El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de crédito por $7.8 millones para pagar durante 2026 la defensa jurídica de Panamá en millonarios procesos de arbitraje.
Jurídicamente, se presentó la solicitud como un “crédito”, pero financieramente no sería un endeudamiento nuevo, porque el dinero ya está disponible en una subcuenta específica del MEF y proviene de ingresos extraordinarios.
Uno de los datos más valiosos de la jornada en la Asamblea Nacional fueron los montos de los casos que se mantienen activos y los que están suspendidos.
Durante la sustentación, las autoridades identificaron inicialmente cuatro casos activos con pretensiones conjuntas de aproximadamente $2,469 millones.
Aunque tras las preguntas de los diputados, especialmente de la diputada Yamireliz Chong, el MEF indicó que eran 9 procesos activos, cuyas aspiraciones, en conjunto, ascienden a $6,019 millones.
De los procesos activos, uno de los más destacados, entre los identificados por el MEF es el que corresponde a Panama Ports Company (PPC), por una reclamación de $2,000 millones.
El conflicto escaló a un arbitraje internacional interpuesto por el consorcio hongkonés CK Hutchison, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de su filial PPC —al resolver una demanda del contralor Anel Flores—, obligando a la empresa a dejar de operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
El MEF dio información parcial sobre los abogados y costos de los procesos. En al menos siete casos la defensa ronda los $25 millones.
Para el proceso de PPC detalló que el contrato total de servicios legales con la firma Hogan Lovells asciende a $4.3 millones, de los cuales están solicitando $2.7 millones para la vigencia fiscal 2026.
Las funcionarias que intervinieron en la solicitud del dinero fueron Eida Gabriela Sáez, viceministra de Economía, y Michelle Mastellari, jefa encargada de la Oficina de Arbitraje, quienes también explicaron que existen procesos suspendidos que rondaban los $27,000 millones, específicamente vinculados con First Quantum, tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.
El hecho de que un proceso esté suspendido no significa que esté terminado o desistido.
Se encuentra en latencia, pero requiere monitoreo, seguimiento y renovación periódica de las suspensiones, además de capacidad para responder ante cualquier actuación procesal.
Esto significa que, aunque se encuentran temporalmente en pausa y no finalizados, los procesos de los que habla el MEF representan reclamos financieros latentes contra Panamá por un total de $33,000 millones.
Estas reclamaciones representan el 94% de todo el presupuesto nacional anual, lo que significaría que hacer frente al total de los arbitrajes requeriría prácticamente la totalidad de los recursos con los que cuenta el país para operar, invertir y funcionar durante un año entero.
Los procesos a cargo del MEF no son los únicos en el país. Esta institución gestiona los arbitrajes amparados en tratados internacionales, mientras que los litigios de carácter comercial son administrados de manera descentralizada por los ministerios y entidades públicas correspondientes.
