Luego de meses de recolección de firmas, el Tribunal Electoral (TE) comunicó ayer que Gerardo Solís, Esteban Rodríguez y Gerardo Barroso serán los tres candidatos que podrán optar por la libre postulación a la Presidencia de la República, en las elecciones del próximo 4 de mayo.
La tripleta, de acuerdo al TE, fue la que contó con más adherentes, y de esta manera se unen a los candidatos de los partidos políticos: Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista; José Domingo Arias, de Cambio Democrático (CD), y Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia.
Este medio conoció que tras la depuración, el TE certificó a Gerardo Solís 36 mil 957 firmas. A Esteban Rodríguez, 25 mil 588 y a Gerardo Barroso, 21 mil 578. A Jované le reconocieron 20 mil 412.
Juan Jované, al ocupar el cuarto lugar, quedó fuera de la carrera. La ley electoral establece que los tres con el mayor número de firmas [mínimo 15 mil 854, equivalente al 1% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial] serán admitidos como candidatos.
POLÉMICA
Horas antes de que se conociera la resolución de la instancia electoral, y como presagiando el resultado de la misma, Javier Víquez, uno de los abogados de Jované, manifestó en las escalinatas de la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE, que demostraría que tanto Rodríguez como Barroso habían recogido firmas “ilegalmente”, y agregó que “fueron financiados”.
Cuestionó la procedencia de las firmas de Rodríguez y de Barroso. Argumentó, por ejemplo, que el 3 de diciembre pasado, Barroso tenía 16 mil 486 y Rodríguez, 12 mil 508. Pero, extrañamente el 3 de enero pasado, el panorama varió sustancialmente y Barroso declaró 43 mil y Rodríguez 46 mil, denunció el abogado.
“Vamos a investigar si proceden del partido de gobierno [las firmas]”, han prostituido la institución de la libre postulación (...) que costó muchas peleas y convencer a la Corte hace cinco años”, sostuvo Víquez.
Barroso se defendió. “Yo trabajé con mi sudor, yo no trabajo con ningún gobierno”. Sin embargo, reconoció que uno de sus abogados en los trámites electorales de inscripción de su candidatura independiente es José Antonio Moncada, abogado y portavoz del movimiento pro oficialista Panamá Avanza, agrupación que se atribuyó cuñas contra los candidatos presidenciales de oposición Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, y Juan Carlos Navarro, del PRD.
Barroso aseguró que no sabe qué es Panamá Avanza. “No sé ni lo que es este movimiento”, sustentó.
En lo referente al número de firmas, sostuvo que “cuando la mentira se dice varias veces, la gente piensa que es verdad”. Al respecto, manifestó que las últimas firmas las recogió en un mes y agregó que las presentó en la fecha límite. “Gerardo Solís aportó 20 mil firmas de un solo viaje y otro día 10 mil firmas, y él [Jované] no dijo nada”.
Esteban Rodríguez afirmó en Telemetro que no sabe cómo Jované conoce la cantidad exacta de firmas de los candidatos, cuando a él el TE no le ha dado esa información.
En noviembre de 2013, el Partido Panameñista denunció que las campañas de los candidatos presidenciales, del oficialista José Domingo Arias y Juan Carlos Navarro, del PRD, habían financiado una cuña política que divulgó Rodríguez en contra de su candidato presidencial Juan Carlos Varela.
En la publicidad, el hoy candidato independiente acusó a la empresa Varela Hermanos de no pagar el salario mínimo a sus trabajadores y además divulgó una imagen del vicepresidente en la que se oponía a la ampliación del Canal de Panamá.
OTRO RECURSO
Mientras que el abogado Neftalí Jaén, asesor legal en la Asamblea Nacional, interpuso ayer una advertencia de ilegalidad ante el director de organización electoral, Osman Valdés.
Según el jurista, el TE no debió asignarle una candidatura a Solís por declarar que estaría dispuesto a declinar sus aspiraciones para acompañar otra candidatura presidencial.
Jaén añadió que si Solís se une a otra campaña, tendría privilegios adicionales como el subsidio y el fuero electoral.
Luego que la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el economista Juan Jované contra el artículo 246-A del Código Electoral, que reduce a tres el número de los candidatos independientes que pueden competir por la Presidencia de la República, fuera rechazada de plano “por improcedente”, su abogado Rafael Benavides presentó un recurso de apelación.
El rechazo se basó en la disposición constitucional referente a que las decisiones del Tribunal Electoral (TE) solo podrán ser revisadas mediante recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que Benavides refutó indicando que su demanda equivale a una modalidad de este recurso.
El abogado de Jované sostuvo que el TE se extralimitó en sus funciones al “inventar requisitos para (...) el ejercicio de un derecho constitucional” y que no descarta interponer acciones penales contra sus autoridades, además de otras demandas internacionales de derechos humanos.
YAHIR LEIS ALVARADO