A cinco días del cambio de Gobierno, el presidente Ricardo Martinelli expidió un Decreto Ejecutivo que reconoce indemnizaciones a los funcionarios públicos que renuncien o sean despedidos –justificada o injustificadamente– de sus cargos.
La norma, que recién fue divulgada en la Gaceta Oficial de hoy, jueves, lleva la firma de Martinelli y de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, y reglamenta las leyes 39 y 127 de 2013. La primera reconoce prestaciones laborales a los servidores públicos y la segunda, establece un régimen de “estabilidad laboral” a favor de estos.
El nuevo Decreto Ejecutivo No. 52 del 26 de junio de 2014, de apenas tres artículos, señala que “los servidores públicos amparados por el régimen de estabilidad laboral que se desvinculen de la entidad pública por renuncia, destitución justificada e injustificada se le elaborará una planilla para el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos como vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo tercer mes porporcional, prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año laborado de forma continúa al servicio público aunque fuere en distintas instituciones. En caso de que el funcionario no completar el año una prima de antigüedad proporcional; e indemnización por destitución injustificada en los casos que correspondan”.
El pago, además, será inmediato y no exime al trabajador de presentar acciones legales, si considera que sus derechos han sido violados.
“Las diferentes instituciones deberán entregar el cheque cancelado, las prestaciones y los derechos adquiridos en la fecha en que se haga efectiva la renuncia, destitución justificada e injustificada, sin perjuicio de las acciones legales que puedan ejercer el servicio público por la violación a sus derechos laborales”, dice el Decreto Ejecutivo No. 52.
La acción beneficiaría a 205 mil 119 trabajadores que, según la Contraloría, conforman la planilla del Estado, hasta abril pasado. En enero eran 194 mil 361, lo que significa que en los meses previos a las elecciones, el número de empleados públicos aumentó 5.5%.