sobre aquel relleno ilegal hay un montón de locales comerciales, restaurantes, parques infantiles y atracaderos.Se podría decir que al proyecto le va mejor ahora que en 2009.
Sin embargo, algo ensombrece el horizonte.
Las Brisas de Amador enfrenta una liquidación forzosa que vuelve a exponer la débil fiscalización estatal en la calzada de Amador, una de las zonas de mayor potencial turístico y más codiciada del país.
El 10 de julio de 2024, el Juzgado Primero de Circuito Civil admitió una demanda presentada por Vikingo Joint Ventures Inc. y Vikingo Overseas Inc., sociedades que adquirieron inmuebles en Causeway Towers 6000, un PH que es parte de un conjunto de apartamentos desarrollados en Perico.
El contrato de arrendamiento que Las Brisas de Amador suscribió con la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), el 14 noviembre de 2002, le permite vender a terceros las “mejoras” e instalaciones que construya sobre la concesión estatal.
El pleito adquiere relevancia porque el contrato con la ARI establecía como causal de resolución administrativa la quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos de la concesionaria, si alguno de estos hechos afecta el desarrollo del proyecto.
Los reclamos entre Las Brisas, Vikingo Joint Ventures Inc. y Vikingo Overseas Inc. no son recientes. Ya se enfrentaron en un arbitraje por incumplimientos en la entrega de los apartamentos.
Las dos sociedades compradoras reclamaron por casi dos años de retraso en la fase de construcción de calles de acceso, áreas sociales inconclusas y costos adicionales. Igualmente, recordaron que se les prometió que en la isla operaría un hotel de 300 habitaciones, casino, marina para yates, terminal de cruceros, cancha de tenis,gimnasio y helipuerto, entre otras amenidades. Todo eso quedó en nada.
En 2011, las partes negociaron un acuerdo de finiquito, que Las Brisas posteriormente incumplió. En 2014, el tribunal emitió un laudo arbitral que ordenó un embargo de bienes, cuentas bancarias y fincas valoradas por $1.8 millones, a favor de Vikingo Joint Ventures Inc. y Vinkingo Overseas Inc. El secuestro se extendía a la administración de locales en la plaza comercial de Las Brisas.
Los reclamantes intentaron embargar la concesión, pero el tribunal arbitral no lo permitió, ya que se trataba de bienes pertenecientes privativamente al Estado.
Aunque el plan de uso de suelos de Amador definió el área como zona turística, con limitaciones expresas para desarrollos residenciales, en internet comenzaron a aparecer ofertas de apartamentos con precios de venta superiores a $400 mil. Las propiedades son promocionadas con vista a la bahía de Panamá y a isla Flamenco.
Con el paso de los años, las ventas se mantienen activas dentro del complejo Causeway Towers, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 estableció límites a la privatización de terrenos concesionados en Amador y recordó que las áreas habían sido entregadas exclusivamente para fines turísticos.
Rellenos y disputas sobre el fondo marino
De vuelta a Martinelli y a la presunta expropiación, hay que recordar los eventos que antecedieron aquel evento.
El contrato con la ARI se firmó en 2002, pero Las Brisas no tenía un contrato con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para hacer rellenos sobre fondo de mar destinados a un atracadero de embarcaciones. Para colmo, empezaron a tomar áreas ya adjudicadas a Fuerte Amador Resort & Marina (FARM) que sí tenía permiso de la AMP, así como un contrato de arrendamiento en Flamenco, la isla vecina.
Por esa razón, en julio de 2009, Martinelli intervino el relleno de 2.8 hectáreas.
Aunque en ese momento se colocaron advertencias oficiales, gran parte de las estructuras intervenidas permanecen actualmente en el paisaje urbano y comercial de isla Perico.
Registros periodísticos de este medio muestran además que la sociedad suscribió arreglos de pago vinculados a obligaciones económicas derivadas de ocupaciones marítimas y otros compromisos pendientes con el Estado.
Una resolución de Gabinete de 2014 dejó constancia de que Las Brisas mantenía “obligaciones económicas pendientes con el Estado” mientras avanzaban negociaciones para modificar la concesión con la ARI.
Ese mismo año, la AMP adjudicó a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) la administración sobre nuevas áreas marítimas destinadas al desarrollo comercial y de marina del proyecto en Perico.
La renegociación entregó 12.4 hectáreas de la concesión de Las Brisas de Amador a favor de Island Strategic Ventures Inc.sociedad inscrita en agosto de 2013.
El contrato estableció pagos escalonados por el uso de más de 10 hectáreas de fondo de mar por un período de 20 años.
Esta sociedad tiene como presidente a Joseph Malca, mientras que Saúl Malca figura como secretario y tesorero, y Florencia de Malca como directora.
Es casi un calco del grupo económico que está en la sociedad Las Brisas de Amador. De hecho, Joseph Malca, como presidente y representante legal de Las Brisas, firmó el contrato con la ARI en 2002. Desde marzo de 2025, el presidente es Ariel Flores Vemol, mientras que Claudia Pinzón y Rubia Iglesias están como secretaria y tesorera, respectivamente. Los suscriptores son Joseph Malca Holguín, Talia Husky de Malca y Samuel Israel.
Pese a los litigios y reclamaciones acumuladas durante años, la reorganización de activos continuó. Documentos notariales de septiembre de 2024 muestran que Multibank autorizó una escisión parcial de activos de Las Brisas de Amador a favor de Causeway Boulevard, S.A., incluyendo bienes vinculados a la finca 273193, que corresponde a los PH y mejoras asociadas al complejo. La escritura señala que los activos traspasados tenían un valor de casi $25 millones.
¿Quiénes están en Couseway Boulevard? Abraham Ángel Manoa es el presidente y tesorero. Claudia Pinzón y Abraham Husky están como secretaria y director, respectivamente.
Se desconoce si laContraloría, la AMP o la UABR aprobaron estos movimientos de traspaso.
Una isla cada vez más dividida
Con el paso de los años, isla Perico dejó de funcionar como un proyecto turístico integrado. Actualmente, el área concentra operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Puerto de Cruceros de Amador, marinas privadas, muelles flotantes y desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales.
Uno de los casos recientes involucra a Stward Agency Inc. empresa vinculada a Pablo Torres, que se instaló sin tener, siquiera, permiso de compatibilidad con las operaciones del Canal de Panamá. Aunque la AMP ordenó su desalojo en marzo de 2025, sus estructuras seguían en el área en abril pasado, tal como pudo constatar este medio.
Un informe de la AMP muestra que Stward Agency tiene una solicitud de ocupación de área en trámite en la AMP.
En el mismo espacio donde opera Stward Agency, la sociedad Suplidores y Servicios de Panamá, vinculada a Pablo Santoya, mantiene una concesión vigente para la construcción de un muelle que todavía no ha sido ejecutado.
En esa isla también operó Perico Island Maritime Service, S.A., contra la cual se emitieron órdenes de desalojo por ocupación de fondo de mar y accesos terrestres. La empresa operaba un muelle de pasajeros en Amador sin contar con permisos de compatibilidad canalera.
A pocos metros del centro de Perico funciona, además, el radar primario y secundario de la Autoridad de Aeronáutica Civil infraestructura clave para la navegación aérea.
Pese a ello, distintas entidades estatales mantienen dificultades para fiscalizar plenamente las ocupaciones y concesiones existentes en Amador.
El administrador de la AMP, Luis Roquebert, no respondió las consultas enviadas por este medio relacionadas con inspecciones realizadas, estado de las concesiones y acciones adoptadas frente a rellenos y ocupaciones irregulares en isla Perico.
Asimismo, este medio intentó obtener la versión de Joseph Malca sobre los litigios, movimientos societarios y cuestionamientos relacionados con las concesiones en isla Perico, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados para conocer su posición.
