Por casi 15 años, Panama Ports Company (PPC) no pagó dividendos en relación con la participación accionaria de 10% perteneciente al Estado panameño. No desembolsó ni un real. Pero, un día, pródigamente apareció con un par de cheques que sumaban aportes por $150 millones.
Aquello sucedió el 21 de mayo de 2021.
Como si se tratara de un repentino acto de iluminación, seis días después, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se declaró en sesión permanente para discutir la continuidad de la concesión que había sido otorgada a PPC a través del contrato ley 5 del 16 de enero de 1997.
¿Por qué en 2021 había plata en semejantes cantidades, pero en tantos años anteriores no?
PPC nunca explicó por qué no pagaba dividendos a Panamá.
Antes de ese año, solo había entregado $8 millones en dividendos: en 2015 pagó $1 millón; en 2017, $2 millones; en 2018, otros $2 millones, y en 2019, $3 millones.
Pero aquel 21 de mayo apareció con dos cheques, que se desglosaban así: $83 millones, que correspondían a dividendos por el 10% de participación accionaria; $20 millones en concepto de dividendos pagados por adelantado por los próximos cinco años (presumiblemente, los de 2021 a 2025), y un “aporte liberal en dividendos” de $27 millones, para “mostrar solidaridad en estos tiempos críticos”, en aparente alusión a los días de la covid-19; además de $20 millones para un programa educativo del Gobierno, “que consiste en internet gratuito para todos”.
¿Qué sentido tenía que una compañía que en tiempos normales prácticamente no había pagado dividendos, entregara ahora un anticipo por los cinco años posteriores a una pandemia? ¿Qué pasaba si, al cabo de esos cinco años, tampoco se devengaban dividendos? O, peor aún, ¿con qué base el Estado podría recibirles anticipos aplicables a años posteriores a la vigencia del contrato, dado que entonces (supuestamente) todavía no había sido renovado?
En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consta que el monto que finalmente ingresó a las arcas ese año fue de $130 millones. Esto reveló otra incongruencia: públicamente se anunció que serían $150 millones, pero en la práctica se registraron $20 millones menos. ¿Quién se quedó con la diferencia?
No queda claro cómo se aplicaron los supuestos “adelantos” anunciados en 2021, porque en 2022 el MEF recibió un pago de $15 millones en concepto de dividendos.
Y, aunque no consta en la información del MEF a la que tuvo acceso este medio, PPC informó a La Prensa que en 2025 entregó dividendos al Estado por $7 millones.
Por tanto, en total, en casi 30 años, el Estado panameño recibió $160 millones en concepto de dividendos, de los cuales el 81.2% corresponde al aporte entregado en un solo año, 2021, cuando buscaban la renovación de su concesión por 25 años más. Eso equivale a 20 veces todos los años anteriores juntos. ¿Acaso el movimiento de contenedores se disparó? ¿Qué sucedió en el mundo para que eso pasara?
También cabe resaltar que, según el contrato ley firmado en 1997, PPC realizó un préstamo de $30 millones a su contraparte, la AMP, “para contribuir a sufragar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores” que laboraban en ambas terminales antes de su privatización. ¿Cómo se pagó ese préstamo? Las partes acordaron que, por siete años, PPC podría “deducir” los pagos mensuales que debía realizar el Estado durante ese período, es decir, hasta el 21 de enero de 2004. No se específica si esos pagos correspondían a los dividendos o a los cánones por movimiento de contenedores.
Finalmente, la AMP autorizó la “prórroga automática” del contrato ley 5, lo que extendió la concesión de PPC hasta el año 2047. Ese contrato, sus adendas y su prórroga fueron declarados inconstitucionales el pasado 29 de enero de 2026 por la Corte Suprema de Justicia. El fallo fue publicado en Gaceta Oficial el 23 de febrero pasado. Ese mismo día, el gobierno declaró la “ocupación” de los puertos de Balboa y de Cristóbal y, acto seguido, otorgó la concesión temporal a APMT Panama (filial de la danesa Maersk) y TIL Panamá (del gigante de capital italiano Mediterranean Shipping Company o MSC), respectivamente.
Mientras duren esas concesiones temporales (18 meses), el Estado recibirá un canon fijo de $15 millones ($7.5 millones por la operación de cada terminal), más un canon variable por movimiento de contenedores. El ministro del Canal, José Ramón Icaza, calculó que el Estado, en total, podría recibir $100 millones.
Se desconoce qué valor actual puede tener la participación accionaria del Estado panameño en PPC, ahora que esa empresa se quedó sin contrato y cesó su operación en las terminales.
Por esa participación accionaria, al Estado le corresponde un puesto en la junta directiva de PPC. Ese asiento actualmente lo ocupa Roberto Brenes, por designación del presidente José Raúl Mulino.
