La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ajustó las multas establecidas en el artículo 104 de la Ley 45 para adecuarlas a la realidad del mercado.
Ahora las sanciones se aplican de manera proporcional al tamaño de la empresa —micro, pequeña, mediana o gran empresa— y podrán duplicarse o triplicarse en casos de reincidencia o agravantes como coimas y afectaciones a la salud, informó en entrevista con La Prensa, el administrador del organismo, Ramón Abadi Balid.
Detalló cambios importantes en las sanciones para ciertos sectores. La multa por uso indebido del tanque de gas residencial de 25 libras en establecimientos como panaderías o restaurantes pasó de $625 a $1,000 por unidad encontrada. Además, las sanciones a estaciones de combustible aumentaron significativamente, pasando de $500 a $3,500 en casos de irregularidades en la medición y proporción de agua en los tanques.
Además, precisó que en el caso de productos vencidos, las multas irán desde una amonestación hasta $25,000, dependiendo del tamaño del local y la gravedad de la infracción.
“Se han encontrado más de 140 mil productos vencidos que han tenido que retirarse del mercado entre alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal, limpieza del hogar entre otros”, informó.
Abadi balid advirtió que se estarán pasando los casos de los reincidentes para la investigación al Ministerio Público para procesos penales.
¿En qué está enfocado Acodeco ante el aumento de quejas por parte de los usuarios?
Durante este último año hemos tenido una gran cantidad de quejas, que son reclamaciones directas de personas afectadas por una compraventa. También, gracias a que los panameños están conociendo sus derechos en las diferentes leyes que fiscalizamos, recibimos denuncias, porque ellos se convierten en nuestros verdaderos verificadores en la calle. Recordemos que verificamos la Ley 45 de 2007 de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la Ley 134 sobre las personas con discapacidad, la Ley 6 de 1987 sobre descuentos para personas de la tercera edad y la Ley 24 sobre historial de crédito. Es importante transmitir a los consumidores sus derechos y también educar a los agentes económicos.
¿Cuáles son las quejas más frecuentes que llegan?
Lo más frecuente es el tema inmobiliario, porque se trata del patrimonio de la familia. Muchas personas solo compran una vivienda en su vida. Las quejas principales son por defectos, problemas con garantías de materiales, pagos y financiamiento, vicios ocultos y publicidad engañosa. Por ejemplo, proyectos que prometen estar a 15 minutos y no lo están, agua 24/7 que no se cumple, telecomunicaciones inexistentes o parques que no construyen. Recomendamos a los consumidores guardar folletos y contratos como prueba.
¿Qué ocurre después de esas quejas? ¿Se resarce a los consumidores?
Tenemos un 98% de efectividad. Cuando recibimos una denuncia, nuestros inspectores salen a verificar. Si encontramos anomalías, levantamos un acta y colocamos multas de 0 a $25,000, o hasta $50,000 si afecta la salud. Si es queja, primero buscamos una conciliación. Si no se logra, inicia un proceso en el que el agente económico suele perder, devolver dinero o productos y recibir sanciones.
¿Cuántas multas han impuesto en lo que va del año?
Hemos puesto multas por alrededor de $1.4 millones. Y van a aumentar porque la tabla de multas no se modificaba desde 2007. Ahora distinguimos entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, para aplicar sanciones justas.
¿Cuándo comenzó el aumento en las multas y cómo se aplicará?
Desde el 15 de septiembre. Antes una multa por producto sin precio a la vista podía ser de 15 balboas; ahora parte de $230 a $250, dependiendo si es perecedero o no. Queremos orientar a los agentes económicos, los asesoramos gratis, pero si reinciden, los sancionaremos rigurosamente. En casos graves y repetitivos, como productos vencidos o inmobiliarias dañadas, pasaremos a la esfera penal y remitiremos expedientes al Ministerio Público.
¿Qué pasará si los comercios no cumplen?
El objetivo principal aquí es orientar a los agentes económicos. Estamos hablando directamente con ellos y queremos que, si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros para que podamos educarlos. Ofrecemos asesoría gratuita: vamos a sus establecimientos, les explicamos la ley y les brindamos la orientación necesaria. Sin embargo, si empiezan a incurrir constantemente en prácticas que atentan contra los consumidores, tomaremos medidas y los sancionaremos rigurosamente. Para aquellos que, por su poder adquisitivo, no se preocupan por pagar una multa, es importante aclarar que existen sanciones penales. Si encontramos patrones repetitivos o acciones ilegales que afectan al consumidor, como productos expirados o viviendas en mal estado, los casos serán elevados a la esfera penal.
Entregaremos el dosier al Ministerio Público. Se hará cumplir el Código Penal, que en los artículos 238, 239 y 240 contempla los delitos contra el orden económico, específicamente los delitos relacionados con la protección al consumidor y la defensa de la competencia.
Con la llegada del Black Weekend, ¿qué deben tener en cuenta los consumidores para no ser engañados?
Hacer una lista previa de productos, comparar precios en diferentes comercios y verificar que los descuentos estén claros: precio regular y precio con descuento visible. Además, exigir siempre la factura fiscal, que garantiza la compra, permite trazabilidad y protege al consumidor ante reclamos.
¿Esa oferta debe incluir el ITBMS para que no haya sorpresas en la caja?
Por supuesto. Algunos productos no llevan ITBMS, otros sí, pero siempre debe entregarse factura fiscal. Esa factura no solo es para tributar, sino la garantía legal de la compra.
Muchos se quejan de las tarjetas de crédito, tasas y cobros. ¿Qué puede hacer el consumidor?
Primero hablar con su banco, y si no se resuelve, acudir a la Superintendencia de Bancos. Si hay información incorrecta en el historial de crédito, como deudas prescritas o pagos que no hizo, debe acudir a la APC y luego a Acodeco. Aplicamos la Ley 24 para limpiar historiales, sancionar a las entidades y permitir que los consumidores gestionen nuevos productos financieros.
¿Cómo están actualizando la canasta básica. Los montos que ustedes indican los consumidores se quejan que no son reales?
No ha sido actualizada en muchos años. Estamos trabajando con MICI, MEF, Contraloría y MIDA para definir una canasta más realista y actualizada. La actual solo refleja productos de mayor consumo, pero sabemos que las familias gastan más en otros rubros.
Sobre los sucedáneos, como lácteos que no son leche, ¿qué se está haciendo?
No hay que satanizarlos. Son productos legales con registro sanitario, útiles para personas con intolerancias o necesidades especiales, y ayudan a bajar precios. Lo importante es que estén correctamente identificados como “sucedáneos” y separados de los originales. Acodeco está sancionando y educando a supermercados y tiendas, y trabajando con MIDA, MICI, productores e industria en reglamentos técnicos más claros.
¿Tienen suficientes fiscales? ¿Cómo está el tema presupuestario?
Actualmente contamos con 70 inspectores y 486 empleados en todo el país. Hacemos desde verificaciones de balanzas hasta monitoreo de hidrocarburos, telecomunicaciones y prácticas monopolísticas. Nuestro presupuesto recomendado es de 9.2 millones de dólares, 300 mil menos que el año pasado. Las multas que imponemos, en promedio 3.6 millones de dólares al año, van al Tesoro Nacional. Con las nuevas tablas de sanciones, esperamos superar esas cifras.
