La cancelación del permiso de funcionamiento de la Universidad Panamericana (UPAM), oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 5 del 26 de febrero de 2026, expone una pregunta de fondo: ¿cómo una institución que no logró acreditarse desde 2012 pudo continuar operando por casi cinco lustros?
El decreto —firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Educación, Lucy Molinar, y publicado en la Gaceta Oficial número 30471-A— establece que la universidad incurrió en “faltas graves y persistentes” a la normativa que regula la educación superior en el país, incluyendo incumplimientos en el proceso de acreditación institucional y deficiencias académicas señaladas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).
Pese a ello, la rectora Damaris Candanedo confirmó que el centro continúa operando con normalidad desde un local ubicado en una plaza comercial en El Cangrejo y aseguró que seguirá impartiendo clases mientras espera una “notificación formal” del Ministerio de Educación (Meduca).
La Prensa estuvo la tarde del lunes 2 de marzo en ese local y no observó estudiantes, aunque la rectora aseguró que estaban en clases.
Cuatro intentos fallidos
De acuerdo con la secretaria general del Coneaupa, María del Carmen Terrientes, la UPAM ingresó por primera vez al proceso de acreditación en 2012 y no cumplió con los requisitos. En 2013 firmó un acuerdo de compromiso que le otorgó una segunda oportunidad, pero tampoco logró certificarse.
“En ese momento, la ley no establecía qué ocurría con las universidades que fracasaban dos veces”, explicó Terrientes, lo que permitió que la institución continuara operando.
La situación cambió con la entrada en vigor de la Ley 52 de 2015, que dispuso que una universidad que no logra la acreditación en dos ocasiones quedaría sujeta a cierre. Bajo ese nuevo marco, la UPAM volvió a someterse al proceso en 2022 y no lo aprobó. Debía presentarse nuevamente en 2023 y tampoco lo hizo.
“En el fondo, esta sería su cuarta no acreditación”, afirmó Terrientes.
La secretaria de Coneaupa subrayó que el Consejo actúa como agencia acreditadora, pero no ejecuta cierres. Una vez remitido el expediente, corresponde al Meduca abrir la investigación administrativa (como ya ocurrió) y comunicar la decisión (como se ha dado a través de su divulgación en Gaceta Oficial). También enfatizó que un decreto ejecutivo publicado en el boletín del Estado tiene fuerza de ley y advirtió que la APAM no puede seguir operando en contra de esa disposición.
‘Nos vamos a mantener’
Candanedo calificó la decisión como “arbitraria” y negó que existan las faltas señaladas. Aseguró que cuenta con aproximadamente 80 estudiantes matriculados. Dijo que hay otros 30 estudiantes que están próximos a culminar sus carreras.
“Nos vamos a mantener con las clases”, afirmó.
La rectora sostuvo que en procesos anteriores demostraron que no existían las cinco faltas atribuidas y señaló que la exministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, les permitió reabrir tras revisar el expediente.
También argumentó que no participaron en una convocatoria anterior porque, según su versión, el Coneaupa no había abierto procesos en ese momento.
“Las convocatorias se hicieron nuevamente en 2021 y ahí fue donde entramos otra vez”, aseguró.
Indicó, además, que no pudo completar el trámite debido a un expediente abierto que, según dijo, impedía cumplir con ciertos requisitos.
Candanedo añadió que la UPAM operaba en una sede aprobada por la Universidad de Panamá y que posteriormente se trasladó a otra instalación por adecuaciones pendientes.
“Tenemos las cinco resoluciones de nuestras carreras, firmadas por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores”, afirmó.
Incluso acusó directamente a Terrientes de mantener una “persecución” en su contra.
“Nosotros le tenemos un proceso abierto. Ella ha perseguido a medio mundo”, expresó. Se desconoce a qué “proceso” se refiere.
Su abogado, Teófanes López, adelantó que interpondrán un recurso legal para intentar revertir el decreto del Meduca y sostuvo que no considera estar en desacato porque, a su juicio, la decisión es “ilegal”.
Impacto en los estudiantes
El Decreto Ejecutivo 5 también establece medidas para salvaguardar a los estudiantes.
Según explicó Terrientes, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), adscrita a la Universidad de Panamá, debe designar un auditor académico que determine los plazos y condiciones.
Los estudiantes con más del 50% de los créditos aprobados deberán culminar en la institución; quienes tengan menos podrán trasladarse conforme a las reglas de convalidación. Los expedientes académicos y administrativos deberán quedar bajo custodia de la CTDA.
Mientras tanto, la UPAM —que desde hace un tiempo figura entre las universidades que más abogados ha graduado en el país— mantiene abiertas sus aulas, a pesar de que no logra acreditarse desde 2012 y de que el decreto ejecutivo que cancela su funcionamiento ya fue publicado en la Gaceta Oficial.
La Prensa intentó conocer si el Meduca ha verificado el cumplimiento de la orden y qué acciones adoptará frente al anuncio de continuidad de operaciones; sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.
