El caos en isla Naos ya no puede esconderse detrás de renders turísticos ni promesas de lujo frente al Canal de Panamá.
Naos no es un aeropuerto, por tanto, no tiene pista de aterrizaje. Tampoco cuenta con hangares o talleres de mantenimiento aeronáutico. Entonces, ¿qué hacía un avión de pasajeros estacionado en la isla? El avión, que supuestamente sería utilizado en un restaurante temático, permaneció seis años ahí, convirtiéndose en otro símbolo del descontrol que impera en la calzada de Amador.
Naos es la primera isla unida a tierra firme a través de la calzada, contigua a Punta Culebra. Su historia no es muy distinta a la de Perico y Flamenco, en lo que parece ser ya la marca de la casa: construcciones sin permisos, disputas judiciales, proyectos sin concluir… aunque hay una particularidad que la distingue, más allá de ser la única que tuvo un avión: varios apartamentos que se construyeron aquí ahora están bajo el control de entidades estatales.
El contrato original, adjudicado el 8 de marzo de 2002 (refrendado el 4 de julio de ese año) a Naos Island Development Inc., contemplaba la construcción de un hotel cinco estrellas, apartamentos tipo “time share”, casino, discoteca, centro comercial, salones de convenciones y otras facilidades recreativas repartidas en 5.2 hectáreas frente a la entrada pacífica del Canal de Panamá.
Pero Naos Island, que tenía como directivos y dignatarios a José Edmond Esses (presidente), Mike Btesh (tesorero) y Ovadia Shrem (secretario), perdió la concesión en 2004 y la misma pasó a manos de Naos Harbour Island Inc. Esta sociedad está bajo el control de Marco Shrem Gateño (presidente, tesorero y secretario), Catherine Shrem Kotovieh (directora) y Lorena Hurtada de Castillo (directora).
En 2008, el Consejo de Gabinete aprobó una adenda (la segunda) al contrato de 2002, extendiendo los plazos de ejecución de las obras, modificando las obligaciones económicas y añadiendo más elementos al proyecto, como un rompeolas. Sin embargo, con el paso de los años surgieron diferencias con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre el alcance de esos permisos, mientras avanzaba la construcción de rellenos, edificios y modificaciones al diseño original.
En 2009, el entonces contralor Carlos Vallarino negó el refrendo a la segunda adenda al contrato al considerar que otorgaba “ventajas negativas” para el Estado. La Contraloría advirtió entonces que Naos Harbour mantenía morosidades por más de $1.4 millones y que tampoco había cumplido con el monto de inversión acordado, calculado en más de $32 millones.
La ruta del dinero
En marzo de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, Marco Shrem Gateño, el presidente de Naos Harbour Island Inc., cerró un acuerdo con Gabriel “Gaby” Btesh para gestionar una línea de crédito interina para la construcción y un préstamo comercial a corto plazo con la Caja de Ahorros (CA). Apenas 18 días antes, Ailedsabel González, una abogada muy cercana a Btesh y sus negocios, había ingresado como tesorera en la sociedad. En ese cargo permaneció hasta 2018.
Consultado, Shrem confirmó que Btesh participó en el proyecto entre 2011 y 2015, ya que alegó padecer “problemas personales” y “persecución política” durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). Sostiene que Btesh no fue el intermediario para obtener la línea de crédito con la CA, aunque sí “era fiador solidario en un momento del préstamo del banco”.
Shrem, según él, “se canceló” totalmente.
Pero documentos y testimonios obtenidos por este medio indican que la sociedad acumuló una deuda por cerca de $25 millones con la CA, situación que posteriormente habría derivado en acuerdos de dación en pago mediante la entrega de unos apartamentos que se construyeron en Naos, como parte del proyecto turístico: se dictó una orden de secuestro sobre 79 de los 136 inmuebles, los cuales todavía están bajo el control de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), la entidad que reemplazó a la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). A su vez, la CA se quedó con 17 apartamentos, como parte de acuerdos financieros relacionados con las deudas acumuladas del proyecto.
Según Shrem, la deuda original con la CA ascendía a unos $31 millones y fue saldada mediante pagos, entrega de propiedades y daciones en pago. Aunque él sostiene que se levantó el secuestro en 2024, todavía hay apartamentos bajo administración del banco estatal.
En cuanto a los 79 apartamentos secuestrados por la UABR, la medida fue apelada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Shrem sostiene que hay desacuerdo respecto a la deuda acumulada con la UABR producto de cánones y arriendos que se dejaron de pagar. De momento, pretende saldar parte de las obligaciones con la entrega de un terreno en Arraiján, el cual -según él- está valorado en $7 millones. El problema es que ese terreno, por lo menos en papel, es propiedad del Banco Nacional de Panamá (BNP). Shrem asegura que el malentendido surge por un “traslape” en la documentación.
P.H.’s
No es el único conflicto que afronta Shrem.
Algunos residentes sostienen que compraron apartamentos pero no han recibido sus títulos de propiedad. En noviembre de 2025, dirigieron una nota al secretario ejecutivo de la UABR, Jorge Díaz. Siguen esperando respuesta.
La carta cuestiona operaciones financieras, incluyendo hipotecas constituidas sobre bienes que presuntamente ya habían sido vendidos a inversionistas. Según los denunciantes, estas maniobras habrían dificultado futuras reclamaciones judiciales y afectado la seguridad jurídica de los compradores.
En el Registro Público aparecen unidades vendidas por hasta $615,000. En internet, se promociona la venta de unidades desde $300,000.
Shrem rechazó cuestionamientos sobre la legalidad de las ventas y aseguró que el régimen de propiedad horizontal fue autorizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la UABR y un juez competente, tras un proceso que tomó varios años. También sostuvo que el fallo de 2015 de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la venta de propiedades construidas sobre fondos de mar no aplica al proyecto en Naos, debido a que —según él— las torres fueron construidas sobre tierra firme y no sobre áreas rellenadas.
¿Modificaciones al búnker?
Actualmente, el proyecto no ha culminado. Dos PH mantienen ocupación parcial, mientras una tercera estructura permanece en gris y varios locales comerciales continúan inconclusos.
También estaría el desarrollo de Fort Grand, un conjunto de antiguos bunkers militares que quedaron dentro de la concesión en Naos, que datan de la Segunda Guerra Mundial. Fueron limpiados y rehabilitados. Shrem contó que cuando ingresó a esa zona, encontró más de 10 mil llantas abandonadas ahí. El plan es habilitar ahí un centro turístico, histórico y gastronómico.
Fort Grand también funciona como sala de fiestas privadas. Este fue el espacio utilizado para la boda de la hermana del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.
En cuanto al avión, lo trajo un empresario venezolano que supuestamente operaría un restaurante temático, con zona de entretenimiento. El proyecto no prosperó y posteriormente surgieron disputas relacionadas con el acceso y uso del espacio.
El avión permaneció cerca de seis años en Naos, hasta que la Autoridad de Aeronáutica Civil ordenó su remoción por considerar que se trataba de “chatarra”. Ahora ahí se proyecta levantar un hotel boutique (por lo que ya supuestamente hay conversaciones con la marca Wyndham), así como una playa artificial y una marina.
Por si fuera poco, hay otro conflicto legal: uno emprendido por Roger Khafif, un supuesto accionista del proyecto que acudió a los tribunales para denunciar que su firma fue falsificada en un acta de junta de accionistas presuntamente celebrada en julio de 2021. En esa reunión se autorizó la venta de 20 inmuebles.
La querella habría sido admitida por el Ministerio Público, que ordenó la apertura de una investigación preliminar por posibles delitos contra la fe pública.
Shrem restó importancia a estas disputas y aseguró que algunos de los procesos corresponden a conflictos antiguos ya resueltos.
Silencio institucional
La Prensa solicitó información a la UABR y a la AMP sobre el estado actual de la concesión, las inspecciones realizadas, los permisos vigentes, las denuncias por construcciones sin autorización y los procesos administrativos abiertos relacionados con el proyecto. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
