El negocio identificado por el abogado Luis Acevedo Ureña —para digitalizar el revisado vehicular— en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) atraviesa un momento difícil.
Los socios —impuestos o no— libran una disputa arbitral en la que hay millones de dólares en juego.
El socio “incidental” y secreto es una sociedad representada por Jean Paul De Janon Arias, yerno de un tío del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Pero De Janon ha ido un poco más allá con su suegro, Ignacio Carrizo Araúz, el tío del exvicepresidente Carrizo. En mayo de 2018, ambos inscribieron una sociedad denominada Promotora Icaco, S.A., que, de acuerdo con sus escrituras de constitución, se creó principalmente para la “explotación de bienes raíces, venta de tierras y propiedades de todo tipo…”. De Janon es el tesorero de esta sociedad.
En septiembre de 2018, Promotora Icaco solicitó un préstamo a la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., que le entregó $100 mil, pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, no precisadas. Posteriormente, la misma cooperativa le otorgó un nuevo crédito por otros $200 mil, trámite que inscribió en el Registro Público el propio De Janon.
Aunque es una sociedad familiar (todos sus miembros se apellidan De Janon), salvo el agente residente, hay una persona que no es directamente de la familia: Ignacio Carrizo, el tío del exvicepresidente.
El arbitraje
La Prensa envió a De Janon un cuestionario que, según dijo, le aconsejaron no responder. No obstante, advirtió que el negocio con Promotora Icaco no tiene nada que ver con el tema del acuerdo de inversión con 3Tech Latin America.
También afirmó no conocer, de manera directa o por referencia, a Luis Acevedo, el exoperador del exvicepresidente Gaby Carrizo, en cuya “agenda” de negocios con el Estado se encontraba la digitalización del revisado vehicular, negocio del que una sociedad de De Janon —Panama Dynamics Int.— inesperadamente se convirtió en inversionista y socio incidental de la empresa que originalmente recibió la concesión de la ATTT.
Como en anteriores ocasiones, tampoco Acevedo quiso responder un cuestionario que este medio le envió la semana pasada.
En una carta que envió De Janon a La Prensa el mismo día que recibió el cuestionario, advirtió lo siguiente: “…Me reservo expresamente el derecho de proceder judicialmente contra el medio de comunicación que usted representa, en caso de que se publique una noticia que afecte, menoscabe o interfiera con la imparcialidad que debe rodear a los árbitros antes de la emisión del correspondiente laudo arbitral, particularmente cuando ello ocurra mediante publicaciones mediáticas sensacionalistas, sesgadas o construidas sobre insinuaciones carentes de sustento, lamentablemente propias del diario que usted representa”.
La amenaza se debe a que, dado que Eric Barrios, presidente de 3Tech Latin America —que obtuvo la concesión del revisado vehicular digital de la ATTT—, se negó a seguir pagándole a la empresa de De Janon el “royalty” generado por cada revisado, este último acudió al Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), donde, desde noviembre de 2025, se ventila el caso.
De Janon reclama a 3Tech el pago de $2 millones.
Los pagos
El negocio con la ATTT consiste en que por cada transacción o revisado se generaría una comisión para 3Tech de $2.40, pero, tras la intervención de Panama Dynamics —la empresa de De Janon que financiaría el proyecto de digitalizar el revisado vehicular—, esa cantidad se redujo a casi la mitad: $1.30 para 3Tech y $1.10 para Panama Dynamics, que eventualmente cedió sus derechos a una sociedad extranjera.
La sociedad que ahora posee los derechos de Panama Dynamics en este negocio con la ATTT es Marine Capital Partners, Ltd., una offshore de Islas Vírgenes Británicas que, desde noviembre de 2024, empezó a recibir los pagos de 3Tech en una cuenta en MMG Bank. En total, entre las dos sociedades mencionadas, De Janon recibió de 3Tech poco más de $1 millón, entre julio de 2023 y mayo de 2025, cuando Barrios decidió no pagar más.
¿Cuánto había aportado Panama Dynamics como socio accionista al proyecto? El acuerdo pactado era que 3Tech podía pedir hasta $1.4 millones, pero la inyección inicial de capital de Panama Dynamics sería de $450 mil, a razón de $50 mil mensuales. Para julio de 2024, su aporte sumaba apenas $275 mil de los $450 mil prometidos.
El 14 de marzo de 2025, ocho meses antes de proceder con el pleito arbitral, abogados de 3Tech le enviaron una carta a De Janon que buscaba “la cancelación de los montos adeudados desde hace más de un año a 3Tech Latin America, Corp., es decir, la suma […] de $175,000.00; refiérase a la cláusula tercera del contrato de inversión, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas”.
Esa carta también destacaba que, si no pagaba en ese término, “les instamos a buscar los mecanismos que nos lleven, de manera amigable, a rescindir el acuerdo de inversión y asociación incidental suscrito entre ambos”.
Obviamente, no hubo acuerdo ni pagos de parte y parte. Todo terminó en el CeCAP, donde 3Tech también reclama a las empresas de De Janon casi $1.2 millones.
La versión de Barrios
La Prensa envió un cuestionario a Eric Barrios, pero el empresario accedió a una entrevista presencial, tras responder parcialmente algunas interrogantes por escrito. Admitió que conoce a Acevedo desde hace aproximadamente 20 años, ya que él hacía los trámites legales para el registro de marcas para una firma de contadores.
Para entonces, precisó Barrios, Acevedo trabajaba con un contador: Silverio Bonilla, cuyas oficinas ahora ocupa el abogado. Según Barrios, Acevedo también se le acercó para ofrecerle ayuda con el refrendo de la Contraloría para la concesión de la ATTT, que obtuvo cuatro meses después: el 22 de marzo de 2023.
Acevedo —según Barrios— también facilitó una cita entre él y Sertracen, empresa que compitió con 3Tech en el proceso de adjudicación del revisado vehicular digital de la ATTT.
Barrios aseguró que no conoce a Pía Soto, la oficial de cumplimiento de Balboa Factoring que firmó la carta promesa de financiamiento del proyecto de revisión vehicular digital. Esta abogada está ligada a Acevedo: intervino en la creación de, al menos, cuatro sociedades que hoy controla el antiguo operador de Gaby Carrizo.
La ‘negociación’
Barrios narró que a sus oficinas acudieron De Janon y otra persona, llamada Manuel Araúz, para hablar del contrato con la ATTT, y que el primero le dijo que quería ser socio del proyecto hasta en un 40% (aunque terminó en casi el 46%).
Contó que se le acercaron después del acto de licitación y antes de la adjudicación formal del contrato de la ATTT para ofrecerse como financiadores del proyecto.
Barrios fue enfático: “Yo no necesitaba nada de ellos”, pero ellos tenían el poder para que el contrato fuera adjudicado a su favor o, por el contrario, podían hacer que perdiera la oportunidad con la ATTT, afirmó.
Aunque les dijo que el desarrollo del proyecto era de su empresa, De Janon y su acompañante insistieron en que querían el 40%. Por si no sonaba convincente, De Janon comentó que estaba casado con la hija de un tío del entonces vicepresidente de la República. Barrios entendió. Le dijo entonces que, si quería ser socio, debía poner capital, narro el empresario.
Fue entonces —dijo Barrios— cuando surgió el “acuerdo de inversión y asociación incidental”, firmado por De Janon y Barrios el 18 de noviembre de 2022, cuatro días después de que 3Tech recibiera la concesión de la ATTT.
Para mayo de 2025, Barrios había desembolsado a las sociedades de De Janon poco más de $1 millón, mientras que los desembolsos de su contraparte apenas alcanzaban el 61% del total de la inyección inicial pactada.
Los pagos de 3Tech a De Janon empezaron en julio de 2023, sumando un total de poco más de $1 millón, mientras que los pagos de Panama Dynamics a 3Tech empezaron en septiembre del mismo año, pero se detuvieron en julio de 2024. Para esta fecha, los desembolsos de 3Tech a De Janon rondaban casi $800 mil, aunque sus pagos se extendieron 10 meses más para Panama Dynamics: hasta mayo de 2025, con otros $235 mil.
Según Barrios, cuando comunicó que no seguiría pagando, hubo un cambio de discurso. Le dijeron que habían sido ellos los que habían conseguido el contrato y que, por lo tanto, el negocio les pertenecía; que, si no pagaba, le cerrarían las puertas a la concesión.
También afirmó que fue amenazado con el secuestro de sus bienes y oficinas; que le quitarían todo. Incluso —dijo Barrios— le dijeron que perdería o que bloquearían los contratos que mantiene 3Tech con otras instituciones del Estado.
Las amenazas fueron más allá, relató a La Prensa.
De Janon alegaba que tenía poder en el actual Gobierno, que conocía a los hijos del presidente José Raúl Mulino. La Prensa le preguntó a De Janon (en aquel cuestionario que se negó a responder) si, efectivamente, él o alguien de su familia es amigo de los Mulino y si tenía contacto cercano con algún familiar del gobernante. Solo se limitó a emitir amenazas contra este medio.
El caso se ventila actualmente en arbitraje. Barrios es representado por la firma Fábrega Molino, uno de cuyos socios es el abogado Jorge Molina Mendoza, actual presidente de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). A su vez, las sociedades de De Janon son representadas por Jorge Luis Lau, de la firma Lau & Dudley.
La Prensa preguntó a Barrios cómo los demás podían obtener un porcentaje de su concesión y este respondió que la fuente de poder de ellos era el entonces vicepresidente Gaby Carrizo. Y, precisamente, fue durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) que De Janon obtuvo una plaza de trabajo como servidor público: desde inicios de 2020, labora para la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como “inspector náutico”, con un salario de $2,500 al mes.
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