Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en el país se debe reforzar la existente seguridad jurídica, porque de ella dependen las inversiones y la generación de empleo.
Por ello, el caso de la Minera Panamá y su proyecto Cobre Panamá, en la provincia de Colón, es un ejemplo oportuno para recordar ese tema legal.
“Nuestro gremio espera que, en aras de garantizar la seguridad jurídica que consagran las leyes del país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atienda la aclaración solicitada” en el caso de Cobre Panamá, indicó la Cciap en un comunicado.
El impacto positivo en la economía panameña “se presenta incierto” ante la espera de una aclaración de la CSJ sobre el fallo con relación al contrato ley de Petaquilla, “pese a que Minera Panamá es una empresa distinta”, destacó la Cciap.
Minera Panamá presentó en octubre ante la CSJ un recurso para que el pleno aclare el fallo que declaró inconstitucional la Ley No. 9 del 26 de febrero de 1997, por medio de la cual se aprobó el contrato de concesión entre el estado y Minera Petaquilla, S.A.
Manuel Aizpurúa, vocero de la empresa, subrayó que lo que se busca es “preservar” las reglas bajo las cuales invirtieron 6 mil millones de dólares a través del proyecto Cobre Panamá en Colón.
La sentencia de la CSJ respondió a una demanda presentada en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental contra la Ley No. 9 de 1997.
INVERSIÓN
De acuerdo con la Cciap, el proyecto Cobre Panamá “trata de la mayor inversión extranjera en la historia del país: 6 mil 300 millones de dólares.
Además, a partir de “su fase operacional en 2019”, la citada empresa aportará 4% al producto interno bruto (PIB).
Cobre Panamá en la actualidad tiene un avance de 83%, según la Cciap, y ha generado 13 mil puestos de empleo en el país. Además, representa un aporte de 120 millones de dólares anuales en cuotas obrero-patronal a la Caja de Seguro Social.