COBRANZAS DEL ISTMO

Luis Cucalón dice que no compartía la idea de 'tercerizar' el cobro de impuestos

Luis Cucalón dice que no compartía la idea de 'tercerizar' el cobro de impuestos
Luis Cucalón dice que no compartía la idea de 'tercerizar' el cobro de impuestos

El exdirector general de Ingresos, Luis Cucalón, reveló este lunes, 20 de abril de 2015, que en su momento no estuvo de acuerdo con la idea de tercerizar el cobro de impuestos morosos. 



En conferencia de prensa, Cucalón dijo que la propuesta fue del actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia -entonces viceministro de Finanzas- y del extitular de esa cartera Alberto Vallarino



Pero a él, personalmente, “no le gustaba mucho la idea”, dijo en la rueda de prensa, donde estuvo acompañado por su abogado Carlos Carrillo. 

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No obstante, fue el propio Cucalón el que firmó el contrato en agosto de 2010 junto a la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos.

 

Consultado sobre de quién surgió la idea de la tercerización de los cobros, De La Guardia dijo que fue parte de una reforma fiscal y que eso es Ley de la República. 



Cucalón y su defensa expresaron que De la Guardia dijo ante la Procuraduría General de la Nación que la contratación de Cobranzas del Istmo para gestionar las cuentas morosas de impuestos se hizo "en virtud de diversas leyes y decretos ejecutivos”. Estas disposiciones amparaban a la Dirección General de Ingresos (DGI) para proceder con la contratación de empresas de reconocida trayectoria para la gestión de cobros, agregó.

 

Por lo tanto, el exdirector general de Ingresos y su abogado estimaron que hay una contradicción en la querella presentada por el MEF, en enero de 2014, en su contra por la supuesta comisión del delito de "falsificación ideológica de documento público”, que según el Código Penal está sancionado con prisión de cuatro a ocho años. La acusación se refiere al contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo, firmado en 2010 por Cucalón con el objetivo de recuperar impuestos morosos. 



El MEF –que pidió la detención preventiva de Cucalón a las autoridades judiciales– asegura que el exdirector incluyó un testimonio falso en el contrato al decir que contaba con la autorización para hacer una compra directa, cuando ese aval no se había gestionado. De La Guardia negó que exista una contradicción, ya que lo que se transmitió a la Procuraduría en 2011 no era ningún juicio sino información extraída del expediente. Recordó que según la Ley de Contrataciones Públicas, las adjudicaciones directas deben ser aprobadas por el MEF, por el Consejo Económico Nacional (Cena) o por el Consejo de Gabinete, según su cuantía. 

 

El MEF argumenta que el contrato contiene una declaración falsa, ya que se dice que se formalizó bajo la figura de “excepción de acto público y autorización de contratación directa”, pero Cucalón no tramitó la autorización para hacer una compra directa, algo que “resultaba obligatorio” desde el punto de vista del MEF. “Este procedimiento nunca se realizó, mas se insertó como cumplido en el contrato...”, dice la querella. 

 

Cucalón asegura por su parte que como el ingreso de la empresa dependía del monto que recuperara para el Estado, en el contrato no había cuantía alguna y por tanto no se podía determinar a qué instancia elevar la solicitud. Mientras que para el exdirector el caso de falsedad ideológica "no tiene agarradero jurídico", el actual ministro dijo que serán las autoridades judiciales las que determinen quién tiene razón. 



COMISIÓN DE TOCUMEN, S.A.



Consultado sobre por qué se transfirieron a Cobranzas del Istmo cuentas pendientes de la empresa estatal Tocumen, S.A., por las que la empresa cobró $21 millones, de acuerdo a la DGI, dijo que no se asignaban cuentas dependiendo de quién fuera el dueño.



"Se aplicó el mismo esquema que utilizan los bancos a la hora de tercerizar cobros morosos", dijo Cucalón antes de que Carrillo zanjara el tema diciendo que no se referirían a contribuyentes de manera concreta. 



Cobranzas del Istmo percibió unos 47.1 millones de dólares en comisiones por los cobros que gestionó hasta que la nueva administración de la DGI anuló el contrato con el Estado en octubre de 2014.



Mientras tanto, Cucalón, que había guardado silencio sobre este asunto en las últimas semanas, defendió su gestión por el aumento de las recaudaciones fiscales en la pasada administración.


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