El pasado martes 19 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de dos nuevas magistradas principales de la Corte Suprema de Justicia. Los nombres de Miriam Cheng y María Cristina Chen Stanziola están llamados a cambiar la historia judicial de este país.
Más allá de lo obvio, que el presidente Laurentino Cortizo respetó el trabajo de la Comisión Especial de Evaluación de las Personas Aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, también se reconoció el propio mérito de profesionales con vinculación actual o previa al Órgano Judicial.
En los últimos 31 años, solo las magistradas Esmeralda de Troitiño, Ángela Russo y María Eugenia López Arias provinieron del propio Órgano Judicial.
Una justicia en evolución
Con estos nombramientos, las nuevas magistradas conformarán una mayoría de cinco mujeres contra cuatro varones en la Corte Suprema de Justicia. Esto es un hecho de carácter histórico en dos dimensiones principales.
La primera es que la mayoría del personal del Órgano Judicial y del Ministerio Público está compuesta por mujeres, muchas de las cuales deben enfrentarse a la ingrata doble jornada de la vida profesional en que tienen que ejercer su función judicial, y además, la función de gestionar un hogar.
Esto puede parecer trivial, pero el cambio de perspectiva en la Corte Suprema debe generar avances en la gestión de los dos principales cuerpos que tienen que ver con la justicia panameña: el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
La segunda gran razón de este avance en la justicia, es que por primera vez un Órgano del Estado panameño estará dominado por mujeres. Aunque Panamá eligió a Mireya Moscoso en 1999 como presidenta de la República, el Órgano Ejecutivo que ella presidía, junto a sus ministros de Estado, seguía teniendo minoría femenina.
La consolidación de una mayoría femenina en la Corte, no garantiza un sesgo feminista de los dictámenes del máximo tribunal, ya que en tiempos recientes algunas de las magistradas actualmente en ejercicio votaron en contra de la igualdad en la esterilización entre hombres y mujeres, por solo mencionar un ejemplo muy conocido.
Otros bastiones
Ahora que la Corte Suprema de Justicia está en vías de adquirir un dominio femenino, se destacan los otros bastiones tradicionales del servicio público y la empresa privada que son clave para la operación del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Electoral no ha tenido una mujer magistrada en los últimos 31 años.
Tampoco se ha dado el caso de una Fiscal General Electoral en propiedad, así como todavía falta una ministra de Seguridad Pública o una directora de la Policía Nacional. Ni el Banco Nacional de Panamá, ni la Caja de Ahorros, han tenido una gerente general.
Los ejemplos de cargos públicos que no han sido ocupados por mujeres en la historia del país, son numerosos, pero la empresa privada tampoco ha cumplido en este aspecto.
Escasean las mujeres que son presidentas o gerentas generales de empresas en el país. Quizás esto sea un aspecto que limita su competitividad y capacidad de crecimiento a muchas empresas.
Hoy en día, las principales facultades de derecho del país se han destacado por un cuerpo estudiantil predominantemente femenino. Sin embargo, la principal Facultad de Derecho del país, la de la Universidad de Panamá, no ha tenido una decana en toda su historia.
En el caso de esa misma universidad, la principal del Estado panameño, en 86 años de existencia no ha tenido una rectora, a pesar de que la mayoría de la población estudiantil es femenina.
Por esta ausencia de roles femeninos en esas posiciones de poder, las cinco magistradas de la Corte serán un espejo en el que niñas, adolescentes y mujeres de todo el país se podrán mirar.
Es precisamente por esta situación que la nueva realidad de la Corte presenta una enorme oportunidad para discutir y actuar contra el techo de cristal de las actitudes y de una cultura complaciente con un rol menospreciado del trabajo femenino.
El camino que todavía queda por superar es largo, para que la equidad de género sea un tema resuelto en Panamá. Por el momento, en enero del 2022, la Corte Suprema abrirá la puerta a otro país y a otro poder judicial.
