Ahora que la propuesta de amnistía “política” del diputado perredista Jairo Salazar parece hacer aguas, su colega de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, ha desempolvado un anteproyecto de ley que presentó a finales de julio pasado, que también otorga a la Asamblea Nacional (AN) la potestad de conceder amnistía a todas las personas “vinculadas” a un delito político.
La mayoría del pleno legislativo decidiría qué es un “delito político”, indistintamente de la fase en que se encuentre el proceso judicial.
La propuesta de Camacho fue presentada el 29 de julio pasado y casi de inmediato fue públicamente repudiada por el presidente José Raúl Mulino. En la Asamblea, nadie le había dado trámite. Hasta ahora: Camacho, que preside la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, ha convocado a una sesión este jueves 24 de abril, a las 9:00 a.m., en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
En la agenda de la reunión está el prohijamiento del anteproyecto de ley 64, “que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. La propuesta modifica los códigos Penal y Procesal Penal.
Camacho es amigo, copartidario y vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Si su propuesta se convierte en ley, Martinelli evitaría cumplir con la pena de 10 años y 12 meses de prisión y el pago de la multa de $19.2 millones por blanquear capitales en el caso New Business; también quedaría sin efecto su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El anteproyecto también desarrolla tres particulares interpretaciones de lo que es un “delito político”: 1) cuando la sanción impuesta impida o dificulte el derecho de elegir y ser elegido; 2) cuando la sanción o proceso tenga su origen en “situaciones políticas”, de “presión mediática” o de “persecución”, y 3), cuando, según los convenios, se haya reconocido la condición de “perseguido político” a la persona procesada, enjuiciada o sentenciada.
Cuando Camacho presentó su idea el año pasado, el presidente Mulino guardó distancia. Advirtió que la misma no tenía su consenso, aceptación “ni nada que se le parezca”.
El diputado Luis Eduardo Camacho reacciona tras las palabras del presidente Mulino en las que señaló desconocer la existencia de un proyecto de Ley de Amnistía. https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/HETBlxlffj
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 1, 2024
“La estudiaré como corresponda, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante: yo actuaré en función de la ley (...). Esa ley no tiene mi aprobación”, dijo Mulino el 1 de agosto de 2024, en su conferencia de prensa semanal desde la Presidencia de la República.
Cero y van 2
Con las propuestas de Camacho y Salazar, ya son dos los intentos que se hacen desde el Legislativo, en menos de nueve meses, por librar a Martinelli de prisión.
El 9 de abril pasado, Salazar presentó un proyecto de amnistía legislativa que exculpaba a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como a cualquier persona ligada a los casos de blanqueo de capitales New Business, Blue Apple y Odebrecht.
Lo de Salazar, que al momento de su presentación fue apoyado por 26 diputados firmantes (de todas las bancadas, menos de las de Vamos y Moca), ya fue rechazado en primer debate por la Comisión de Gobierno. Camacho desafió esa voluntad y anunció que presentaría un informe de minoría para que el pleno legislativo apruebe el proyecto en primer debate, de todos modos.
No obstante, esa aprobación por insistencia necesita el voto de por lo menos 36 diputados, apoyo que hasta ahora Camacho y el diputado José Luis Varela, hermano del expresidente Varela, no han podido reunir.
