En el gobierno de Ricardo Martinelli –2009-2014– hubo una fiebre de construcción de Centros de Atención Primaria de Salud Innovador (Minsa-Capsi). Originalmente, se proyectaron 32; pero se licitaron 21 y solo se edificaron –con mucha dificultad– 10. Uno se levantó en un poblado rural: El Tigre de Los Amarillos, distrito de Soná, Veraguas.
Su construcción constituye, por sí sola, un enorme absurdo. Si bien la comunidad lo necesita, cuando se terminó no se pudo usar porque carecía de electricidad y agua potable. Se destinaron $6 millones para su construcción y terminó costando más de $7 millones. Pero los residentes tenían que buscar atención médica a kilómetros de distancia. Y así fue en los siguientes cuatro años, en espera de servicios básicos.
Curiosamente, reportes de prensa de junio de 2013 revelaban un traslado de partida de $5.2 millones destinado al Minsa, que supuestamente sería utilizado para llevar electricidad trifásica, a lo largo de 16.5 kilómetros, a este Minsa-Capsi y varios más en otras provincias. Pero la electricidad no llegó hasta 2018.
Finalmente –en septiembre de ese año– se pudo inaugurar, aunque sin agua. En septiembre de 2024 –tras haber tomado posesión esta Administración–, un equipo encabezado por el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, inspeccionó el Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos. Identificaron daños en la estructura que ameritaban una intervención que costaría casi el equivalente a la inversión original: $5 millones.
Manos a la obra
En abril de 2025, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió daños en el techo y el sistema eléctrico, y el Minsa detectó decenas de afectaciones más. Entonces se decidió hacer un estudio de mercado para determinar el costo de la intervención.
Casi paralelamente –el 9 de mayo de 2025–, la empresa que semanas después comenzaría los trabajos de mantenimiento recibió de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) una resolución en la que constaba su inscripción para ejecutar obras y actividades de arquitectura.
El precio
El costo de las obras variaba dependiendo de a quién se le preguntara.
Un informe del Departamento de Arquitectura del Minsa lo calculó en $6.3 millones con impuestos. En otro “informe de análisis de costos” –sin fecha ni autor, pero adjuntado al expediente en línea de Panamá Compra–, era de $4.5 millones. Y el proveedor elegido: $5 millones.
El acto de contratación se llamó: “Mejoras de obra civil, equipamiento médico y no médico, financiamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y operativo por un año del Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos”, y sus términos de referencia establecían un año para construir y otro para mantenimiento preventivo, correctivo y operativo.
La contratación
¿Habría licitación? La respuesta es sí y no.
Inicialmente, el Minsa decidió hacer una contratación directa, como habitualmente hace, aunque meses después pidió cotizaciones de otras empresas, pero solo era una fachada para simular competencia.
¿Qué razones tenía para no convocar un acto público? Aquí los hechos vuelven a ser absurdos, considerando lo que pasó al final. El Minsa tenía un catálogo de razones: “Las deficiencias existentes representan riesgos sanitarios, operativos y de seguridad, tanto para los usuarios como para el personal de salud […] que ‘no admiten demoras administrativas asociadas a procesos de cotización en línea’”.
“Un proceso regular de licitación pública […] requiere un tiempo mínimo de seis meses desde la convocatoria hasta la firma del contrato, sin incluir el refrendo de la Contraloría […]. Este plazo resulta incompatible con la necesidad urgente de garantizar atención médica digna y segura”.
Que, técnicamente, era inviable “debido a la imposibilidad de estandarizar especificaciones, definir cantidades exactas y garantizar la idoneidad técnica especializada de proveedores para intervenir una instalación de salud en funcionamiento”. Todo, suscrito por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y su director de Infraestructura, Abdiel Escobar.
Comienzan trabajos
Aunque los términos de referencia carecen de fecha, el documento precisa que el 28 de octubre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió su aquiescencia a fechas y monto de pagos del contrato “llave en mano”.
Pero el Minsa no esperó autorización del MEF ni otros trámites para empezar el trabajo. Una nota de prensa del Minsa, fechada el 6 de octubre de 2025, anunciaba avances en el Minsa-Capsi: que la empresa ya había intervenido paredes exteriores e interiores, que selló fisuras externas, que había desinstalado el cielorraso en Urgencias… y que ¡había llegado el techo nuevo!
El cronograma de trabajo de la empresa tenía fecha de inicio el 18 de agosto de 2025, según otros documentos. Para finales de 2025 debía haber terminado la desinstalación del techo y del cielorraso, pues debía comenzar a instalar el nuevo techo.
La ‘elegida’
La empresa seleccionada fue Servipro Holding, Inc. Según el Minsa, debía ser esta, porque, de lo contrario, la institución se habría tenido que someter a un “esquema rígido” de cotización digital, pudiendo generar “ofertas subvaloradas, incrementos contractuales posteriores y retrasos o paralización de la obra”.
Además, la elegida tenía capacidad técnica y financiera comprobadas, así como experiencia en infraestructura hospitalaria, decía el Minsa. Pero esta “experiencia” no aparece en los documentos que proporcionó Servipro Holding.
En el expediente en línea de Panamá Compra –específicamente el informe de gestión para obtener el precio de referencia–, solo hay una carta suscrita por un cliente al que Servipro Holding prestó servicios de diseño y desarrollo de planos de construcción de un centro comercial en San Francisco. Nada de hospitales.
Esa carta –dirigida al ministro de Salud– tiene fecha del 16 de diciembre de 2025, cuatro meses después de que Servipro había comenzado obras en el Minsa-Capsi. Además de lo anterior, aquí hay otro absurdo: si este informe sobre cómo se obtuvo el precio de referencia tomó en consideración documentos de diciembre de 2025, ¿cómo se determinó el precio que dio lugar a que Servipro fuera contratada cuatro meses antes?
¡Una coincidencia! Servipro Holding pertenece al 100% a Francisco Pablo Bartolomeo Martinelli Thalassinos, hijo de Francisco “Frankie” Martinelli, un querido primo del expresidente Martinelli, según una carta firmada por el representante legal de la sociedad, Gustavo Chanis Navarro.
Más absurdos
Pese a que las obras en el Minsa-Capsi comenzaron en agosto de 2025, en enero de 2026 pasó algo inexplicable: el Minsa convocó lo que parece ser un concurso de precios en el que, además de la empresa que ya hacía el trabajo, participaron dos sociedades más.
De acuerdo con un “informe técnico fundado”, suscrito por el ministro Boyd, esas empresas fueron contactadas para que presentaran ofertas económicas para un proyecto que ya estaba en desarrollo. Las cartas salieron el 15 de febrero de 2026, cada una dirigida a las empresas mencionadas.
Esas cartas –faltando a la verdad– informaban a las empresas que estaban siendo consideradas para esta contratación. El director nacional de Infraestructura del Minsa les agradecía, respectivamente, “su pronta confirmación de interés en participar, así como su propuesta económica…”.
No solo confirmaron, sino que, en solo 24 horas, el Minsa recibió dos cotizaciones: justo de las empresas que serían rechazadas. Y no podía ser de otra forma, pues el contrato objeto del concurso no solo ya tenía nombre y apellido, sino que estaba en ejecución. Quizá por ello, Servipro Holding no tuvo prisa en copiar y reenviar –el 19 de enero de 2026– su propuesta económica… que el Minsa ya tenía en sus archivos.
Función teatral especial
La obra de teatro montada por el ministro sobre el supuesto concurso de precios continuó en otro escenario. Boyd le escribió –el 30 de enero de 2026– a su colega Juan Carlos Orillac –ministro de la Presidencia– para solicitarle al Consejo de Gabinete aprobación para contratar directamente –por $5 millones– a Servipro Holding. Lo que no dijo es que, con o sin la aprobación, el proyecto ya estaba en ejecución.
Si el Consejo de Gabinete lo aprobó o no, es cosa desconocida. La Prensa le envió un cuestionario al ministro, pero no respondió, pese a la insistencia de este medio. Ni siquiera respondió sobre lo que pasó al final.
Final absurdo
El pasado 23 de marzo, el administrador regional de Salud de Veraguas, Abdel Batista, remitió un informe de avance de obras al secretario general del Minsa. Le informaba que el proyecto “presenta a la fecha un avance significativo en su desarrollo”.
Pese a esos avances, la obra de teatro no tuvo final feliz.
El pasado 31 de julio, casi un año después de que Servipro empezara a trabajar sin contrato, sin refrendo, sin autorización del Gabinete y como protagonista en una obra de teatro que pretendía hacer ver inexistentes concursos de precios, Boyd se retractó de toda su actuación.
Firmó una resolución, originada en una petición de la Dirección de Infraestructura de Salud –que había estado presente con el ministro durante toda la estructuración de la obra de ficción y de la contratación–, en la que ordenó cancelar el acto No. 2026-0-12-01-09-PE-000295. O sea, revirtió la contratación de Servipro Holding.
Además de lo inexplicable que es todo lo anterior, la cancelación tiene como fin “convocar una licitación pública”. La resolución se fundamenta en el artículo 153 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas, que dice: “Cuando, por razones justificadas, la entidad requiera cancelar el procedimiento excepcional de contratación, lo hará mediante resolución debidamente motivada…”.
Y esas motivaciones son, precisamente, las que brillan por su ausencia en la resolución. Tampoco dice qué pasará con Servipro o la plata comprometida en las obras.
En cuatro ocasiones, La Prensa contactó al ministro Boyd para ampliar este tema. Nunca respondió.
