El canciller panameño Francisco Álvarez de Soto es quien debe aprobar una propuesta que fortalecería el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías, entre ellas, la de libertad de expresión.
Así lo dio a conocer Arturo Vallarino, embajador panameño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien participa en el 44 periodo ordinario de sesiones de este organismo regional, celebrado en Asunción, Paraguay (del 3 al 5 de junio).
“Hay un proyecto de resolución (...) cuya propuesta, según me han informado, tienen la intención de patrocinar Costa Rica, Jamaica y Canadá”, que intenta “fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, su autonomía, su independencia económica”, explicó Vallarino a La Prensa.
Vallarino enfatizó que este documento vendría a “ser un poco la contraparte del proyecto presentado por Ecuador”. “Esto es un poco para frenar las intenciones de Ecuador”, reiteró.
Y es que la reforma de la CIDH, que incluye propuestas para aumentar el control de sus actividades por parte de los gobiernos y el cambio de su sede, volvería al debate en la Asamblea General de la OEA, a iniciativa de Ecuador, un gran crítico del organismo.
Se informó que el canciller Álvarez de Soto llegaría la noche de este martes a Paraguay, acompañado de la vicepresidenta electa panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado.Vallarino informó también que ya Ecuador presentó su propuesta, que busca trasladar la sede de la CIDH –actualmente en Washington– y que propondrían llevar a Haití, se ha conocido. Ecuador también plantea controlar el tema del financiamiento de las relatorías.El embajador panameño indicó además que existe un plazo hasta las 11:00 a.m. de este miércoles [10:00 a.m. hora de Panamá], para que los países presenten nuevos proyectos de resolución. No obstante, adelantó que “es muy probable que el tema no se considere hasta el jueves (5 de junio), cuando “se van a considerar los proyectos nuevos”.La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH ha jugado un papel crucial en la observación, protección y denuncia de este derecho en los países del hemisferio y se ha enfrentado a reiteradas propuestas por parte de los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), para que los países tengan mayor injerencia política en sus acciones y que se limite su capacidad financiera.