La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera que el acuerdo entre el gobierno de Juan Carlos Varela y las autoridades comarcales “respeta la seguridad jurídica” de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), concesionaria de la hidroeléctrica de Barro Blanco.
“Es cierto que la empresa no participó en las negociaciones con los pueblos originarios una vez que el gobierno inició el proceso. No obstante, según la información que manejamos, estaba anuente a la opción de colocar sus acciones en un fideicomiso”, expresó el presidente del gremio Jorge García Icaza, a través de una nota de prensa.
El lunes, el gobierno y los lideres comarcales firmaron un acuerdo que contempla el retiro de Genisa de la operación del proyecto y el traspaso de los activos a un fideicomiso. La operación de la central será responsabilidad de un tercero independiente y se garantizará que al menos el 51% de los puestos de trabajo sean ocupados por campesinos e indígenas.
El acuerdo también contempla la cancelación de concesiones para proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará.
“Los gobiernos no pueden seguir dando concesiones para hacer proyectos de envergadura como Barro Blanco, Chan II, Río Indio y Bayano [estos últimos tan necesarios para el país] en manos de la empresa privada, para que negocio las indemnizaciones económicas, culturales, ambientaless, etc. Debe ser responsabilidad del Estado, que es el que decide dónde se va a hacer un proyecto de interés social y negociar las compensaciones”, expresó García Icaza.
