CCIAP llama a no poner en riesgo la seguridad jurídica del país

"De la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo, razón por la cual debemos fortalecerla y consolidarla, en vez de someterla a riesgos peligrosos".Esta fue la reacción emitida por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla. A través de un comunicado, la Cciap indicó que la "Corte Suprema de Justicia debe ser garante" de no poner en riesgo la seguridad jurídica del país.La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace 10 años por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), por violar varios artículos de la Constitución Nacional relacionados con derechos humanos y la conservación del medio ambiente. "El fallo en particular creó una incertidumbre innecesaria en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país", expresó Jorge Juan de la Guardia, presidente encargado de la CCIAP. "Es preocupante que la decisión sobre el proceso en referencia haya tomado casi una década, lo que nos confirma el propósito de continuar impulsando los cambios que promovemos en la administración de la justicia, mediante reformas constitucionales a través de dos asambleas nacionales consecutivas. Estas reformas se hacen cada vez más necesarias”, precisó la agrupación. Esta semana, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el contrato de concesión minera firmado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., (Minera Panamá) el 16 de febrero de 1996, y su prórroga, se mantiene vigente, pese al fallo de la Corte Suprema. Según la institución, el mencionado fallo únicamente declara en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 que avaló la Asamblea Nacional, sin embargo, no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión, que data de 1996, aprobado por el MICI.