La Comisión Europea insiste en la existencia de "deficiencias estratégicas" en las medidas adoptadas por Panamá, en momentos en que todos menos uno de los 28 gobiernos que componen el bloque amenazan con bloquear la lista de jurisdicciones de alto riesgo.
La lista de jurisdicciones con controles inadecuados a las transacciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo fue propuesta por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, y rápidamente criticado por la Cancillería panameña y por el Tesoro estadounidense, entre otros.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela protesto formalmente ante Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en cartas enviadas el 28 de enero y el 6 de febrero pasado.
[Lea aquí la nota 'Panamá rechaza propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en lista de alto riesgo'].
Sin embargo, Juncker replicó que la evaluación de la Comisión a Panamá "sigue señalando que existen deficiencias estratégicas en una serie de aspectos, fundamentalmente en lo tocante al alcance y la eficacia de las medidas adoptadas por Panamá en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en relación con la transparencia de la titularidad real", según consta en una nota fechada el 28 de febrero pasado, en Bruselas.
Como resultado de dicha evaluación, la Comisión Europea decidió incluir a Panamá en su "reglamento delegado", en el que se determinan los países de alto riesgo. No obstante, dicho reglamento está siendo examinado por el Parlamento Europeo, indicó Juncker, quien advierte en su nota a Varela que figurar en la lista no significa que las operaciones entre la Unión Europea y Panamá estén prohibidas, "sino que los bancos y las entidades financieras tendrán que aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente".
"Además, la Comisión Europea se compromete a colaborar estrechamente con Panamá, sobre la base de los fuertes lazos bilaterales existentes entre Panamá y la Unión Europea, y a apoyar a su país para subsanar las deficiencias detectadas", añadió.
Pero los planes de la Unión Europea se habrían estancado la noche del pasado viernes, cuando funcionarios representantes de los gobiernos del bloque, reunidos en Bruselas, acordaron pedir a la Comisión revisar el procedimiento de redacción de la lista negra.
Los Estados miembro exigirán un “proceso transparente y creíble" y una "lista que cumpla con nuestros altos estándares y, por lo tanto, fortalezca" las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según un borrador de declaración conjunta visto por la agencia Bloomberg que se está debatiendo. El comunicado será publicado la próxima semana, una vez todos los 28 gobiernos acuerden la redacción exacta.
El rechazo por parte de los gobiernos de la UE significa que la comisión tendrá que repensar su enfoque.
Una portavoz del ejecutivo con sede en Bruselas negó que los Estados miembro del bloque y los gobiernos afectados no fueran consultados sobre la metodología y la redacción de la lista, mientras que declinó comentar el rechazo.
Según la propuesta de la comisión, los bancos y otras instituciones financieras tendrían que aplicar controles de debida diligencia a las operaciones con clientes de 23 "terceros países de alto riesgo", incluidos Panamá, Samoa Americana, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unido., Puerto Rico y Arabia Saudita, para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso.
"El rechazo de los gobiernos es una farsa a expensas de la seguridad", aseguró el legislador de la UE Sven Giegold en un comunicado.
“Francia y Reino Unido quieren sacar a Arabia Saudita y otros países de la lista. España está protegiendo a Panamá. Estados Unidos está ejerciendo presión masiva por cuatro de sus jurisdicciones", dijo.
Más información en la edición impresa del diario La Prensa del domingo 3 de marzo de 2019...