En su informe a la nación el pasado 2 de enero, el presidente Juan Carlos Varela apuntó la violencia doméstica como uno de los principales retos istmeños en materia de seguridad.
En los últimos dos años, la violencia doméstica contra las mujeres se ha convertido en el segundo delito de mayor impacto nacional. Datos publicados por este diario en julio de 2015 aseguran que en la Fiscalía Auxiliar de la República se atendieron unas 599 denuncias por violencia intrafamiliar, solamente durante los primeros seis meses de ese año, que visto desde otra óptica, equivaldría a 23 casos por cada semana.
La violencia contra la mujer representa costos que a su vez resultan invisibles y cuantificables para la sociedad.
Bajo esta premisa, se desarrolló este 8 de marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, una conferencia organizada por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), con la participación de la socióloga boliviana Sonia Montaño, quien ofreció una ponencia sobre esta temática.
“Una de cada tres mujeres aduce que ha sufrido de violencia en su vida”, afirmó el representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), José Manuel Pérez, durante la apertura del evento.
El citado cálculo, calificado por Pérez como “alarmante y penoso”, se unió con las palabras de la directora general del Inamu, Liriola Leoteau, quien reflexionó sobre los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que aseguran que el 31.6% de los menores de edad panameños vive solo con sus madres.
“Una cifra que se incrementa a un 53% si se mira dentro de los estratos más humildes de nuestra sociedad”, añadió la directora del Inamu, quien también hizo hincapié en el número de chicos que actualmente dependen solo de sus madres para sobrevivir.
Estos circunstanciales colocan a las mujeres en “una posición desigual, con oportunidades limitadas y vulnerabilidad a sufrir de discriminación de género”, afirmó Leoteau, para quien la marginación económica de la mujer sobresale como un punto clave dentro de la violencia doméstica.
Con ella coincide la socióloga y encargada de la división de asuntos de género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Sonia Montaño, quien durante su ponencia reflexionó sobre los puntos expuestos anteriormente.
Según Montaño, fundadora y directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia en 1983, América Latina cuenta con un marco jurídico y legislaciones adecuadas. Sin embargo, dice que muchas oficinas y autoridades aún fallan en utilizar y valorar estos argumentos a la hora de defender estos casos enfocados en género.
Para Montaño, la poca o nula autonomía económica de la mujer incide como un factor que sesga la soberanía de la mujer. Aunque la penetración de las damas al campo laboral ha sido férrea durante las últimas décadas, las sociedades aún carecen de políticas de empleo que aseguren mayor entrada femenina al mercado profesional.
“Las mujeres han ingresado a trabajar, más por necesidad que por políticas de desarrollo”, comenta la experta boliviana, quien traduce la autogestión económica en autonomía física. Es decir, en que la mujer pueda reconocer su cuerpo como propio y no como posesión de su pareja, al tener que depender de su capital.
Durante su presentación, Montaño cuestionó el valor de la vida femenina. En un país con políticas laborales los costos serían equitativos con el empleo, dijo la especialista, quien aseguró que basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, los costos por cuidados médicos, gastos legales, atención psicológica y el ausentismo laboral, por ejemplo, escurren tanto los servicios públicos y recursos privados, “aunque el costo más severo para la sociedad sería desarrollar una cultura de tolerancia y frialdad ante estas realidades”, puntualizó.