El Ministerio de Educación (Meduca) canceló de forma definitiva la autorización de funcionamiento de la Universidad Panamericana (UPAM), tras concluir que la institución incurrió en “faltas graves y persistentes” a la normativa que regula la educación superior en el país.
El Decreto Ejecutivo 5 del 26 de febrero de 2026, promulgado en Gaceta Oficial y firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Lucy Molinar, sostiene que la UPAM presentó información “falsa” sobre su oferta académica. Una comisión de fiscalización también encontró que supuestamente incumplió requisitos relacionados con el personal docente y carecía de programas y documentación actualizada que garantizaran estándares mínimos de calidad.
La medida cierra un proceso que se arrastra desde hace más de una década. Según el Decreto Ejecutivo 5, las deficiencias no fueron subsanadas pese a advertencias y evaluaciones técnicas previas, lo que llevó al Meduca a aplicar la sanción más severa: la cancelación definitiva del permiso de operación.
Adjuntos
Cancelacion a UPAM.pdfFondos públicos sin acreditación
El cierre ocurre luego de que se conociera que la UPAM recibió fondos públicos, aun sin contar con acreditación institucional vigente.
Registros oficiales indican que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) desembolsó $23,446.50 en concepto de auxilios económicos para cuatro estudiantes entre enero de 2023 y noviembre de 2024, periodo en el que la universidad no estaba acreditada.
Dos de las carreras financiadas culminarían entre noviembre y diciembre de este año.
Doble rechazo y pruebas ‘falsas’
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) determinó que la UPAM no cumplía con el requisito legal de mantener al menos cuatro carreras de grado activas, como exige la Ley 52 de 2015, que crea el sistema de evaluación y acreditación universitario.
En su evaluación advirtió que, “por acción u omisión, se incurrió en declaraciones y pruebas falsas”, un señalamiento determinante dentro del proceso de acreditación.
La universidad solicitó acreditarse el 16 de agosto de 2021, pero el 28 de septiembre de ese mismo año el Coneaupa rechazó la petición tras detectar inconsistencias en la documentación presentada.
Aunque el centro reportó ofrecer licenciaturas en higiene y salud ocupacional, derecho, ingeniería gerencial y educación, la comisión verificó que solo dos contaban con resoluciones vigentes.
En mayo de 2024, el Meduca recibió copia de la resolución mediante la cual el Coneaupa negó por segunda vez la acreditación institucional a la universidad.
Desde 2012
Los cuestionamientos no son nuevos.
En febrero de 2012, una evaluación determinó que la universidad carecía de estudios “sistematizados” que respaldaran su oferta académica, que el 70% de su cuerpo docente no tenía formación en docencia superior y que solo el 20% de los profesores con capacitación en investigación desarrollaban proyectos activos.
Tampoco existían documentos que acreditaran la inserción laboral de sus egresados.
La UPAM obtuvo autorización de funcionamiento en junio de 2001 y fue inscrita en el Registro Público en agosto de 2000. Su directiva aparece integrada por Damaris Candanedo Jaén como presidenta; su hermana, Olga Candanedo, secretaria, y Mercedes Quisquella, tesorera.
En febrero de 2019 se registró UPAM, S.A., sociedad cuya directiva figura encabezada también por Candanedo Jaén como presidenta y apoderada, Mercedes Quisquella como secretaria y Pablo Matutes como tesorero.
La versión de la rectora
Consultada sobre la cancelación, Candanedo rechazó los señalamientos y aseguró que la universidad mantiene sus cuatro carreras activas y todos los permisos en regla.
“Mantenemos todos los permisos. Si no fuera así, la universidad estuviera cerrada”, afirmó. También calificó como “nulo” y “falso” el contenido de la Gaceta Oficial, aunque indicó que verificaría el documento. Mientras tanto, no tiene algún plan para cerrar el centro.
La rectora sostuvo además que los hallazgos mencionados en la resolución corresponden a evaluaciones antiguas.
“Esos hallazgos no son de ahora. Me están hablando de 2012. Nosotros tenemos más de 20 años con esos hallazgos”, expresó.
Especialistas en educación sostienen que la medida busca proteger a los estudiantes y preservar la credibilidad del sistema universitario, particularmente en carreras como derecho, cuyos títulos requieren reconocimiento formal para el ejercicio profesional. Esta es una las profesiones de las que más habría graduado la UPAM, según información del Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial, recopilados entre 2009 y 2024.
La cancelación implica la interrupción de operaciones y obliga a la institución a atender la situación académica de sus estudiantes, quienes deberán gestionar traslados a universidades acreditadas para continuar sus estudios.
No obstante, la rectora recalcó que la universidad sigue abierta.
Se desconoce qué acciones emprenderá ahora el Meduca -que hoy debe atender el inicio del año escolar-, para hacer cumplir el decreto ejecutivo.
