El impacto económico de la corrupción en Panamá queda impune.
Una investigación de Revista Concolón y La Prensa evidencia que la justicia solo logra recuperar una pequeña fracción de los montos consignados en procesos judiciales por blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, ya que cuando se establece la lesión patrimonial, esta no supera un tercio de lo defraudado y lo recuperado no llega ni a la mitad de esa lesión.
Son los 4 millones de panameños los que pagan el costo directo de la corrupción y los que padecen sus impactos: mayor desigualdad, daños en la confianza de las instituciones y en la reputación del país, lo que incide en la inversión extranjera y la recaudación de impuestos, entre otros aspectos destacados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Por qué la justicia en Panamá no logra hacer pagar ese daño al puñado de políticos, funcionarios y aliados que roban?
El procurador Luis Carlos Gómez Rudy apuntó, en julio pasado, a la necesidad de introducir cambios legales para incorporar técnicas especiales de investigación para estos delitos complejos, ampliar sus plazos de prescripción y reforzar la protección para denunciantes, entre otras cuestiones.
“Es un sancocho”, dijo un experto que participó en el “Estudio y análisis por delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública”, elaborado por la Procuraduría General de la Nación con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos. La frase describe la confluencia de hasta cinco problemas identificados por otros especialistas y funcionarios judiciales consultados para este trabajo: bienes opacos, recursos limitados, falta de cooperación interinstitucional e internacional, cultura institucional y el miedo, corrupción o “amiguismo”.
1. ¿Dónde está el dinero?
Uno de los problemas es la dificultad para acceder a todos los bienes de los investigados. Aunque en una investigación judicial el superintendente de Sujetos no Financieros tendría que dar la información sobre los beneficiarios finales de las sociedades panameñas, no siempre los tiene o los conoce. Los delincuentes “usan estructuras jurídicas que les permiten vivir sin nada a su nombre, por lo que los investigadores no logran ubicar sus bienes”, explicó Carlos Barsallo, abogado fundador del Instituto de Gobierno Corporativo (IGCP).
Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación, apunta que muchas veces también son protegidos. Por ejemplo, “los bancos muchas veces prefieren cuidar al cliente que colaborar con la justicia; reportan lo mínimo o lo hacen tarde”.
2. El delito va más rápido
El “sancocho” incluye también el desbalance de recursos y de velocidades. Frente a un Estado pesado, hay equipos ágiles y con mucho presupuesto para contratar a los mejores expertos, que siempre van muchos pasos adelante de los investigadores.
“Cuando llegué, había fiscales que no manejaban una chequera”, recordó Gómez.
“La falta de especialistas hace que muchas pistas se pierdan antes de que el Ministerio Público (MP) pueda actuar”, agregó la directora del capítulo local de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía.
Otra fuente consultada, encargada del análisis de las sentencias por delitos de corrupción de los últimos cinco años, destacó una curva de aprendizaje desde los casos complejos gestados durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli hasta la actualidad. “La institución no estaba preparada para lidiar con esos casos, por lo que avanzaron más lento o quedaron anclados, mientras que los más nuevos avanzaron más rápido”. En el camino, se sumó el cambio del sistema inquisitivo mixto al penal acusatorio.
3. Cultura institucional
En Panamá, la justicia ha operado bajo una cultura del castigo enfocada en encarcelar a los acusados antes que en lograr restituir los bienes sustraídos del erario público. En corrupción y blanqueo, devolver el dinero al Estado ha sido secundario.
“Eso ha ido cambiando”, advirtió el experto involucrado en el análisis de los fallos por corrupción, gracias a algunos esfuerzos puntuales de recuperación de activos. Pero, aun así, en la práctica, esa cultura persiste.
4. Coordinación local y cooperación internacional
En un solo caso pueden intervenir, además del MP, los juzgados y la Contraloría, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) —con información fiscal y bancaria, respectivamente—, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —ejecución de embargos— y la Policía Nacional, en investigación y/o captura. Por eso, la fiscal Grisel Mojica remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional.
Además, como quedó demostrado en la investigación del caso Odebrecht, los corruptos suelen construir sofisticados y complejos andamiajes financieros que unen puntos de jurisdicciones opacas, como Belice, Islas Vírgenes Británicas y Suiza —esquema que incluyó a Panamá también como una offshore—, para “lavar” el dinero sucio proveniente de sobornos o malversación de fondos.
Lograr la cooperación de esos territorios es un desafío: algunos garantizan el secreto a estas personas —como fue el caso de funcionarios y políticos en Panamá o magistrados en Brasil en el caso Odebrecht—, mientras que otros requieren una serie de procedimientos que retrasan las investigaciones.
5. Miedo, corrupción y ‘amiguismo’
Los casos en los que están involucradas personas de alguna relevancia reflejan la influencia del poder económico y el amiguismo. A veces, “el poder judicial no puede o no quiere sancionar al poder económico y político”, señaló un especialista en derecho penal.
Otras veces pesa el miedo a enfrentar imputados que podrían hacerte renunciar o despedir. Por lo mismo, los testigos temen denunciar. Una propuesta legislativa presentada por el diputado independiente Jorge Bloise pretendía aumentar la protección a potenciales denunciantes y testigos de actos de corrupción, pero fue rechazada por el pleno legislativo en segundo debate. También está el proyecto de ley 291, que adopta una ley general anticorrupción, presentado por el procurador Gómez Rudy en julio pasado. El proyecto, que dicta medidas para preservar la identidad e integridad de testigos, denunciantes y colaboradores eficaces, ha sido ignorado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que ni siquiera la ha incluido en su agenda del día.
La corrupción también es un factor. Entre los fallos analizados para esta investigación, hay varias sentencias que involucran a jueces y funcionarios judiciales que cobraban una tarifa o coima a cambio de demorar el curso de los expedientes para que prescribieran o por sentencias favorables o absoluciones de pena.
