La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional acogió la iniciativa legislativa del diputado independiente Raúl Fernández, con la que se pretende regular los servicios de mensajería que se ofrecen mediante plataformas tecnológicas, como es el caso de UberEats, Appetito 24, Glovo o Domicilio Don Juan.
De acuerdo con el proyecto de ley, las empresas de mensajería digital serían solidariamente responsables con sus clientes, transeúntes y cualquier persona que resulte afectada por los repartidores de productos, en caso de accidentes ocasionados por estos.
Igualmente, las empresas compartirán responsabilidades en los casos en que los productos entregados al cliente final se vean afectados por una disminución en la calidad de los mismos.
De acuerdo con el diputado Fernández, lo que se busca es formalizar la actividad para que un futuro las plataformas digitales tengan seguridad jurídica; que puedan crecer, tener claro qué pueden ofrecer a sus clientes y cómo hacerlo.
Subrayó que "estas plataformas tienen que pagar los impuestos que la ley dictamine, pero no se puede hacer sino se formaliza su actividad".
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En la exposición de motivos, Fernández destacó el crecimiento alcanzado por plataformas de este tipo en Latinoamérica, las cuales ha logrado valorizarse hasta alcanzar los mil millones de dólares, generando a su vez una fuente de ingreso a aproximadamente 25 mil repartidores.
A las empresas que brinden el servicio de mensajería digital les alcanzaría todas las normas aplicadas por la Autoridad De Tránsito y Transporte Terrestre; igual pasará con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud para regular a aquellas empresas que transporten alimentos.
También se les aplicarían las disposiciones establecidas por la Dirección General de Ingresos para el pago de impuestos y las normas establecidas por el Servicio Nacional de Migración, en lo que respecta a trabajadores extranjeros.
Fernández indicó en la mañana de hoy 14 de octubre, que espera que se cree una subcomisión legislativa para que todas las partes interesadas participen en el debate y aportes propuestas a la futura ley, incluyendo a motorizados, dueños de las plataformas y el cliente final.
"Lo que se busca es asegurar que las plataformas digitales puedan establecerse de forma ordenada en Panamá", destacó.