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CASO DE LA RIVIERA

Fiscalía de Guatemala contradice a Grupo Wisa

La empresa panameña enfrenta una investigación por supuesta defraudación aduanera en sus oficinas en el aeropuerto guatemalteco.

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El Ministerio Público clausuró diez oficinas y una bodega del Grupo Wisa en el aeropuerto guatemalteco La Aurora. El Ministerio Público clausuró diez oficinas y una bodega del Grupo Wisa en el aeropuerto guatemalteco La Aurora.
El Ministerio Público clausuró diez oficinas y una bodega del Grupo Wisa en el aeropuerto guatemalteco La Aurora. CORTESÍA/Siglo 21

La Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala, a cargo de Heidy de León, informó ayer que cualquier pago que haya hecho el Grupo Wisa en ese país no guarda relación con la investigación que se le abrió por supuesta defraudación aduanera por unos $7.5 millones.

Esta declaración surge luego de que la sociedad, con sede en Panamá, publicara un comunicado en los medios locales, en el que argumenta haber pagado cerca de “ $10.4 millones al Estado de Guatemala en concepto de derechos de llave, cánones, impuestos y tributos”.

“Esos pagos son por el alquiler a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero no tienen relación con el delito que le investigamos”, aseguró De León a este diario.

El jueves pasado, el Ministerio Público guatemalteco clausuró 10 tiendas y una bodega de La Riviera, ubicadas en el aeropuerto La Aurora, en la capital de Guatemala.

La Riviera es el nombre comercial de Tiendas Libres de Guatemala, S.A., que pertenece a la sociedad panameña Grupo Wisa, cuyo presidente es el empresario Abdul Waked.

Precisamente, es el propio Waked quien firma el comunicado que se publicó ayer y en el que Grupo Wisa califica estas acciones como “un agravio”.

“Nuestra empresa fue invitada a operar en el Aeropuerto Internacional de Guatemala por la DGAC a instancia de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), a fin de fomentar una libre competencia en dicho aeropuerto y restituirle al Estado los ingresos que por más de 20 años no ha recibido, ya que el área comercial de la zona libre del aeropuerto solo había sido operada por tres fundaciones benéficas que no pagaron ni derecho de llave ni canon mensual equitativo”, señala el comunicado.

Además, advierten que sus competidores “se han dedicado por siete años a demandarnos sin éxito ante tribunales civiles y constitucionales en Guatemala”, así como que han sido “sujetos a varias auditorías por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde se ha establecido que estamos al día en el cumplimiento de nuestros deberes tributarios correspondientes”.

Juan Luis Correa, vicepresidente corporativo de Grupo Wisa, manifestó que interpondrían un recurso de amparo ante el “cierre temporal decretado para que se reanuden las operaciones cuanto antes, a fin de minimizar los daños que se le van a causar a los más de 100 colaboradores guatemaltecos y a sus familias que dependen de este trabajo para vivir”. Sin embargo, al cierre de esta edición, el Ministerio Público de Guatemala desconocía si se había interpuesto esta acción.

Por la supuesta comisión del delito de defraudación aduanera, la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala levantó orden de captura internacional para la abogada panameña Lucía Touzard Romo, por ser la firmante en los documentos de instalación de la sociedad.

La investigación que desarrolla la justicia guatemalteca señala que la autorización que recibió el Grupo Wisa para instalarse como duty free en el aeropuerto La Aurora fue otorgada por la SAT, cuando en Guatemala es el Congreso la única entidad que puede eximir a una sociedad de los impuestos estatales.

Por esta supuesta evasión fiscal, el Ministerio Público de este país detuvo a mediados de este año al exjefe de la SAT Rudy Villeda, así como a Óscar Funes, exintendente de Aduanas; Mayra Patricia Rodas Ruano, exjefa de Normas y Procedimientos de Aduanas; Raúl Guzmán Marroquín, exsupervisor de Programación de Auditoría; y Lidia Lucrecia Roca Morales, exjefa de Gestión de Aduanas. Todos en libertad bajo fianza.

De León detalló que el plazo para la investigación es hasta enero, cuando los tribunales decidirán si existen o no argumentos suficientes para comenzar un juicio.

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