El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por $300 millones en favor del Gobierno de Panamá para apoyar en la respuesta a la crisis sanitaria y económica, informó el banco multilateral en un comunicado este viernes 11 de diciembre.
“Se trata del primero de dos préstamos programáticos para políticas de desarrollo que surge a raíz de la crisis sanitaria, para ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del Gobierno”, señaló la institución con sede en Washington.
Está previsto que los fondos se destinen a apoyar programas educativos, a mejorar la competitividad en el sector agrícola y mejorar la seguridad alimentaria, así como el acceso a la medicina mediante la expansión del uso de medicamentos genéricos.
“También se apoyará el desarrollo de la estrategia para distribuir, priorizar y financiar la vacuna de la COVID-19 cuando esté disponible, para salvaguardar la salud de los grupos de alto riesgo”, señaló la entidad.
Adicionalmente, se trabajará en el marco legal e institucional para la creación de asociaciones público-privadas y en la mejora al sistema de compras públicas para optimizar su eficiencia y manejo financiero.
En materia de transparencia financiera, se apoyará la creación de un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, una de las iniciativas que adelanta el Gobierno para fortalecer el marco de prevención contra el blanqueo de capitales.
El préstamo por $300 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, institución que forma parte del Grupo Banco Mundial, tiene margen fijo y cuenta con un plazo de repago de 9 años y un periodo de gracia de tres años.
El préstamo forma parte de un paquete de apoyo financiero y técnico que el Banco Mundial puso este año a disposición de Panamá.
En marzo se realizó un desembolso de $41 millones a través del mecanismo conocido como “préstamo para políticas de desarrollo con opción de desembolso diferido ante catástrofes” y en junio el país recibió un préstamo por $20 millones para la “prevención, detección y respuesta ante la pandemia y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de preparación para la salud pública”.
Ante la fuerte caída de ingresos públicos provocada por la pandemia y el aumento del gasto operativo del aparato estatal, el Gobierno ha recurrido a la contratación de deuda para compensar el déficit presupuestario. Esto ha provocado un deterioro considerable en las métricas de deuda.
Al 31 de octubre, el saldo de la deuda del sector público no financiero era de $35,746.8 millones, cifra que representa un aumento de $7,104.8 millones respecto al saldo existente el 31 de octubre de 2019.
El aumento de la deuda de los últimos años ha elevado también la carga de los intereses que debe asumir el Gobierno, a tal punto que fue uno de los motivos por los que la agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana del país el pasado 24 de noviembre.
