El pasado 26 de octubre, el Congreso del estado mexicano de Tamaulipas aprobó la legalidad de los matrimonios entre el mismo sexo, con lo que este enlace civil es ya válido en todo el país sin necesidad de un amparo.
Ante ello, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó a concluir la armonización legislativa que aún está pendiente en unos cuantos estados, donde se reconoce el matrimonio igualitario, “pero con base en la jurisprudencia obligatoria a nivel nacional [emitida por la Suprema Corte], por lo que este derecho aún no está plasmado en su legislación civil”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había declarado en 2015 que era inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, pero las parejas del mismo sexo debían tramitar amparos para casarse en los estados que no habían reforma su código civil.
El organismo alentó también a las entidades federativas a seguir adoptando lo más pronto posible todas las medidas necesarias para garantizar otros derechos de las personas de la comunidad LGBTI+.
La ONU-DH reconoció el aporte “fundamental” para alcanzar este logro de todos aquellos actores que han impulsado la agenda de la diversidad en México, especialmente activistas, organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados locales, así como diversas instancias del Gobierno “comprometidas con la protección del derecho a la igualdad”.