En una votación histórica, 132 parlamentarios del Congreso de Guatemala votaron este martes, 1 de septiembre, para retirarle la inmunidad judicial que amparaba al presidente del país, Otto Pérez Molina, de una investigación de corrupción por un masivo fraude fiscal, que ya puso en la cárcel a su vicepresidenta Roxana Baldetti.
El Congreso necesitaba los votos de 105 de los 158 diputados del Congreso para discutir y decidir si le retiraba o no la inmunidad a Pérez Molina.
La votación no ha sido controvertida. Pérez Molina tampoco se ha pronunciado sobre el tema.En las afueras de la sede del Congreso, cientos de personas celebraron la medida y se escucharon juegos pirotécnicos.Fueron los guatemaltecos los que permitieron la votación del retiro de la inmunidad y formaron una valla humana para que los diputados pudieran entrar al recinto legislativo debido a que algunas de las entradas habían sido bloqueadas por simpatizantes del mandatario.
"Fue algo impresionante que la misma población llegó e hizo una cadena humana y un corredor para que pudiéramos pasar, me impresionó que le dieron una rosa blanca, nos protegieron de las agresiones de los sindicalistas que fueron acarreados para que no pudiéramos pasar", dijo el diputado opositor Leonel Lira.
Una pequeña bandera de Guatemala en cada curul y carteles improvisados donde se lee #soyvoto105 se puede observar dentro del hemiciclo.
Con la decisión del Congreso, Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, se convierte en el primer presidente de Guatemala en perder su inmunidad, una decisión que lo dejó expuesto a ser investigado por su supuesta vinculación con una red denominada La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.
El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.
Tales indicios incluyen una conversación telefónica en la que Pérez supuestamente ordena cambios de personal en las aduanas, algo que sus acusadores interpretan como una injerencia para facilitar las operaciones ilícitas.
El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.
Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de setiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero, día del cambio de gobierno, para entregar la banda presidencial a quien resulte electo. La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.
Miles de personas exigieron en los últimos meses, en jornadas de protestas inéditas en el país, la renuncia de Pérez, un llamado que fue acompañado por instituciones como la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.
Pero el mandatario reiteró el lunes en conferencia de prensa que no renunciará al cargo y aseguró que no recibió "ningún centavo" de estructuras fraudulentas. "Me siento completamente tranquilo", aseveró.