Cuando Guillermo Ferrufino asumió como ministro de Desarrollo Social en julio del 2009, no tenía experiencia política, estudios universitarios ni las cuatro casas que adquirió mientras ostentó el cargo, valoradas en total en más de 2.2 millones de dólares. Tampoco tenía la condena de seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, ni la otra por corrupción de funcionarios públicos que tendría diez años después de dejar el poder.
Hasta el día en que el expresidente Ricardo Martinelli lo puso al frente de las políticas sociales de su gobierno, Ferrufino era conocido como presentador de televisión, tenía 35 años y vivía en un chalet común cerca de La Chorrera, al lado de una cementera. Subido al cambio que pregonaba su jefe político, escaló de la Interamericana a la zona del Canal, en una mansión que compró el 1 de junio del 2010 por $650 mil.
El cambio de domicilio le sirvió para postularse como alcalde de la ciudad de Panamá, aunque enseguida desistió. Ferrufino dijo entonces que era por razones médicas, pero ya estaba en el ojo de la justicia investigado por varias causas.
La Procuraduría de la Nación sospechó que acrecentó fortuna más de lo que podía justificar con su salario de ministro -cobraba $7 mil al mes que, tras las deducciones de impuestos, caía a menos de $6 mil-. Ferrufino no pudo justificar los $2 millones 288 mil invertidos en bienes y fue condenado en dos oportunidades, la última el 15 de febrero de este año. Pero sus problemas no terminaron allí.
Ahora en la historia hay un nuevo capítulo de terror: el exministro no habría terminado de pagar la casa de Albrook en la que vive. El vendedor lo empuja a otra demanda.
Mala paga
El exministro vive en una mansión que se comprometió a pagar en su totalidad a los cuatro meses de su compra. Casi 13 años después, el dueño anterior sostiene que no pagó.
Informes exclusivos a los que accedió La Prensa revelan que el contrato de compra-venta, firmado el 1 de junio del 2010, estableció que el monto debía cancelarse antes del 1 de noviembre del mismo año en cinco pagos. Ferrufino solo realizó dos; es decir, pagó 365 mil 727 dólares de los $650 mil.
El documento está firmado por el exministro y Robert Fahy Espinoza, el vendedor de la propiedad que se encuentra a nombre de la sociedad Villa Icaria, S.A.
Los documentos muestran también que los pagos que concretó los consiguió hacer a través de un préstamo que obtuvo con la Caja de Ahorros cuando estaba rodeado de esos procesos judiciales y para cancelar la deuda que tenía Villa Icaria, S.A. con The Bank of Nova Scotia, entidad con la que tenía una deuda hipotecaria por la propiedad.
Con ese préstamo de $365 mil, Ferrufino canceló esa deuda hipotecaria y pagó, de manera parcial, lo adeudado a sus dueños.Todavía debía $285 mil.
Cansados de esperar, de las evasivas y de no tener respuestas, la familia Fahy Espinoza inició acciones legales en 2017. La intención era declarar la nulidad mediante proceso ordinario de mayor cuantía contra Guillermo Ferrufino, en virtud de lo dispuesto por el artículo 159 del Código Judicial de Panamá.
La historia continúa
La demanda realizada por Robert Fahy Espinoza contra Ferrufino fue admitida el 17 de octubre del 2017 por la jueza Decimoquinta del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lina E. Castro De León.
La respuesta de los abogados de Ferrufino a la demanda fue enviada el 9 de marzo del 2018, cinco meses después. Luis Moreno López calificó la demanda como “ilegítima” y pidió la prescripción de la deuda, porque “las obligaciones comerciales prescriben en cinco años, quiere decir que Villa Icaria tenía para demandar hasta el 7 de noviembre del 2015″. Es decir, reconocieron la deuda pero no quieren pagar.
La Prensa contactó a Ferrufino y a uno de sus abogados, para conocer su versión e incorporarla en este reportaje. Pero al cierre de esta edición, no se recibieron comentarios sobre este asunto.
Seis años después de iniciado el proceso, el Juzgado Decimoquinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró de oficio la nulidad del proceso. Consideró que no tiene jurisdicción o competencia, por ser un tema “arbitral” y ordenó pasarlo a un plano “comercial”.
El 23 de octubre del 2022, el juez le corrió la bola al Centro de Conciliación y Arbitraje (CeCaP)de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). La Prensa contactó al CeCaP, que respondió de manera escueta: “El Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá no comenta a nivel mediático de casos (sic), con gusto podemos atender preguntas sobre procedimientos”.
En la respuesta, aclaró que ofrecen “al sector empresarial los servicios de administración de arbitrajes y conciliaciones como alternativas modernas a la solución de controversias comerciales”.
Así, la historia continuará para el hombre que soñaba con ser presidente y terminó rodeado de causas judiciales por lo que hizo en aquellos tiempos de ministro del expresidente Martinelli. Aquellos buenos tiempos lo trajeron hasta estos, que mira y sigue desde una mansión que nunca pagó.
