CONSTRUCCIóN DE TERMINAL DE CONTENEDORES

Gremios catalogan como atentado a la seguridad jurídica cancelación de contrato

Gremios catalogan como atentado a la seguridad jurídica cancelación de contrato
La Cciap expresó que esa cancelación es un exabrupto legislativo.

Tanto la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) como la Cámara Marítima de Panamá han expresado su rechazo a la cancelación del contrato entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa  PSA Panamá International Terminal, que construiría un terminal de contenedores en Rodman.

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La Cciap expresó que esa cancelación es un exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país.

Mientras que la Cámara Marítima de Panamá indicó en un comunicado que “acciones como esas son las que afectan la imagen de nuestro país y atentan contra la seguridad jurídica”.

Para la Cciap, incluir ese tipo de acciones en un proyecto de ley sobre la apertura de empresas y venta de licores en zonas residenciales “envía un mensaje a la comunidad nacional e internacional de falta de legitimidad y compromiso por parte del Estado panameño”.

Además el gremio empresarial rechaza categóricamente ese tipo de actos que ponen en tela de duda las ventajas competitivas que hasta ahora tiene el país en materia de inversión extranjera.

La Cámara Marítima de Panamá concuerda con la Cciap y recordó que ese tipo de acciones pone en peligro las inversiones actuales y futuras.

“Debemos ser serios y consistentes con el tipo de mensaje que le enviamos a los inversionistas. Debemos respetar a los que arriesgan su capital de trabajo, invierten en Panamá y se conducen de forma transparente y correcta en sus actividades comerciales”, indicó el gremio marítimo.

La posición de los gremios surge luego que la Asamblea Nacional derogó el contrato ley pactado en 2015 entre la AMP y la empresa PSA Panamá International Terminal para la construcción y operación de una terminal de contenedores en el sector de Rodman.

Esa derogatoria fue incluida en un artículo del proyecto de ley No. 53, sobre la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales, propuesto por el diputado perredista Iván Picota.

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