Hay quienes piensan que en Panamá no hay instituciones, no se puede creer en la palabra de ningún servidor público y que mucho menos los encumbrados de los poderes políticos cumplirán a cabalidad con lo prometido.
El 23 de marzo de este año, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados: Roberto Ábrego, Luis Cruz, Gonzalo González, Jairo Salazar, Francisco Alemán, Lilia Batista, Ronny Arauz y Everardo Concepción votaron de forma unánime para archivar cinco denuncias y querellas penales divididas contra los magistrados José Eduardo Ayú Prado y Cecilio Cedalise Riquelme.
Cómo favor con favor se paga, el viernes 16 de abril, el Pleno de la Corte votó unánimemente (9 a 0), favorablemente en tres de los casos de delitos sexuales del diputado Arquesio Arias, y en uno solo que votaron en favor de la culpabilidad, cinco a cuatro, los votos no alcanzaron para una condena.
La Asamblea y la Corte han demostrado con creces su capacidad de impartir justicia y su compromiso con el Estado de derecho como decía el mentado tango:
Si es lo mismo el que labura
Noche y día como un buey
Que el que vive de las minas
Que el que mata, que el que cura
O está fuera de la ley.
