Empresas creen ‘imposible’ cumplir plazos de la DGI

A partir del próximo 1 de noviembre, 166 grandes empresas del país se convertirán, por decreto de la Dirección General de Ingresos (DGI), en agentes retenedores del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms).

Las compañías más grandes del país, las que hacen compras por más de $10 millones al año, deberán retener la mitad del Itbms que pagan en sus compras a todos sus proveedores.

En una operación de compraventa regular, el vendedor cobra el 7% correspondiente al Itbms y luego lo remite al fisco. En un ejemplo de una operación de $100, actualmente el vendedor recibe $107 y después envía $7 a la DGI.

En seis días, cuando una de las 166 empresas designadas como agentes retenedores compre un producto, por cada $100 pagará solo $103.50 a su proveedor y se quedará con los otros $3.50. Luego, tanto proveedor como comprador tendrán que enviar su parte al Estado.

La figura de la retención del 50% del Itbms ya era utilizada en las compras estatales mayores de $20 mil. Ese límite desaparece con la nueva normativa y, por lo tanto, ahora deberá realizarse sin importar el monto del contrato.

Además, se introduce otra obligación para los bancos, que deberán retener y pagar al fisco parte del Itbms, al momento en que realizan los reembolsos en efectivo a los comercios afiliados, informó la DGI.

Con este paquete de medidas la DGI intenta reducir la evasión fiscal en el Itbms, que se calcula entre el 40% y el 50%. El objetivo es perseguir a las compañías que reciben el 7% correspondiente al impuesto cuando hacen una venta pero luego no lo reportan al fisco, afectando a las recaudaciones tributarias. También esperan detectar ingresos no declarados en el impuesto sobre la renta de las empresas.

“Reducir la evasión del Itbms es una de las prioridades en nuestra agenda de trabajo y esta actualización que estamos haciendo nos permitirá aplicar en Panamá buenas prácticas internacionales para mejorar el cobro de este impuesto”, dijo Publio Cortés, director General de Ingresos, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

La medida fue oficializada el pasado 19 de octubre con la publicación en Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo 463. Aunque la DGI había informado a los gremios empresariales la intención de aplicar esta disposición, su publicación en Gaceta Oficial sin mayor consenso y su entrada en vigor a partir del 1 de noviembre los ha tomado por sorpresa.

Consultado por este diario, el presidente encargado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, dijo que sería “imposible” cumplir con los plazos establecidos por la DGI.

Explicó que “las empresas retenedoras tienen que reportar a través de un sistema establecido por la DGI y enviar ese dinero retenido. Para realizar esto, se va a requerir de procesos manuales complicados inicialmente hasta que las empresas puedan automatizar procesos”.

Otras voces consultadas dudan de la efectividad de la medida, al considerar que los mayores focos de evasión fiscal no se encuentran entre las compras de las grandes corporaciones del país.

También es cuestionado el momento de aplicación de la medida, ya que las empresas tendrán que hacer adecuaciones a sus procesos justo en el período de mayores ventas del año por la cercanía de la temporada navideña.

García Icaza dijo que el gremio apoya que se hagan esfuerzos para que empresas y ciudadanos paguen los impuestos de manera correcta. “Sin embargo, nos preocupa que se le imponen mayores responsabilidades a la empresa privada, para hacer un cobro de impuestos que es deber del Estado... los tiempos para implementar esta medida son imposibles y los costos que conllevará su implementación deben ser compensados por el Estado”, apuntó.

La Cámara de Comercio y la Asociación Bancaria de Panamá expresarán sus posiciones al director General de Ingresos en una reunión prevista para hoy lunes.