Esta semana el Ministerio Público reveló que al menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.
La investigación que hoy sacude a la DGI tuvo su origen en una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público, en la que se señalaban irregularidades en el manejo de cuentas corrientes tributarias.
Según explicó el director de la DGI, Camilo Valdés, a La Prensa, las pesquisas derivaron en la aprehensión de seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de ese organismo, un funcionario activo y dos particulares vinculados familiarmente con estas personas.
El esquema detectado
De acuerdo con la información preliminar, se identificó un mecanismo mediante el cual el dinero que un contribuyente A utilizaba para pagar una deuda fiscal era trasladado, presuntamente sin su consentimiento, a favor de otro contribuyente B, quien resultaba beneficiado de forma indebida.
El proceso, según reveló el director de la DGI, se habría ejecutado mediante ajustes internos en las cuentas corrientes tributarias, alterando los registros legítimos de pagos y generando un desbalance en los estados fiscales de distintos contribuyentes.
Valdés explicó que la DGI también recibió múltiples quejas administrativas de ciudadanos que detectaron la anulación de boletas de pago en sus cuentas, sin haber autorizado dichos movimientos, lo que generó preocupación y desconfianza hacia la institución.
Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.
Valdés aclaró que la investigación está en manos del Ministerio Público y que la DGI ha cumplido con su papel administrativo de auditar créditos fiscales sospechosos y alertar a las autoridades competentes.
Acciones legales y efectos
Está previsto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la DGI, anunció que presentará una querella formal en el caso, con el fin de participar activamente en la investigación penal y aportar evidencia para esclarecer los hechos.
Entre las afectaciones que genera este esquema ilegal destacan:
Pérdida de confianza de los contribuyentes en la Administración Tributaria.
Distorsión del sistema financiero, al comprometer la integridad de los registros tributarios.
Reducción en la recaudación efectiva de impuestos, limitando los recursos destinados a programas y servicios públicos.
Ante estas irregularidades detectadas, la DGI hizo un llamado a contribuyentes y asesores fiscales a que, en caso de recibir ofertas de compra de créditos fiscales, verifiquen exhaustivamente su legitimidad y propiedad, a fin de evitar caer en esquemas fraudulentos que puedan derivar en responsabilidades legales.
