Los planes del Luis Acevedo Ureña –un operador del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo– incluían desde negocios electrónicos que se desarrollarían con dependencias estatales, hasta aparentes negocios con notarías. En el documento llamado “Agenda” aparecen, por ejemplo, proyecciones de ingresos de $50 mil al mes; proyectos de negocios con nombres o sus siglas, asignados como aparentes responsables de su realización.
La “Agenda” incluía un cuadro con 19 puntos asociados al subtítulo “Oportunidades”. En el cuadro también se lee la palabra “Participación”, en la que se describen porcentajes o sumas de dinero. Además, se pone especial atención en ciertas instituciones, como la Autoridad de Tránsito y Trasporte Terrestre (ATTT), en la que se menciona, por ejemplo, una concesión con la empresa Sonda.
Sonda, junto a la ATTT y el Metro, gestiona el sistema de recaudación electrónica del transporte público (metrobús y metro), con una operación de más de trescientos terminales de autoservicio y más de mil puntos de recarga.
En la misma “Agenda” figura, además, una concesión para la digitalización de los revisados, aparentemente vehiculares, cuya “participación” en el cuadro dice “por definir”. Este servicio de revisado digital también fue concretado en la pasada administración.
Más negocios
Otras concesiones a las que alude la mencionada “Agenda” son una “escuela de manejo” con participación de 80% en acciones; la “solución de conflicto–Tupasa/Mi Bus”, con una participación no definida (“% mensual”); la “concesión–emisión de folletos educación vial / ATTT”, también con participación no definida (“% mensual”).
En lo que sí había una clara definición era en la participación, por ejemplo, de la “concesión–Terminal/Aguadulce”: “US$75,000.00”, y en el “seguimiento” de una cuenta denominada “BW”, con “participación” de “US$ 350,000.00”, indica el documento que estaba en posesión del operador y abogado Luis Acevedo, exsocio de Gaby Carrizo.
Otro de los negocios, con “participación sin definir” en aquel momento eran concesiones en “Merca” Panamá, que incluían una “nave” (una de las cuatro infraestructuras techadas, diseñadas para que los vendedores mayoristas y al por menor comercialicen sus productos agrícolas, como frutas, verduras, hortalizas y tubérculos). También aparece en la “Agenda” el negocio de concesionar en Merca baños y locales, así como una “distribuidora” de productos. Se desconoce si estos negocios se concretaron.
La lista de “oportunidades” de negocio incluye otros rubros, pero el punto 10 de la “Agenda” revela la compraventa de fincas durante la vigencia del gobierno para construir las mansiones de la pareja Carrizo-Spiegel y la de los padres de su esposa, Julieta Spiegel, así como las dos fincas que compró el propio Acevedo (la de sus oficinas y una en Penonomé), descritas en la entrega anterior.
Bajo las siglas EJ&A hay otro cuadro que menciona un banco, una notaría, una aparente sociedad anónima y otras “sociedades extranjeras”, así como el Consulado de Tokio, acompañadas cada una con cifras de aparentes proyecciones mensuales en dólares. Están marcados como “clientes” y una “proyección / mensual US$50,000.00”.
El punto 12 de la “Agenda” dice “LA – Asesoría US$ 5,000.00”. Coincidencia o no, esas siglas “LA” también corresponden a las del abogado Luis Acevedo.
Los scafid
Otro documento muy revelador es uno que contiene cifras –aparentemente de dólares– en cantidades de decenas de miles, repartidos a través de varios meses y que suman, en total, casi $237 mil, y a su lado, también en letra manuscrita, números de scafid (Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos) de la Contraloría, del año 2019.
Por ejemplo, el scafid No. 8666470 del año 2019. Se trata de un trámite ante la Contraloría para cobrar $956 mil a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a favor de una empresa denominada Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), por el avance correspondiente del 16 de julio de 2019 (dos semanas después de haber tomado posesión el gobierno de Cortizo) al 1 de octubre de 2019, por la construcción de las nuevas oficinas de la AMP, fase 2.
En el caso del scafid No. 8702216 de 2019, es el cobro de otro cheque a la misma institución –AMP–, esta vez por el avance de obras del 2 de octubre al 15 de noviembre de 2019 del mismo proyecto. Pedían el pago de casi $352 mil.
En cuanto al scafid No. 8704852 de 2019, era una gestión de cobro al Ministerio de la Presidencia –liderado entonces por el hoy exvicepresidente Gaby Carrizo– de algo más de $200 mil a favor de Pan America Construction, Corp. (Pamco).
Ambas sociedades tienen como suscriptores y agentes residentes a abogados de la firma Reyna Abogados (Líctor Enrique Reyna y Rubén Alberto Gordillo). Esta firma representa también a Juan José Zonta, vinculado a un escándalo en la construcción del Centro Regional Universitario de San Miguelito, en el que supuestamente fondos del consorcio que edificaba la obra fueron desviados a cuentas personales de Zonta.
En el caso de Iverco, esta sociedad fue creada en septiembre de 2009, solo semanas después de que Ricardo Martinelli tomara posesión como presidente de la República. Su actual presidente, secretario y tesorero es José del Carmen Ureña González.
Iverco fue, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), contratista de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Los contratos de Iverco con Etesa suman decenas de millones de dólares. Sólo uno de sus proyectos –en consorcio con la empresa venezolana Neminca C.A., también constituida por Líctor Enrique Reyna– sobrepasó los $35 millones.
En el caso de Pan America Construction, Corp., además de los ya mencionados suscriptores, hubo un tercero: el abogado Luis Fraiz Docabo. Este último ha sido representante legal de los restaurantes Boulevard Balboa, de la familia de una de las llamadas “periquitas” en el juicio del caso Odebrecht: Aurora Muradás, una de las amigas íntimas del expresidente Martinelli.
Esta empresa también tuvo entre sus agentes residentes a la abogada de la familia Martinelli, Evelyn Vargas Reynaga. Específicamente, actuó como representante de empresas vinculadas a los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, pero luego declaró en su contra en el caso Odebrecht.
“Yo he sido utilizada por los señores Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Han utilizado mi nombre para realizar toda esta tanda de basura en la que ellos a mí me han metido”, dijo Vargas en una declaración indagatoria.
Vargas logró acuerdos de pena y de colaboración de 40 meses de prisión en el caso Odebrecht y otros 40 meses en el caso Blue Apple. Ambas condenas fueron acumuladas, totalizando 80 meses de prisión, razón por la que se solicitó su arresto, pero dado que no ha sido localizada, se le considera prófuga de la justicia.
Hogar, dulce y lujoso hogar
Si los negocios de esa lista o “Agenda” se habrían concretado y hubiese una participación de allegados, o socios o familiares del exvicepresidente Carrizo, ello explicaría muchas cosas.
Luis Acevedo Ureña –a quien este medio le envió un cuestionario de 12 preguntas el pasado viernes 13 de febrero, sobre todas estas actividades y negocios, pero que se negó a responder– adquirió su casa no hace mucho; hace dos años para ser exactos.
Se trata de una lujosa residencia de unos 330 metros cuadrados, incorporada al régimen de propiedad horizontal, ubicada en el exclusivo residencial de Santa María, denominado The Woods. Cuenta con dos niveles, dos estacionamientos, tres recámaras –con baño cada una–, terraza techada, depósito, portal y vestíbulo, cocina, lavandería, den, tinaquera soterrada, sala familiar, etc., etc., etc.
Para la compra de esta casa, Acevedo suscribió una hipoteca que le concedió un banco donde su cara –y la de otros amigos del exvicepresidente Carrizo– ya era muy conocida: la estatal Caja de Ahorros.
El crédito fue pactado en $620 mil, aunque la transacción total fue por un monto superior: $821 mil 341, de los cuales, el vendedor de la propiedad recibió de Acevedo Ureña la suma de $201mil 341, “a su entera satisfacción de manos del comprador”. A la suma del crédito hay que agregarle el pago de los intereses, los gastos de mantenimiento del P.H. y primas de un seguro de vida, entre otros gastos puntuales y/o recurrentes.
Los documentos de compraventa detallan que Acevedo “declara que conoce y se hace responsable del origen legal del dinero con el cual se cancelan los montos a los que se refiere el presente contrato…”.
Además, la empresa vendedora aclara que el precio de la residencia “no incluye el costo de suministro ni instalación de lámparas, artefactos eléctricos, molduras decorativas internas, accesorios de los baños, electrodomésticos o cualquier otro elemento decorativo…” ni tampoco “la membresía del Santa María Country Club ni la membresía de la cancha de golf”.
Esta residencia, que según las escrituras fue “la primera operación de venta” del proyecto, obtuvo el préstamo de la Caja de Ahorros el 9 de agosto de 2023, crédito que debe cancelar en cinco años, aunque, a discreción del banco, puede prorrogar el pago durante seis períodos de cinco años cada uno, hasta un máximo de 35 años.
Según las mismas escrituras, Acevedo debe hacer abonos mensuales de casi $3,500 al mes, más los gastos de mantenimiento del P.H. Pactó una taza de interés efectiva del 5.78% (actualmente esa tasa es del 6%) y un plazo máximo de hasta de 35 años (actualmente, el plazo máximo es de 30 años).
