La Asamblea Nacional ha iniciado el proceso de convocatoria para la escogencia de la persona que llevará adelante las funciones de defensor del Pueblo, a partir del mes de marzo de 2016.
La figura del defensor del Pueblo se ha desnaturalizado en nuestro país y se ha convertido en una especie de notaría de los derechos humanos. Esto quiere decir, que la Defensoría meramente registra algunas violaciones a los derechos humanos y las comunica a las distintas entidades del Gobierno.
La Defensoría ha dejado de ser la última esperanza de los desamparados, para convertirse en un espacio político, principalmente del PRD.
De los seis defensores que hemos tenido, cuatro los ha designado el PRD y dos, Cambio Democrático. El séptimo también será designado por el PRD.
Voy a proponer dos herejías dentro de la política panameña. La primera es que el próximo defensor o defensora del Pueblo no sea abogado. Basta de juristas. La Defensoría del Pueblo debe liderar moralmente y por sus planteamientos éticos. La Ley de la Defensoría permite que cualquier panameño o panameña pueda ser designado como nuestro defensor del Pueblo.
Si la clase política quiere un fiscal de los derechos humanos, como por ejemplo existe en México, entonces que se cambie la Ley del Ministerio Público (Código Judicial) y se establezca esta fiscalía especializada en derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es otra cosa y para otros fines. No puede ser un cargo ni para ungidos ni para hacer trayectoria.
Quienes aspiren a la Defensoría deben tener un historial personal de activismo de participación ciudadana y de liderazgo moral propio. Esto no se inicia cuando uno se convierte en defensor del Pueblo.
¿Quiénes serían idealmente buenos defensores del Pueblo?
Se me ocurre sugerir nombres como el del economista Juan Jované, la educadora Nelva Reyes, el doctor Fernando Cebamanos o incluso Iván Blasser, todos los cuales han demostrado un liderazgo y una trayectoria personal que serviría a la Defensoría para convertirse en el referente crítico y cuestionador que necesita el país.
El defensor debe ser alguien, quien con su personalidad y su trayectoria se atreva a decirle la verdad al poder público y privado en este país. Eso, usualmente no lo hacemos bien los abogados.
Es tiempo de devolverle el sentido común y de restaurar la Defensoría del Pueblo. Si eso lo puede producir el proceso que va a liderar el diputado Pedro Miguel González, entonces le demostrará al país que podemos tener esperanza y que la clase política panameña todavía puede conocer mejores días.