El escándalo desatado el pasado 28 de abril en Colombia, tras conocerse las acusaciones de contrabando, evasión de impuestos, lavado de activos e incluso enriquecimiento ilícito de particulares en el caso de la cadena Lili Pink, tiene crecientes ramificaciones en Panamá, donde abogados y directores nominales de sociedades locales que serían parte del grupo empresarial colombiano han empezado a renunciar cuando aún no se seca la tinta sobre las órdenes de detención giradas por fiscales del vecino país contra una decena de acusados.
La Fiscalía de Colombia enfrenta un caso complejo en el que intervienen instrumentos societarios tanto de ese país como de Panamá para, presuntamente, contrabandear mercancías, lavar dinero y evadir impuestos.
Las primeras investigaciones revelan el papel relevante de sociedades “fachada” constituidas en Panamá con supuestos testaferros para mover mercancía desde China y Panamá con destino a Colombia y, además, ocultar a los verdaderos responsables de la operación ilegal.
La operación
Esta semana se informó de la captura —el pasado 26 de abril— de uno de los nueve acusados con órdenes de arresto. Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, representante legal de al menos siete sociedades “fachada”, supuestamente creadas para importar mercancía, mover dinero y asumir riesgos jurídicos dentro del esquema ilegal, sostiene la fiscalía colombiana.
Estas “compañías” introducían mercancía a Colombia mediante operaciones irregulares en Aduanas que incluían la subfacturación. Una vez dentro del país, los productos pasaban a los canales formales de comercialización, es decir, a las tiendas de la marca Lili Pink, entre otras. La comercialización de la mercancía —según la fiscalía— convertía presunto dinero ilícito en ingresos aparentemente legales, produciéndose así el supuesto lavado de activos.
Para llegar a este último paso, primero se constituían sociedades en las que deliberadamente no aparecían los verdaderos beneficiarios. Se utilizaban personas de bajo perfil o testaferros; incluso, figuraba hasta un chofer. Luego, estas “empresas” importaban al mercado colombiano prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos de consumo masivo desde Panamá y China.
Esta operación producía ganancias constantes y crecientes que debían pagar impuestos en Colombia, pero lo que en realidad ocurría era que el dinero era sacado del país mediante complejas operaciones financieras o pagos ficticios entre compañías. También se evadían responsabilidades tributarias y aduaneras mediante la creación y disolución constante de sociedades que, al desaparecer de la vida jurídica, dejaban tras de sí una estela de deudas y obligaciones con el Estado, informaron los fiscales. Únicamente sobrevivían las cuentas por cobrar y los activos; todo lo demás caía en saco roto.
Este patrón fue una de las debilidades del esquema y abrió la posibilidad de una investigación judicial debido a ese sospechoso e inusual comportamiento.
El rol de Panamá
En las publicaciones que siguieron al primer impacto del escándalo en Colombia, un nombre ha salido a escena, además del de Martínez y los miembros de las familias que estarían detrás de los sospechosos negocios. Ese nombre corresponde al de un nicaragüense con residencia en Panamá llamado Malaquilla Bismar Hernández.
Este personaje es identificado en medios digitales colombianos como un poderoso empresario, pues preside o es dignatario en cerca de una veintena de sociedades panameñas, algunas propietarias de importantes y multimillonarios negocios en Colombia. Sin embargo, en Panamá, Hernández cuenta con un aviso de operación comercial que describe una realidad muy distinta.
Se trata de un comercio llamado Delicias Elieth —con un capital invertido de apenas $1,000— ubicado en el modesto barrio capitalino de La Siesta, cercano al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según documentos oficiales, desde hace seis meses se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales. Ese es el negocio de Hernández en Panamá, completamente alejado del glamour de la moda femenina.
En Colombia, la situación es distinta. Su nombre aparece en este caso ya que, de acuerdo con las autoridades colombianas, habría controlado empresas como Unique International, S.A.S. y la sociedad panameña Twome, S.A.
Las autoridades detectaron su presencia en cambios societarios, frecuentes movimientos de control accionario y en sus ingresos y salidas de la propiedad de estas compañías. Por ello, es objeto de investigación.
Y no es un asunto menor. La sociedad Twome fue reportada por Hernández ante la Cámara de Comercio de Bogotá como la única propietaria de Unique International, S.A.S., empresa fabricante de condones masculinos y femeninos. Esta compañía se fundó en 2015 en Colombia y ese mismo año recibió $1.1 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates por sus productos innovadores.
Dos años después —en marzo de 2017— se fundó en Panamá Twome, S.A., con un capital social de $10 mil. La sociedad fue presidida desde el principio por Malaquilla Bismar Hernández. Junto a él figuraban Abigail Arauz Chavarría, como secretaria y tesorera, ambos con domicilio en calle Andrés Mojica, calle 75E, San Francisco, Panamá, dirección que también correspondía al agente residente: el abogado Danilo Enrique Adames Adames.
En agosto de 2021, como ocurrió en casi todas las sociedades panameñas en las que aparecía Hernández, se incorporaron a la directiva —en reemplazo de Arauz Chavarría— Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses, como secretaria y tesorera, respectivamente, ambas con domicilio en una oficina del P.H. Bay Mall, en la Avenida Balboa. Hernández permaneció en el cargo de presidente de la sociedad hasta la actualidad.
Antes de terminar ese año, se modificó el pacto constitutivo de Twome para permitirle importar y exportar todo tipo de mercancías, incluidas propiedades personales. Además, se le agregó una función adicional: contratar agencias aduaneras, de carga y transporte, con la “intención de apoyar la importación y exportación…”, entre otras actividades.
En marzo de 2025, Yvette Esses Esses dejó su cargo en esa sociedad y fue reemplazada por Héctor Adames Rodríguez, quien había actuado como tramitador en la constitución de esa misma sociedad en 2017.
Hernández aparece presidiendo más de una docena de sociedades aparentemente vinculadas al grupo investigado en Colombia. Por ejemplo, presidió, a partir de junio de 2015, Damax, S.A., creada en Panamá en 2001. Originalmente, la sociedad fue presidida por Max Abadi Harari, mientras que Joyce Abadi Homsany ocupaba la vicepresidencia. Además, figuraban en la directiva Ivette Abadi Homsany (tesorera), David Max Abadi Homsany (subtesorero) y Max Abadi Harari (secretario).
En agosto de 2021 ingresaron Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses. Un año después, el agente residente de la sociedad —Danilo Enrique Adames Adames— fue reemplazado por la firma Morgan & Morgan, aunque Hernández permaneció como presidente. Posteriormente, Morgan & Morgan se fue incorporando gradualmente a otras sociedades presididas por Hernández.
En total, Malaquilla Bismar Hernández pasó a presidir nueve sociedades entre el 24 y el 25 de junio de 2015; una más el 1 de julio del mismo año, y otras tres el 21 de marzo de 2017. A su vez, Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses ingresaron a esas mismas sociedades entre el 13 de julio y el 9 de agosto de 2021.
Esas sociedades son Damax, S.A., Fiveshe, S.A., Maxyvet, S.A., Pink Aruba, S.A., Maxjoy, S.A., Silver Sea Holding, S.A., Malta Blue, S.A., Nepal Blue, S.A., Fiji Blue, S.A., Construcciones Bocc Panamá, S.A., Active Company, S.A. y Mail Blue, S.A., además de Twome, S.A.
Renuncias
Tras el escándalo, abogados y directivos de sociedades panameñas vinculadas al grupo colombiano han presentado su renuncia a los cargos que ocupaban. Por ejemplo, una empresa clave dentro del engranaje empresarial colombiano es la sociedad panameña Bestsea Blue, S.A., propietaria de la colombiana Fast Moda, S.A.S., operadora de las marcas Lili Pink y Loi.
Bestsea Blue se constituyó en Panamá el 11 de noviembre de 2020 con un capital social de $10,000. Sus dignatarios eran, una vez más, los mismos de siempre, incluido Malaquilla Bismar Hernández y su agente residente, Danilo Enrique Adames Adames, aunque esta vez bajo la firma de abogados Adames Lex.
Al igual que ocurrió con otras sociedades, en esta también ingresaron Yvette Esses Esses, como secretaria, y Julián Ríos Rodríguez como director, el 26 de agosto de 2022. Pocos meses después, el 7 de marzo de 2023, la junta directiva completa fue reemplazada, incluido el nicaragüense. La operación se repitió en octubre de 2024 y en junio de 2025.
En septiembre de ese mismo año, durante una reunión extraordinaria de accionistas, se produjo un cambio importante en el pacto social de la empresa: el capital social pasó de 10 mil dólares a 2 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 28 de abril —el mismo día en que el escándalo estalló en Colombia— los directivos de esta sociedad renunciaron en pleno: Danilo Enrique Adames Adames (presidente y agente residente), Astrid Lirieth Escala Clement (secretaria) y Héctor Adames Rodríguez (tesorero).
Lo mismo ocurrió más recientemente —el pasado 4 de mayo— cuando los dignatarios renunciaron a la sociedad panameña Orange Perú, S.A., creada en abril de 2013 y presidida desde el 29 de junio de 2015 por el nicaragüense Hernández. En agosto de 2022, Morgan & Morgan se convirtió en su agente residente y, en julio de 2024, la junta directiva completa fue reemplazada. Sin embargo, la semana pasada también renunció toda su directiva, después de que el escándalo de Lili Pink traspasara las fronteras colombianas.
Preguntas
Fast Moda, S.A.S. tiene activos por un monto de 295 mil millones de pesos —cerca de $80 millones— e ingresos por 600 mil millones de pesos, es decir, unos $160 millones. Esas cifras son públicas en Colombia, pero lo que sigue siendo un secreto es quiénes están detrás de las sociedades vinculadas al grupo empresarial colombiano en Panamá.
¿Cuál es la identidad de quienes se esconden detrás de directores nominales? Seguramente esta pregunta llegará a Panamá a medida que avancen las investigaciones. ¿Hay más sociedades panameñas involucradas en este asunto? Esa pregunta recaerá sobre los abogados de dichas sociedades. ¿Cooperarán las autoridades locales y las firmas de abogados?
¿Lo harán las autoridades panameñas respecto al supuesto contrabando hacia Colombia? ¿Dónde se depositaba el dinero que salía de Colombia o el que se utilizaba para las supuestas operaciones ilegales en este país? Al parecer, Panamá posee algunas de las piezas que podrían ayudar a resolver este escandaloso rompecabezas.
